Castilla y León, gobernada por PP y Vox, es la única comunidad que se ha negado a que Justicia derive a las víctimas de violencia de género a los servicios sociales y servicios especializados de las autonomías, algo de lo que la Junta no ha informado, pero sí el Gobierno de España a través de una nota de prensa a la que ha tenido acceso elDiario.es. Aunque el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que su pacto con el partido de extrema derecha y sus exigencias para impulsar una “Ley de Violencia Intrafamiliar” que se tramitará en los próximos meses, no afectaría a las medidas contra la Violencia de Género, sí hay una primera consecuencia que se ha intentado esconder.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, con el apoyo de la Unidad de Igualdad, dependiente del Ministerio que dirige Pilar Llop, ha impulsado un protocolo de atención y derivación de las víctimas de violencia de género entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV) y los servicios sociales y servicios especializados de las Comunidades y ciudades autónomas del territorio de competencia ministerial.
Así, todas las Comunidades y ciudades autónomas del territorio de competencia del Ministerio de Justicia se han adherido a este protocolo, “con la excepción de Castilla y León”. Se aplicará, así, a las 16 OAV y a los servicios sociales y servicios especializados de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.
El objetivo del protocolo es recíproco para permitir “una derivación ágil y directa de las víctimas” entre estos servicios. De este modo el nuevo protocolo se aplica a la atención, asistencia, protección y derivación de las víctimas de violencia de género, en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se dirijan a las OAV y que no hayan presentado denuncia por hechos constitutivos de violencia de género o que no hayan ratificado su denuncia en sede judicial.
Por un lado, se facilita a las víctimas atendidas en las OAV que no deseen denunciar la derivación a los servicios autonómicos, de modo que puedan ejercer plenamente sus derechos en ellos y acceder a sus recursos disponibles. Por otro lado, las víctimas que hayan sido atendidas por los servicios de las Comunidades o ciudades autónomas y manifiesten su deseo de interponer denuncia o recibir asistencia jurídica y apoyo durante el proceso judicial, podrán ser derivadas a las OAV.
Las OAV son parte del servicio público de Justicia, creadas para la garantía y protección de los derechos de las víctimas. Para ello, prestan de forma gratuita y confidencial, información, asistencia y medidas concretas de protección, según sean las necesidades específicas de cada víctima.
Para poder ofrecer un servicio integral que evite o minimice en lo posible la victimización, se requiere la plena coordinación de las OAV con órganos o entidades con similares funciones de protección y asistencia a las víctimas, mediante la formalización de convenios de colaboración y protocolos como el mencionado.
Las manifestaciones de Vox en Castilla y León han sido claras hasta el momento y niegan la violencia de género. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha defendido en varias ocasiones que “la violencia no tiene género” e incluso que el Gobierno de España tendrá “a la Junta enfrente” respecto a la futura reforma de la Ley del Aborto sin que el PP se mostrase contrario a esa postura.