Para creer en la política debe hacerse política

Defiendo la política. Defiendo la política más allá de sus miserias, de sus detractores, de los negacionistas del común, de los amantes de la autocracia. Defiendo también a las y los políticos. No a todos y cada uno, sino a la función del político, aunque no creo que representar a la ciudadanía sea suplantarla, hablar por ella, decidir, en base a una votación cada cuatro años, sin volver a preguntar.

En resumen, creo y defiendo una política que trabaje para el común, provocando una participación efectiva y con consecuencias, y que rinda cuentas de lo hecho y del marco en que se hace —¡madre mía! Y eso que ya no es tiempo de cartas a los reyes magos de la democracia—.

Bueno pues para creer en ello hay que ver lo que se hace. Y se hace muy poco. El mejor —o peor— ejemplo es el Parlamento de Cantabria. Se supone que en las democracias liberales que habitamos la soberanía popular 'reside' en el Parlamento y la desconexión de esa Cámara con la ciudadanía es el principio del fin de lo que entendemos por democracia representativa y, por lo tanto, la excusa perfecta para los neodirigentes a los que los controles, los parlamentos y los contrapesos del poder les resultan molestias para sus planes.

Nos cuenta elDiario.es que en dos años y medio el Parlamento solo ha aprobado cinco leyes. Y el balance de 2025 del poder legislativo cántabro nos relata que el quinto periodo de sesiones de la XI Legislatura ha terminado con tres leyes nuevas y seis que han empezado a balbucear.

El paupérrimo balance cuantitativo se complementa con el aún más pírrico balance ejecutivo, porque leyes aprobadas hace varios periodos de sesiones siguen durmiendo en el banquillo de los suplentes. Dos de las tres leyes aprobadas —la del Voluntariado y la de Participación Ciudadana— suenan fundamentales para la salud democrática de nuestra sociedad, pero, de momento como en otros muchos casos previos, son solamente papel.

Es triste constatar en el propio informe del Parlamento que en 2023 solo se aprobaron las dos leyes relacionadas con el presupuesto del Gobierno; en 2024, esas mismas dos leyes y una ley que derogaba la Ley de Memoria Democrática; y en 2025, la Ley del Plan Estadístico 2025-2028, la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley de Políticas de Juventud, la Ley de Voluntariado, la de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Cantabria, la de Participación y una 'imprescindible' corrección de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.

Pues ya estuvo. Imagino a un ciudadano cualquiera leyendo el resumen y pensando: “Ummm, pues vaya, 35 diputados y diputadas y 46 personas contratadas por el Parlamento para ayudarles (que en 2025 han costado 2,18 millones de euros) para esta ardua tarea… ummm”. Y claro, es difícil creer cuando el Parlamento se convierte en una sala de exposiciones y conferencias, o en un espacio de actos importantes respecto a casi todas las efemérides, pero donde poco o casi nada se legisla o controla al poder ejecutivo, poco o nada se piensa en la comunidad autónoma y en lograr que todas las comarcas se sientan representadas, no se generan marcos políticos que nos permitan imaginar un futuro y tampoco hay una comunicación fluida con la ciudadanía… pues las ganas de creer se desinflan.

Las tendencias autocráticas que soplan en el planeta —en 2024, por primera vez en 20 años, el mundo tuvo menos democracias (88) que autocracias (91), según el observatorio V-Dem— se instalan allá donde se ha perdido la fe en la política y en su función articuladora de lo común, allá donde la política se ha alejado de la realidad y se convierte en un juego de salón para 'profesionales' que debaten cómo cambiar todo para que nada cambie.

Defiendo la política. Defiendo la política más allá de sus miserias, de sus detractores, de los negacionistas del común y de los amantes de la autocracia. Pero hay días que me lo ponen muy difícil.