El síndrome de Münchausen por poderes: cuando la enfermedad se convierte en ficción

Ya toca poner encima de la mesa un tema relativamente desconocido, a tenor de los datos disponibles, pero socialmente urgente de reconocer, el síndrome de Münchausen por poderes, actualmente denominado como trastorno facticio impuesto a otro.

Vayamos por partes. ¿A qué nos referimos exactamente? Se trata de un fenómeno en el que una persona cuidadora, generalmente la madre, provoca, simula o induce enfermedades en un menor con el objetivo de obtener atención, reconocimiento o validación social. Aunque este comportamiento fue descrito clínicamente hace décadas, su dimensión social y política continúa siendo escasamente abordada.

Este silencio no es casual. Nos encontramos ante una realidad que cuestiona categorías profundamente arraigadas en nuestras sociedades como la idealización del cuidado, la maternidad como espacio incuestionable de protección y la distribución de responsabilidades en las políticas públicas de violencia, infancia y salud mental. Analizar este fenómeno desde la sociología política implica preguntarse no solo por el trastorno en sí, sino por qué se ve, qué se nombra y, sobre todo, qué se contabiliza, y que no, en las estructuras de poder.

Y, ¿por qué un análisis desde la sociología política? Entre otros motivos de peso, como ya se pueden imaginar al ir avanzando en la lectura, porque este artículo ha surgido al escuchar atentamente el trabajo de Irati Iturri, alumna de la asignatura de Sociología Política del Grado en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Invisibilidad institucional, género y políticas públicas

El trastorno facticio impuesto a otro ha sido tradicionalmente tratado como un fenómeno excepcional que aparece de forma esporádica en los manuales médicos y en algunos casos judiciales de gran impacto mediático. Sin embargo, los datos disponibles, aunque fragmentarios, invitan a cuestionar esta percepción de excepcionalidad. La baja prevalencia atribuida a este trastorno podría responder más a problemas de detección y registro que a su inexistencia real. La dificultad para identificarlo y la resistencia institucional a sospechar de la figura cuidadora contribuyen a su invisibilización. Pero es necesario considerar en este punto que, lo que no se detecta, no se registra, y lo que no se registra, no existe. Cuando los registros oficiales no existen o son incompletos, el análisis social se ve obligado a trabajar con estimaciones. Estas no sustituyen a los datos reales, pero permiten dimensionar un problema que, de otro modo, permanece oculto.

Por otro lado, uno de los aspectos más incómodos de este trastorno es su clara dimensión de género, ya que los casos documentados coinciden en señalar que la autoría recae mayoritariamente en mujeres, en especial en madres biológicas. En este sentido, nuestros marcos institucionales tienen enormes dificultades para reconocerlo, la maternidad opera como una categoría simbólicamente protegida, asociada casi de forma automática al cuidado, la entrega y la protección.

La idea de maternidad como un espacio incuestionable de protección no es neutra ni universal, sino que responde a una determinada forma de entender el orden social. Desde enfoques más clásicos, se ha tendido a presentar a las familias, y especialmente a la madre, como un pilar natural de cuidado, sin embargo, una mirada sociológica crítica invita a matizar esta visión aparentemente armónica.

La familia no es solo un espacio de afecto, sino también un ámbito donde operan relaciones de poder, desigualdades y tensiones que, en determinados contextos, pueden derivar en daño. Cuando el rol materno se idealiza hasta el punto de quedar fuera de toda sospecha, esa misma idealización puede convertirse en un obstáculo para detectar situaciones de violencia.

En este sentido, entender la maternidad como una construcción social atravesada por expectativas, presiones y asimetrías, y no como un refugio automáticamente seguro, resulta clave para explicar por qué determinadas formas de maltrato, como las asociadas al trastorno facticio impuesto a otro, permaneces ocultas durante tanto tiempo.

Datos que avalan la premisa de la invisibilización desde la mirada de Irati Iturri

Tal y como apunta Irati en su trabajo 'El síndrome de Munchausen por poderes' revela cómo la violencia puede ejercerse desde el propio cuidado, recordándonos que las mujeres también podemos infligir daño y que ciertos relatos idealizados sobre la maternidad no siempre protegen a quienes más lo necesitan.

La evidencia clínica sitúa que, en torno al 95,58% de los casos son perpetrados por madres biológicas, dato extraído de la experiencia clínica compartida por un pediatra de un hospital de referencia en España, quien me facilitó tanto artículos publicados en medios oficiales del ámbito sanitario, como materiales inéditos parte de su archivo personal. Estos datos muestran una realidad incómoda, pero imprescindible de abordar“.

El Ministerio de Igualdad registró nueve filicidios paternos en 2024, al no contabilizar los perpetrados por madres, mientras que la asociación ANAVID documentó 21 infanticidios maternos no recogidos en ninguna estadística oficial. Esta divergencia muestra que, en términos de violencia letal contra menores, la prevalencia femenina llega a superar la masculina.

El Informe de Maltrato Infantil 2020 del Observatorio de la Infancia de Andalucía confirma esta tendencia en el ámbito no letal, recogiendo 1.818 casos de maltrato infantil ejercidos por la madre (62,39%), frente a 767 cometidos por el padre (26,32%) y 329 por otras personas cercanas al menor (11,29%).

A Irati le preocupa, sobre todo, que todas las víctimas de maltrato infantil cuya agresora es una mujer quedan excluidas de la Ley de Violencia Vicaria y que esto, en la práctica, implica que numerosos menores quedan fuera del reconocimiento y la protección institucional simplemente por el sexo de su agresora, y ese silencio administrativo puede tener consecuencias humanas irreparables.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó hasta 2016 análisis de sentencias de homicidios y asesinatos consumados en el ámbito familiar, diferenciando el sexo del filicida, sin embargo, desde esta fecha deja de desagregarse por sexo del filicida. Sin embargo, a partir de una petición oficial en el Senado, el CGPJ facilitó los datos de infanticidios perpetrados entre 2007 y 2022 diferenciando el sexo del homicida, mostrando como 24 infanticidios fueron cometidos por hombres frente a 26 cometidos por mujeres.

Irati ha querido mostrar en su trabajo que estas cifras que muestra no buscan señalar a un género u otro, sino reclamar justicia para todas las víctimas, ya que considera evidente que, tras la invisibilización de estas víctimas, existe un silencio demasiado persistente como para ser casual y es un hecho que, cuando una institución decide mirar hacia otro lado, quienes pagan el precio son siempre las personas en situación de mayor vulnerabilidad como son, en este caso, los menores.