El discurso del miedo
Algunos discursos políticos han decidido convertir la ocupación -vamos a dejar la k en el lugar que ocupa en el diccionario- en la causa de las crisis de la vivienda, por más que la realidad de las cifras lo desmienta. Para ellos es un problema de seguridad ciudadana. La campaña del miedo la subvencionan las compañías de alarmas que hacen el agosto en los matinales de algunas televisiones cada vez que salen imágenes de individuos encapuchados a la puerta de una casa.
Aquí, en Cantabria, el Gobierno se ha sumado con entusiasmo a esta liturgia atemorizante y desde los púlpitos políticos se proclama que los propietarios de pisos temen alquilar por esta plaga de inseguridad. Pero el pánico se les ha ido de las manos: hay quien teme ir a por el pan y que a su vuelta ya tenga un individuo extraño sentado en el sofá de su casa.
El mayor problema de la vivienda según el PP y el consejero de Vivienda, Roberto Media, es uno que no existe. Policía, Guardia Civil y Fiscalía coinciden en la realidad de las cifras: los casos de ocupación de vivienda son anecdóticos, no hay grandes números, no se multiplican los casos. Simplemente, la estadística es “irrelevante”. Pero nuestra autoridad no deja que la realidad estropee la ficción en la que habita y nos anuncia que la nueva Ley de Vivienda de Cantabria estará dirigida a evitar un problema que no existe, que es puntual. Una ley dirigida a proteger la propiedad privada, como si no estuviese garantizada.
El Gobierno de Cantabria ha decidido defender solo los derechos de los propietarios, no los derechos de los inquilinos quiénes, al parecer, son todos sospechosos o potenciales ocupas, porque hasta el término moroso ha quedado anulado en este nuevo diccionario del miedo
La cuestión va más allá porque el problema de la vivienda se enfoca en proteger los intereses de quienes tienen más de una, no de quiénes no tienen ninguna, que son los verdaderos perjudicados de esta crisis. Pero el Gobierno de Cantabria ha decidido defender solo los derechos de los propietarios, no los derechos de los inquilinos quiénes, al parecer, son todos sospechosos o potenciales ocupas, porque hasta el término moroso ha quedado anulado en este nuevo diccionario del miedo.
Una de las acciones que proyecta es abrir un registro de agentes inmobiliarios porque los consumidores “necesitan confianza” a la hora de comprar y vender. Quizá si no voceasen “¡que viene el lobo!” de forma tan reiterada podría, efectivamente, recrearse un escenario menos apocalíptico. Pero ahí están propagando que los precios de la vivienda suben por culpa de los ocupas, una ecuación mal formulada que no resuelve el conflicto mientras en paralelo se anuncian viviendas sociales que todavía no se han empezado a construir.
En Santander han llegado al delirio de poner en marcha un registro de viviendas ocupadas solo para meter más miedo a la población, puesto que ellos mismos reconocen que esta relación no tendrá ninguna utilidad. Curiosamente, no se afanan en hacer otra lista tal vez más necesaria: la de viviendas vacías. Es más, la alcaldesa ya tiene un registro mucho más útil: los miles de personas que se apuntan cada vez que se sortean viviendas sociales. La lista de la vergüenza. No interesa que levanten la mano los ciudadanos que necesitan casa porque eso sonroja a las autoridades que llevan décadas gestionando asuntos públicos.
Mientras tanto, a orillas del Besaya, en una de las mayores crisis de la vivienda que se recuerdan, el Ayuntamiento de Torrelavega está centrando todos sus esfuerzos en buscar casa... al Museo del Hojaldre.