Presupuesto existe, voluntad parece que no
Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido, propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial.
Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.
Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política.
Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha, que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos, y en el portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda, que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas.
Hay tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.
Si acudimos a los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -disponibles en este enlace-, en la página 300 observamos un patrón recurrente.
Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.
Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de “prudencia fiscal” ni de “eficiencia administrativa”. Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial.
Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.
El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud.
Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.
La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.
La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.