Cuando se van a cumplir dos años de la declaración de la pandemia mundial de COVID-19, son numerosos los indicadores que pueden servir para medir la transparencia de las administraciones públicas en la gestión de esta crisis socio-sanitaria y sus consecuencias en la economía. Es la función que desarrolla la plataforma Dyntra de colaboración ciudadana conforme a una serie de variables que auditan la información aportada por gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, y que se actualiza de forma periódica. En el caso de Castilla-La Mancha, conforme a los últimos datos, arroja un resultado final: el Gobierno regional registra un 40% de transparencia y ocupa la sexta posición en el ranking autonómico, compartido con el Principado de Asturias.
Para llegar a este índice final, la plataforma se detiene en una serie de apartados muy específicos y los evalúa en función de si la Administración autonómica ofrece o no información sobre ellos. Así, el porcentaje más bajo de transparencia en Castilla-La Mancha es el referente a los recursos sanitarios: solo hay un 10% de información.
En este caso, la comunidad autónoma solo cumple uno de cuatro indicadores: puso en marcha un Portal de Transparencia específico para la publicación de datos sobre el coronavirus, pero no se publica la plantilla actual destinada combatir la pandemia por categorías profesionales y centros sanitarios, no hay datos públicos sobre los aumentos de plantilla realizados y su distribución por provincias, y no hay información sobre el listado de centros y hospitales destinados a atender a pacientes con otras afecciones distintas a la COVID.
Según la ficha castellanomanchega, tampoco existe un mapa de hospitales con datos de camas y plazas UCI disponibles, ni el número de Equipos de Protección Individual (EPI) disponibles por provincias, ni el número de test disponibles a corto plazo y su distribución en la comunidad autónoma.
Publicidad de recursos económicos
Pero en otros apartados, los datos son algo mejores. Por ejemplo, el porcentaje de transparencia es del 33% en cuanto a la gestión de los recursos económicos ante la crisis sanitaria. Castilla-La Mancha publica su listado de contratos adjudicados para paliar la COVID con el procedimiento, adjudicatario, cuantía y enlace a la plataforma de contratación; así como el presupuesto destinado a las campañas de comunicación y los medios utilizados para su difusión; el plan de subvenciones previstas para combatir la pandemia y la relación de donaciones recibidas, con su finalidad y destino.
No obstante, Dyntra constata que no se publica el presupuesto total destinado a acciones en el ámbito sanitario para combatir la pandemia ni para paliar el impacto económico. Tampoco tiene constancia de datos oficiales sobre la ejecución del presupuesto destinado a inversión en mejoras de infraestructuras especificando el coste, ni del presupuesto destinado a los costes en recursos humanos para las acciones contra la pandemia. Y no se publica el gasto por habitante, su evolución con la crisis sanitaria y el gasto por habitante en acciones para combatir el coronavirus.
La nota del Gobierno de Castilla-La Mancha sube en cuanto a la información sobre contagios y estadísticas, con un 55,56% de transparencia. Se publican las noticias más relevantes y de interés público sobre la COVID, datos sobre casos confirmados, hospitalizaciones tanto en planta como en UCI, fallecimientos por provincias y evolución de todas estas cifras a lo largo de la crisis sanitaria. Además, establece que estos datos se ofrecen de forma clara, gráfica y entendible para la ciudadanía.
Por el contrario, en este apartado se pone el acento en la carencia de cifras sobre el número de ingresados en cada hospital por rango de edad y estado; y sobre el número de personal sanitario infectado por coronavirus, por hospitales y categorías profesionales; y el porcentaje de sanitarios infectados con respecto del total de contagios.
El mejor índice lo obtiene el Ejecutivo autonómico en las acciones para paliar el impacto de la pandemia, con un 66,67% de transparencia. En este caso cumple con seis de los nueve indicadores que mide esta plataforma. Así, publica todas las normas, resoluciones y decretos relacionados con la COVID; hay una herramienta de consulta pública online para resolver dudas al respecto; hay un plan de acción para la gestión de la pandemia donde se especifican compras de material; se publican las medidas autonómicas de apoyo económico sobre hipotecas, suministros, empleo, empresas y autónomos; y existe un órgano de comisión de control para supervisar la gestión de los recursos económicos destinados a combatir la pandemia.
Lo que no consta en este bloque son datos sobre reclamaciones de la ciudadanía relacionadas con el coronavirus; sobre las sanciones impuestas indicando la distribución por número y porcentaje; ni un listado de ‘fake news’ de ámbito regional sobre la COVID.
En el ranking autonómico de transparencia, ocupa la primera posición Castilla y León con un 62,5% de transparencia, seguida de País Vasco (50%), Illes Balears (50%), Aragón (45%) y Comunitat Valenciana (42,5%). En lo más bajo del listado están Canarias (17,5% de transparencia), Andalucía (15%) y Extremadura (2,5%).