El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy la “voluntad” del Gobierno de solucionar el “problema” del servicio de transporte sanitario antes de fin de año o en 2023.
“Lo que está claro es la voluntad del Gobierno de que este problema de la ambulancias, que ha originado tanto descontento justificado en tanta gente, deje de serlo el año que viene o antes de que acabe el año”.
Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo a preguntas de la prensa después de que el jueves se conociera el estudio de costes sobre la posible internalización del servicio realizado por la Consejería de Sanidad, que indica que sería de unos 18,8 millones al año, unos 3,2 menos que de mantener la gestión en manos externas.
Revilla ha subrayado que el Gobierno está “decidido” a que se produzca un “cambio importante” en el servicio de las ambulancias de Cantabria, “que es el primer contacto con alguien que te puede arreglar el problema”, y que en los últimos años “ha dejado muchísimo que desear”, ha reconocido.
“Cuando una ambulancia llega a tiempo, podemos estar en la solución del problema; cuando llega tarde, podemos tener consecuencias muy graves. Y apostamos porque tenemos que recuperar un servicio de ambulancias en Cantabria de calidad”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo.
Ha indicado que, en función del estudio “muy en profundidad” del Gobierno, se optará “por una licitación que tenga previsto el coste que permita dar ese servicio o también, no descartamos que pudiéramos quedarnos con el servicio siempre que los números cuadren”.
El regionalista ha asegurado que comparte las quejas de los cántabros en este sentido. “Diariamente recibo cartas de usuarios que tienen que estar horas en Valdecilla para que les devuelvan al domicilio, o, lo que es más grave, que, ante una emergencia, una ambulancia no esté en el menor tiempo posible cerca del paciente”. “El primer contacto de un enfermo con la solución de un problema, sobre todo en el ámbito rural, es la ambulancia, que es clave”, ha enfatizado.
“La ambulancia, que forma parte de la cartera esencial del Servicio Cántabro de Salud, tiene que estar muy bien atendida”, ha defendido el presidente, que ha apuntado que en los últimos años “una empresa se quedó con el servicio” y éste “ha dejado muchísimo que desear”, si bien ha reconocido que a la concesionaria “los costes les se han disparado, etcétera”.
Buruaga niega la estimación de coste
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que es “absolutamente falso” que gestionar de forma pública las ambulancias solo cueste, si se internaliza el servicio, 18,8 millones de euros al año, como sostiene la Consejería de Sanidad. “No se lo creen ni ellos, no se lo cree nadie”, ha aseverado.
Así se ha pronunciado este viernes después de que ayer el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), diera a conocer el estudio de costes realizado por la Consejería que dirige el también socialista Raúl Pesquera sobre la posibilidad de internalizar la gestión de las ambulancias, ahora en manos de la empresa privada Ambuibérica.
Según las cifras aportadas por Zuloaga, prestar el servicio internalizado -esto es gestionándolo desde Sanidad- supondría 18,8 millones, una estimación, según dijo además, “de máximos”, frente a los 22 millones que -apuntó- costaría si continuara en manos privadas.
Para Buruaga, que dirigió la Consejería de Sanidad durante cuatro años (2011-2015), se trata de cifras “falseadas para vestir una decisión premeditada, sectaria y partidaria y adoptada de antemano”, como a su juicio es la de internalizar el servicio.
Y es que para la dirigente popular es “falso” ya el punto de vista del que se parte. “¿Quién ha dicho que el coste de una empresa externa asciende a 22 millones?”, ha aseverado la líder popular, que ha señalado que hay una oferta encima de la mesa “que no pasa de los 18 millones, incluyendo todas las mejoras”, tanto para los trabajadores como para el servicio.
“Los datos son falsos y el consejero lo sabe. Lo que no tengo tan claro es que otros miembros del Gobierno lo sepan”, ha afirmado Buruaga, que considera que se trata de un “proceso tramposo de cabo a rabo”.
Como ejemplo de lo que podría ocurrir si se internaliza el servicio, Buruaga ha aludido al ejemplo de Baleares, que lo hizo en 2017 y donde, a su juicio, se ha demostrado que prestar el mismo servicio con gestión interna, y sin incluir “ninguna mejora para nadie” (ni para usuarios, ni trabajadores ni para el propio servicio) ha salido “un 54% más caro” y, además, ha conllevado “más escándalos, más contrataciones a dedo, más titulares en prensa y más chanchullos”.