Vecinos del entorno de la pequeña pedanía de Turmiel, del municipio de Maranchón en la provincia de Guadalajara, han presentado “cientos” de alegaciones contra el proyecto de ganadería intensiva avícola que se quieren instalar en la zona. Las han incluido en el proceso de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada para pedir durante el periodo de información pública que se lleve a cabo una resolución desfavorable del conjunto de la iniciativa. Un “aluvión” de documentos que cuestionan las bondades de la iniciativa para la zona.
Las alegaciones han estado impulsadas por la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, que ha celebrado que los vecinos hayan reaccionado de forma “masiva”, no solo en la pedanía de Turmiel, sino también de Maranchón, Clares y otros municipios de la zona. En las alegaciones, que han sido consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha, los vecinos han apuntado a que se han “ignorado completamente” los efectos que tendrán las macrogranjas en la zona y resaltan que funcionarán como un “conjunto” de cinco granjas intensivas.
Por su parte, la promotora Aviagen S.A.U ha querido “tranquilizar” a la comunidad local, asegurando que sus planes “no deben compararse con instalaciones avícolas típicas”. “Se trata de granjas avícolas especializadas, y los edificios asociados serán de última generación: naves avícolas energéticamente eficientes, diseñadas específicamente para maximizar el bienestar de las aves y minimizar el impacto medioambiental”.
Igualmente, han resaltado que se crearán “35 nuevos puestos de trabajo directos”. “También se generará empleo en la cadena de suministro local mediante la contratación de empresas constructoras y proveedores del sector agrícola de la zona”, han añadido al respecto, afirmando que desde 2011 han operado granjas en varias comunidades autónomas en España “colaborando estrechamente con las comunidades locales y regionales”.
“Espectacular” apoyo vecinal
Entre estos efectos, las alegaciones apuntan a que habrá un “consumo conjunto de agua subterránea multiplicado por cinco” lo que “comprometerá” la sostenibilidad de los acuíferos, en una zona “semiárida” que incluso podría “poner en peligro” el abastecimiento de agua potable en el municipio“. Por otro lado, señalan que habrá un ”mayor riesgo de contaminación y tráfico“ al aumentar también los residuos orgánicos por la presencia de animales. Igualmente, advierten de que habrá un aumento ”significativo“ del tráfico de vehículos pesados, que ”generaría impactos acumulados en las vías rurales, emisiones atmosféricas, riesgo de accidentes y deterioro paisajístico“.
Pedro García, uno de los portavoces del colectivo, apunta a que se han registrado cerca de 300 alegaciones y destaca que solo en la pedanía de Turmiel hay alrededor de 200 vecinos. “Es bastante espectacular”, valora. Los vecinos temen, explica, que se abra una “pequeña puerta” a este tipo de iniciativas y que luego no se pueda frenar. García también ha lamentado el apoyo del ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, a la iniciativa. Alejandro Atance que ostenta la Alcaldía de Maranchón, declaraba a elDiario.es Castilla-La Mancha que ven el proyecto “con buenos ojos” si cumple “lo que tiene que cumplir”.
Desde la Plataforma han lamentado también que se ha presentado el proyecto con una “fragmentación artificial”, que “impide valorar adecuadamente los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto”. El colectivo afirma que hay “irregularidades” que se han señalado en un informe técnico de la Diputación de Guadalajara, en el que se “insiste” en que la valoración se debe hacer de forma “conjunta y global”.
Por otro lado, afirman que no se ha tomado en cuenta la “falta de garantías en el suministro hídrico”, y que tampoco se ha tomado en cuenta el “alto valor ecológico y paisajístico” de la zona. En definitiva, que en el expediente no se toman en cuenta los “riesgos derivados de emisiones contaminantes, acumulación de purines y residuos y posibles resistencias antimicrobianas”.
“Dudoso impacto positivo”
El colectivo también apunta al “dudoso impacto socioeconómico positivo” de la iniciativa. Se trata, insisten, en un modelo “altamente automatizado” con “mínima creación de empleo y sin capacidad real para fijar población”. A esto, añaden que supondrá también una “amenaza” para alternativas como el ecoturismo, el astroturismo o la agricultura ecológica. “La comarca necesita políticas valientes que apuesten por un modelo de desarrollo sostenible, no más amenazas al agua, al paisaje y a la salud del medio rural”, rematan desde la plataforma.
“Estos puestos de trabajo lo que hacen es bloquear otros muchos puestos de trabajo que se podrían crear”, advierte García. La plataforma, asegura, va a continuar en su resistencia a estos proyectos. “Vamos a seguir con recursos y con las medidas cautelares para que no se desplieguen”, afirma el portavoz.