Ecologistas rechazan la ampliación de una macrogranja en Tomelloso por contradicciones en el proyecto

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental de una ampliación de explotación ganadera de 265.000 gallinas ponedoras en Tomelloso (Ciudad Real).

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, cuyo titular es la empresa Becerra Ponce SL, “pasando de 115.000 gallinas a 265.000, requiriendo la construcción de dos naves para ponedoras y una tercera para recría”, explican.

El colectivo ecologista apunta que las naves para ponedoras presentarán una capacidad de 50.000 aves cada una de ellas, y la nave criadero dispondrá de una capacidad de albergue de 50.000 pollitas de recría. Se estima que la cantidad anual de gallinaza -excremento o estiércol de gallinas y pollos-, que será trasladada mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agronómico, “no siendo necesario ningún estercolero o balsa de almacenamiento dentro de la finca, será de 3.975 toneladas, lo que equivale a unas 11 toneladas al día”.

Aparentes incoherencias del proyecto

Desde Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que la documentación presentada “ofrece tres cifras distintas e incompatibles entre sí” sobre la distancia que separa la explotación del núcleo urbano. El Proyecto Básico de Ampliación (PBA) afirma que la distancia al núcleo urbano habitado más próximo es de “aproximadamente 10.000 metros”. El documento de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puntualizan en cambio que “la distancia al núcleo urbano más cercano es de unos 700 metros”. El mismo EIA en el apartado sobre el impacto a la atmósfera sostiene que se trata de una zona alejada del núcleo de población, a más de 8 kilómetros del casco urbano más cercano.

El PBA afirma que el término municipal de Tomelloso se encuentra incluido “dentro de las zonas catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario” y añade que de aplicar los estiércoles en esta zona, como abono órganomineral, se respetará siempre la dosis especificada por ley -que no exceda los 170 kilos por hectárea y año-.

Sin embargo, el EIA afirma justo lo contrario, que el término municipal de Tomelloso no está catalogado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. “Se trata, por tanto, de una contradicción entre dos documentos del propio promotor, Proyecto Básico y Sistema de Gestión Ambiental o SGA, que coinciden en calificar la Zona como Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, frente a un tercero, el EIA, que lo niega expresamente”, explican desde el colectivo ecologista. Por otra parte, añaden que “la disparidad no es casual, dado que de la calificación correcta depende directamente el régimen jurídico aplicable a la gestión y aplicación agrícola del estiércol generado por la explotación, así como los límites máximos de nitrógeno aplicable por hectárea y año”.

Ecologistas en Acción apunta que el promotor calcula que se necesitan 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, “sin acreditar en ningún punto del expediente que dicha superficie exista o esté comprometida, ni que conste un contrato o compromiso de agricultores beneficiarios, garantizando la trazabilidad del residuo”. Añaden que es también perceptible “la ausencia de acreditación cuantitativa del cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”.

Sin estudio de impacto de olores o presencia de fauna esteparia

Otro de los déficits detectados por la colectivo “es la infravaloración del carácter acumulativo de la carga contaminante a medio y largo plazo”. Plantean que aunque se hace una relativa estimación y cuantificación de las emisiones de los gases y sustancias contaminantes (amoníaco, óxido nitroso y metano), “desprecia los efectos sinérgicos o acumulativos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud pública, como reclama la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que tampoco existen estudios de impacto por olores y de impacto acústico, “sin llegar a aportar mediciones reales efectuadas en el terreno”, además de estudios de campo de la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Además, explican que “el examen de alternativas es insuficiente, no ajustándose a las exigencias legales, dado que no contempla la Alternativa 0 (no realización del proyecto) al apoyarse en una vaga argumentación genérica acerca de la fijación de población y decadencia rural”. Matizan que “no aportan ningún dato cuantificado sobre empleo generado, actual o futuro, ni sobre el impacto económico real de la actividad en el municipio”.

Según el colectivo, en la documentación proporcionada no se cita la obligación de presentar un plan de bienestar animal, requisito contemplado por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Por esta “notoria falta de rigor documental” los ecologistas consideran “un posible corta y pega de documentación correspondiente a otros proyectos”.

De esta forma, Ecologistas en Acción Ciudad Real pide a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que se corrijan y actualicen los puntos anteriores o que, en su defecto, se dicte resolución desfavorable a la Declaración de Impacto Ambiental y se deniegue la revisión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada.