La Fiscalía provincial de Guadalajara ha solicitado un total de cuatro años y medio de prisión para un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que en marzo de 2019 fotografió a los miembros de la Comisión Judicial que estaban ejecutando un desahucio en el Barrio del Alamín. En esos momentos, los funcionarios desalojaban a una pareja de 17 y 19 años y a un bebé recién nacido, cuando el imputado, vecino de ese barrio, protestó junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento. El colectivo antidesahucios denuncia que el auto del fiscal es “un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información”.
El escrito, consultado por elDiarioclm.es y que únicamente cuenta con la Fiscalía como acusación, señala al activista como autor de un posible delito de injurias con publicidad, un delito contra la intimidad y otro de desobediencia, por los que solicita un total de cuatro años y medio de prisión. Detalla que cuando los agentes judiciales habían realizado todas las diligencias correspondientes, y se encontraban esperando en la vía pública referenciada, el ahora acusado comenzó junto a otras personas no identificadas a fotografiar a los miembros de la comisión judicial, procediendo a continuación a subir dichas fotografías a diversas redes sociales desde la página de la PAH.
El fiscal también recuerda que junto con la denuncia presentada por la Letrada de la Administración de Justicia y directora del Servicio Común de Notificaciones, se solicitó la medida de la retirada inmediata de dichas fotos y comentarios en las redes sociales.
Un auto del 4 de abril de 2019, con informe favorable del Ministerio Fiscal, así lo requirió, pero explica que a pesar de lo anterior y tras notificar el referido auto al ahora imputado, “en lugar de deponer sus actuaciones, proceden a poner nuevamente en diversas webs desde la página de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, comentarios acusando al poder judicial de atacar un ”método de lucha esencial para la PAH“, es decir, ”poder documentar gráficamente las vulneraciones del derecho a la vivienda“. Al mismo tiempo, la Fiscalía refiere que convocaron a todos sus seguidores para el día 13 de Junio para una rueda de prensa y manifestación ante la sede de los Juzgados de Guadalajara.
El fiscal se acoge al “derecho a la intimidad” de los funcionarios judiciales para formular esta acusación. Pero ello, añade por su parte la PAH, se estipula “a pesar de que estaban practicando una actuación en la vía pública, mediante un procedimiento judicial que no era secreto y con un despliegue policial que llamaba la atención de cualquiera”. Recuerda así este colectivo que las actuaciones judiciales son públicas, siempre y cuando las mismas no estén bajo secreto, que no era el caso“. Pero a pesar de eso la imputación la han enmarcado en los llamados ”delitos de revelación de secretos“.
La situación fue de “abuso grave”
Por ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte de que este procesamiento y esta actuación de la Fiscalía “pone en grave peligro el derecho a la información”. En aquella ocasión, los activistas de la PAH que hicieron aquellas fotografías y denunciaron en las redes sociales la actuación de la comisión judicial, fueron las personas que pusieron en conocimiento a través de las redes sociales “una situación de abuso grave por parte de las autoridades”. “Para más inri, fue la PAH la única entidad que difundió estos hechos”.
Sin embargo, la Fiscalía, añade, argumenta que los activistas fotografiaron los rostros de los agentes judiciales para iniciar esta causa, “algo absolutamente habitual en los medios de comunicación”. La Plataforma ha difundido un informe a los medios de comunicación donde señalan cinco ejemplos de prensa que podrían verse afectados por una censura de este tipo, ya que son casos de desahucios donde la prensa digital fotografió de igual manera a los agentes judiciales sin que hasta el momento se hayan incoado actuaciones penales contra los periodistas.
Para la PAH, el trasfondo de esta imputación está en que se quiere censurar la posibilidad de que cualquier persona pueda documentar, con su teléfono móvil o cámara de fotos, un abuso de poder. El lanzamiento practicado por los agentes judiciales en marzo de 2019 suponía “una vulneración grave de derechos humanos básicos, y en especial los de la infancia”. Pero por alguna razón “alguien no quiere que se sepa que en España, y en Guadalajara, se desahucia a bebés; y es más, quiere aún encima que quienes lo ejecutan permanezcan en el anonimato”. Es más, el delito de desobediencia que la Fiscalía imputa al activista se fundamenta en que el acusado organizó una protesta frente a los juzgados por esta causa el 13 de junio de 2019, cuando se trataba de una concentración comunicada y con el visto bueno de la Subdelegación del Gobierno.
“La solicitud de cuatro años y medio de prisión supone un aviso a navegantes, y una llamada de atención para cualquier periodista o ciudadano de a pie que sea testigo de cualquier abuso de la Administración, ya que con este proceso podría exponerse a una sentencia penal que, con toda seguridad, podrá llevarle a la cárcel. De hecho es paradójico que en el caso de aquel desahucio en el Barrio del Alamín, el desalojo de aquella familia y en aquellas condiciones tenga como víctima colateral a quien difundió la noticia”, argumentan los activistas.
“Una espada de Damocles sobre cualquier denunciante de corrupción”
Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), los delitos de “revelación de secretos” que se imputan al activista de la PAH son “la espada de Damocles del periodismo de investigación y de la protección de los informadores. De nada sirve que se creen plataformas de denuncia de corrupción si los denunciantes son perseguidos por el Ministerio Fiscal por revelación de secretos”, explica su director legal Carlos Sánchez Almeida.
Para la PAH, si se hubieran aplicado los protocolos y obligaciones legales que tiene la Administración española en materia de derecho a la vivienda y protección a la infancia, “aquel desahucio debería haberse suspendido hasta tanto aquella familia no hubiera tenido garantizada una alternativa habitacional, que no fue así”. “Lo que se difundió desde las redes sociales de la Plataforma fue una denuncia expresa a un abuso de los agentes judiciales y eso es lo que quieren que no se sepa”, concluye.