Amnistía Internacional ha publicado, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un nuevo informe en el que analiza los “obstáculos que todavía”, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, se encuentran las víctimas de violencia sexual a la hora de recibir una atención integral y especializada. Lo atribune, en parte, al “dispar funcionamiento” de los centros de crisis 24 horas, recurso que “debe jugar un papel fundamental en su acompañamiento”.
La organización señala la importancia de garantizar el derecho de estas mujeres a una atención integral y multidisciplinar, para lo cual estos centros deben ser un recurso básico. Por eso pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas que se garantice la coordinación interinstitucional y que se aprovechen los recursos económicos existentes para que estos centros funcionen correctamente, tal y como exigen diferentes mecanismos internacionales a España.
El documento analiza la situación dispar en la que se encuentran estos centros en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya y Galicia, que comparten al menos cinco deficiencias estructurales: no se han dado a conocer de manera generalizada y por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias; no se garantiza la atención presencial en los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana; ni tampoco la atención telefónica u online por personal especializado; no hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas; y las barreras son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad.
Aunque con retrasos en su implementación, se ha abierto al menos un centro en cada provincia española, excepto en Ceuta, que todavía sigue sin estar en funcionamiento. Sin embargo, España incumple con la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes. Ninguna comunidad autónoma garantiza esta ratio.
“Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, llegó hasta a preguntarme si podría decirle qué edad podría tener el hombre que me agredió… Luego dijo que los centros de atención en crisis [[a las diez de la noche]] no estaban funcionando, y me dio un correo electrónico”. Así explica Teresa (nombre ficticio), de 25 años, que sufrió una agresión en un tren, cómo se sintió con la llamada.
Ella comprobó en su propia piel cómo el acceso directo telefónico a los centros de crisis se canaliza, en algunos casos, mediante los teléfonos generalistas gratuitos disponibles en cada comunidad autónoma. La atención telefónica no especializada puede hacer que “la víctima desista de continuar con el proceso, o que, si lo hace, tenga que relatar nuevamente su experiencia, resultando revictimizante”. Además, encontrar los teléfonos directos de los centros es una tarea complicada en algunas comunidades.
Centros de crisis ¿24/7?
Amnistía Internacional denuncia que, en la mayoría de las comunidades autónomas que ha estudiado, no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año: sólo Galicia y Asturias cumplen con esa condición.
Castilla-La Mancha tiene un horario de atención de sus centros de 8.00 a 22.00 horas, y están cerrados los fines de semana. En Aragón el horario es de 9.00 a 19.00 horas, también de lunes a viernes. Y en Andalucía de 8.30 a 20.30, los días de diario.
Catalunya, que ha optado por considerar centros de crisis a cuatro de los 21 Serveis d’intervenció especialitzada (SIE), mantiene un horario similar: de 9.00 a 19.00 horas, aunque según la directora para la Erradicación de las Violencias Machistas se habrían reforzado con diez profesionales para la atención de violencias sexuales y 33 psicólogas de guardia que atienden cuando los SIE no están abiertos. Sin embargo, estos cuatro centros no contienen información online (principal forma de búsqueda de las víctimas) sobre violencia sexual.
“Los centros de atención de 24 horas, creados al amparo de las obligaciones contraídas por España en el Convenio de Estambul, y en la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, además del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son un recurso especializado esencial para la atención y recuperación integral y multidisciplinar de las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual”, señala Virginia Álvarez, investigadora del informe.
“Si las víctimas no cuentan, en un primer momento, con una información adecuada, accesible y pedagógica, ésto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, añade Mar Abellán, coordinadora del Equipo de Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.
Otro testimonio: Susana (nombre ficticio) fue agredida sexualmente por un compañero de trabajo. “Necesitaba acompañamiento y busqué en Google… llamé a un teléfono que me aparecía. Me dijeron que estaban desbordadas y que si no era urgente volviese a llamar al día siguiente. Me facilitaron otro teléfono, era un servicio de violencia machista, no especializado… sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal”.
Según Amnistía Internacional, a las dificultades que las víctimas tienen para el acceso telefónico y presencial a estos centros se añade la “preocupante situación de desbordamiento” en el que se encuentran algunas profesionales que trabajan en ellos. De las comunidades autónomas estudiadas, la mayoría de los centros solo tiene una o dos psicólogas, o trabajadoras sociales o asesoras jurídicas, lo que al final puede condicionar la capacidad de atención.
Solo Asturias cuenta con personal laboral entre las que hay 7 abogadas y 8 psicólogas. Contar con personal suficiente es muy importante para garantizar la atención integral y de calidad a las víctimas. “Nos preocupa, que en las licitaciones pueda tener más peso la oferta económica que la técnica, dejando fuera de estos servicios especializados a entidades feministas con larga experiencia en violencia sexual, algo que ya ha sido señalado por el Comité GREVIO”.
Este comité manifestó su preocupación porque el sistema en España favorezca a las organizaciones grandes en detrimento de las más pequeñas con experiencia directa. También ha expresado preocupación por las condiciones de trabajo del personal y eso se debe, en gran medida, al hecho de que las licitaciones públicas favorecen a los licitadores más bajos, obligando a los proveedores a reducir costes en personal así como la calidad de los servicios.
Amnistía Internacional ha hablado con la madre de una niña de 12 años víctima de abusos sexuales, y que había acudido al centro de crisis de Zaragoza derivada por otra organización. “El primer día no me cogieron el teléfono, tuve que volver a llamar y me dieron cita tres días después. Me dijeron que la psicóloga estaba de baja, pero a los pocos días mi hija fue al centro y tuvo una reunión en la que estaban otras niñas. Le explicaron cómo decir que no y esas cosas”. Tres meses después de ese encuentro grupal su hija no había vuelto a recibir asesoramiento, y seguía esperando una nueva cita.
Doble discriminación
El informe, la organización resalta que las autoridades tienen también la obligación de garantizar un enfoque interseccional en la atención que se presta en los centros de crisis. Las mujeres con discapacidad, mujeres LTBI, mujeres romaníes, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres que ejercen trabajo sexual y han sufrido violencia sexual “pueden encontrarse con más trabas a la hora de acudir a estos servicios”.
“No hizo falta ningún insulto abiertamente racista (cuando hablé a la policía), cayeron sobre mí todos los estereotipos: mujer sola con hijos, extranjera, no creían que yo fuera médico… El trato fue muy machista, incluso me dijeron que agradeciera que no hubiera habido penetración”. Marta (nombre ficticio) es una mujer extranjera que vive en Ciudad Real y sufrió una agresión sexual y que ha narrado su experiencia traumática y revictimizadora, además de machista y racista, a la organización. “Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen”, relata, sobre los centros de crisis.
Mujeres trabajadoras sexuales han expresado a Amnistía Internacional su desconfianza a la hora de acudir a estos centros “por los estereotipos y prejuicios que pesan sobre ellas cuando revelaban su actividad”. Debido a las trabas o dificultades para obtener la tarjeta sanitaria para algunas mujeres migrantes en situación administrativa irregular, el hecho de que los centros se encuentren es hospitales “también puede suponer un freno para ellas, que pueden evitar acudir a centros que estén en complejos hospitalarios”.
Por último, el documento señala las dificultades adicionales que pueden tener las mujeres rurales a la hora de acceder a cierto tipo de servicios, puesto que estos se encuentran en capitales de provincia o núcleos urbanos. Solo Asturias dispone de un servicio de taxi para facilitar la accesibilidad de las víctimas al centro de crisis, o contempla la posibilidad de trasladar a las trabajadoras para visitar a las víctimas.
La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha informó a la organización de que no estaba previsto el desplazamiento de las trabajadoras fuera del centro. Explicó que hay un proyecto para facilitar el desplazamiento de personas que viven en municipios pequeños mediante un servicio de transporte a demanda que lo que hace es acercar a esas personas a las cabeceras de las líneas de transporte para que desde allí puedan llegar a la capital.
En caso de que una mujer víctima de violencia sexual que se encuentre en algún municipio sin servicio de transporte público quisiera desplazarse a uno de los centros de crisis, tendría que llamar el día antes y solicitar este servicio, que todavía no estaba operativo en todas las zonas, sino que estaba implantándose
Peticiones de la organización
Amnistía Internacional recuerda que las autoridades competentes “no pueden ampararse” en la existencia de otros recursos de atención a otras violencias o justificarse en que “se trata de recursos caros y de difícil financiación, para comprometer su mantenimiento, continuidad y sostenibilidad”. Y por lo tanto exige, entre otras recomendaciones, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, que se garantice la “coordinación interinstitucional” y una atención especializada y de calidad en los recursos existentes, como son los centros de crisis 24/7, para atender de forma integral a las víctimas, tal y como exigen los organismos internacionales de derechos humanos.
Por su parte, las comunidades autónomas deben, añade, “garantizar la accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad para todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual” de los centros de crisis 24 horas los 7 días de la semana, conforme a lo establecido en la Ley Integral de Garantía Integral de Libertad Sexual y los estándares internacionales de derechos humanos.
El contacto no puede hacerse a través de intermediarios, para evitar la revictimización por tener que relatar varias veces la violencia sexual sufrida
“Esto debe hacerse mediante una atención telefónica realizada por personal experto en violencia sexual en crisis y en emergencia, facilitando el contacto con el centro de crisis de forma directa y no a través de intermediarios, para evitar la revictimización por tener que relatar varias veces la violencia sexual sufrida”.
Además, considera que deben asegurar que todos los centros de crisis disponen de equipos multidisciplinares (psicólogas, juristas y trabajadoras/educadoras sociales) “con experiencia demostrable en violencia sexual para garantizar una verdadera atención integral y especializada”.
“También es imprescindible que las comunidades garanticen la financiación y el sostenimiento de los centros de crisis mediante las transferencias recibidas de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El gobierno central, además de establecer una partida específica para el sostenimiento de estos centros, debe realizar un seguimiento de los planes y las medidas establecidas para que este recurso funcione adecuadamente”, concluye.
Situación en Castilla-La Mancha: no son 24 horas
En Castilla-La Mancha hay cinco centros de crisis para víctimas de violencia sexual, uno en cada capital de provincia. Esto significa que hay un centro por cada 420.886 habitantes. Aunque en Castilla-La Mancha se anunció que los centros de crisis entraron en funcionamiento a finales de 2024, hasta junio de 2025 no empezaron a contar con trabajadoras.
El horario de atención es de 8.00 a 22.00 horas. Fuera de ese horario y los fines de semana el centro permanece cerrado. Cuando el centro está cerrado, la única opción que hay es llamar al teléfono general de la comunidad sobre violencia de género. En una reunión con la consejera de Igualdad, Sara Simón, indicó que estaba previsto “derivar la llamada a la persona que estuviera de guardia que valoraría también la necesidad de desplazamiento al mismo o al hospital”, si bien esta posibilidad de que haya personal de guardia no se encuentra en la información consultada por la organización de derechos humanos.
En Castilla-La Mancha, tras ser impugnada la adjudicación de los centros de crisis, la Consejera de Igualdad informó a Amnistía Internacional que en noviembre de 2025 empezaría a operar la asociación que había ganado la licitación en el primer momento.
Visitada la página web de esta asociación, esta organización no ha podido encontrar ninguna referencia a su especialización en la atención a víctimas de violencia sexual. Según la información disponible, su ámbito principal de actuación es la prevención, tratamiento e integración de personas que se encuentren en riesgo de exclusión. Por ello, se solicitó información por escrito a la entidad adjudicataria para completar esta información. A fecha de cierre de este informe, no ha recibido contestación.
“Cuando preguntamos a la Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha sobre la experiencia de esta organización con víctimas y supervivientes de violencia sexual respondió que lo que sabía es que se les habían adjudicado también los centros de crisis de Melilla y Ceuta”.
Amnistía Internacional conversó con algunas trabajadoras de los centros de crisis en Castilla-La Mancha, quienes relataron que habían tenido que iniciar la puesta en marcha de los centros “sin apenas apoyo y recursos”. “Se les había informado de que no continuarían trabajando en dichos recursos, una de ellas manifestó su preocupación por las mujeres que estaban atendiendo y que de un día para otro verían cómo sus asesoras legales o sus psicólogas dejarían de ser sus personas de referencia en el acompañamiento que ya habían iniciado”, concluye el demoledor informe.