En las residencias de mayores de nuestro país murieron más de 35.000 personas durante la pandemia. De ellas, más de 7.000 fallecieron en centros de la Comunidad de Madrid. Fue la única región en la que un protocolo sanitario comunicó específicamente no derivar a hospitales a los mayores. Se le llamó “el protocolo de la vergüenza”: personas a las que se ordenó no derivar a los hospitales, incluso aunque no tuvieran coronavirus, o solo por ir en silla de ruedas o ser discapacitadas, que “murieron de forma indigna”, como se llama el libro del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, al que entrevistamos y que denuncia las dramáticas consecuencias de la aplicación de estos protocolos. Reyero ha explicado en Carne Cruda cómo funcionaron esos protocolos y sobre las responsabilidades ha sido claro: “Lo de responsabilizar de lo que pasó en las residencias a Pablo Iglesias fue un bulo. Las responsabilidades desde el primer momento estaban en las Comunidades Autónomas”. Además, ha afirmado que “en la pandemia, los mayores no eran la prioridad del gobierno de la Comunidad de Madrid”.
Una denuncia que también hace el periodista Manuel Rico, director de Investigación de InfoLibre, en su libro “¡Vergüenza!: El escándalo de las residencias”, un libro en el que indaga en cómo fondos de inversión y grandes multinacionales se han quedado con una buena parte del negocio de las residencias en nuestro país y cómo esa apuesta especulativa por obtener el máximo beneficio influye directamente en el trato que reciben los mayores.
Tampoco las familias de los fallecidos han obtenido la justicia que esperaban. La Fiscalía ha dado carpetazo a casos de muertes, sin una investigación suficiente, según ha investigado Amnistía Internacional. Para conocer cómo lo vivieron en primera persona, hablamos con familiares de víctimas.
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