13-F: El PP, hacia una victoria amarga

A punto de enfilar la recta final de la campaña, confieso que sigo sin descifrar las verdaderas razones que indujeron a Alfonso Fernández Mañueco a liarse la manta a la cabeza y anticipar en vísperas navideñas las elecciones autonómicas del 13-F. En plena pandemia y tirando a la papelera los Presupuestos de la Comunidad para 2.022.

Si alguien tenía motivos para adelantar las elecciones, ese era el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quién, gobernando igualmente en coalición con C´s, no ha encontrado los apoyos suficientes para aprobar sus Presupuestos. Sin embargo, el presidente andaluz se lo ha pensado bien y ha preferido no tentar la suerte. Hace unos días acompañó a Mañueco en Salamanca, observando desde la barrera el experimento electoral en Castilla y León, que le servirá de impagable test para decidir cuándo le conviene convocar en Andalucía.

A no ser, claro está, que se admita sin ambages que el presidente de la Junta se lanzó a la piscina empujado por Pablo Casado, obsesionado con apuntarse en su haber un éxito electoral del PP en su carrera hacia La Moncloa. En todo caso lo que se desprende de los sucesivos sondeos electorales es que en la piscina no había el agua suficiente como para apuntarse una victoria de la magnitud de la lograda por Isabel Díaz Ayuso, que no otro era el objetivo compartido por Mañueco y Casado.

La dañada credibilidad del candidato-presidente

Por lo general, los politólogos conceden escasa influencia a las campañas electorales, pero alguna pueden tener cuando cerca del 30 por ciento de los potenciales votantes están indecisos. Y es obvio que el candidato-presidente ha afrontado la del 13-F con un claro déficit de credibilidad. No podía ser de otra manera después de haberse tirado meses asegurando su propósito de agotar la Legislatura. A partir de ahí la “conspiración” con la que trató de justificar el adelanto ha resultado inverosímil y su palabra ha quedado muy devaluada en detrimento de los mil enunciados de su programa electoral, máxime cuando los antecedentes del PP avalan aquella afirmación de Tierno Galván según la cual “las promesas electorales están para no cumplirse”.

Tampoco otorga el candidato-presidente mucho aprecio a su propia gestión en la Junta cuando, salvo aspectos muy puntuales como el de la exención del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, ni siquiera se ha dignado en reivindicarla, dejando que se la atribuya prácticamente en exclusiva el ex vicepresidente Francisco Igea (eso sí, obviando incumplimientos tan flagrantes como el de suprimir los chiringuitos clientelares y “sapos” tan indigestos como el de regalar a Javier Maroto el escaño de senador autonómico, por citar un par de ejemplos). Por lo demás, Mañueco no se ha apeado en toda la campaña de su cruzada contra el “sanchismo” como eje de todos los males que sufre Castilla y León desde que ambos reinos unieron sus destinos.

En unas elecciones dominadas por la tendencia de voto nacional, es evidente que el candidato-presidente no aporta ningún plus a la cotización electoral que trae de base su partido. Y esto mismo puede extenderse al socialista Luis Tudanca, a los candidatos de Unidas Podemos (acaso con la excepción en Valladolid de la concejala María Sánchez) y no digamos al neófito candidato de Vox. Si acaso, por lo visto en campaña y en especial en el primer debate televisivo, el único que puede mejorar sus negras expectativas iniciales sería Igea, quien se está tomando cumplida revancha de la afrenta política de haber sido alevosamente cesado de su preciado cargo de vicepresidente de la Junta. El candidato de C´s no pasa una y el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al omitir en su agenda oficial varias reuniones mantenidas con responsables de la empresa Ambuibérica, adjudicataria del grueso del transporte sanitario del Sacyl, le ha permitido poner bajo sospecha al sucesor de su inseparable Verónica Casado. (Ambuibérica, presidida por un ex alcalde del PP, ha sido además una de las tres empresas a las que la consejería adjudicó a dedo los polémicos test de antígenos realizados durante las pasadas semanas).

Igea viene contando con la ventaja de no ser apenas replicado por el PP, que sigue la consigna de ignorarle, ni tampoco por el PSOE, el gran damnificado por el pacto bipartito que en 2019 frustró la alternancia de gobierno. Paradojas del destino, a los socialistas les vendría ahora muy bien que, tras su ruptura con Mañueco, C´s amortiguara su desplome en la medida necesaria para evitar que PP y Vox sumen una mayoría absoluta que excluiría al PSOE de cualquier ecuación de gobierno.

Alarma ante el crecimiento exponencial de Vox

Lo cierto es que las expectativas del PP de aproximarse a la mayoría absoluta se han esfumado como un espejismo. En la redistribución del voto del antiguo trío de Colón los estrategas genovitas incurrieron en el grave error de minusvalorar el previsible crecimiento de Vox. No cayeron en la cuenta de que en las últimas elecciones generales los de Santiago Abascal triplicaron en Castilla y León el número de votos obtenidos unos meses antes en las autonómicas, pasando de poco más de 75.000 a más de 230.000 (un 16,8 por ciento). A la luz de este dato no debería sorprender a nadie que la formación ultraderechista irrumpa en las Cortes con un mínimo de 10 escaños (12 consiguió C´s en 2019 con un porcentaje del 14,96).

Detectada tardíamente esta corriente favorable a Vox -a su vez el partido más beneficiado por la convocatoria de elecciones autonómicas separadas de las municipales-  el PP ha redoblado a última hora la presencia de Díaz Ayuso en un intento de taponar su flanco derecho. El baño de realidad ha llegado al punto de que los populares darían por bueno un resultado en torno a los 35 procuradores. Seis más de los obtenidos en 2019, pero seis menos de los 41 que marcan la mayoría absoluta.

Un resultado así podrá ser presentado como una victoria electoral del PP, pero sería una victoria bastante amarga. En lugar de Casado, quien saldría fortalecido del trance sería Vox, reforzado como sumando político absolutamente imprescindible para que el líder del PP vea cumplida su aspiración de acceder a La Moncloa.

Casado, opuesto a un gobierno PP-Vox

Aunque lo previsible es que PP y Vox sumen mayoría absoluta, en Génova no quieren ni oír hablar de compartir el gobierno en Castilla y León. Y no tanto por falta de afinidades ideológicas como por constituir una línea roja en su estrategia de llegar a La Moncloa. Son muy conscientes de que encamarse en un mismo gobierno con la ultraderecha arruinaría en España y en toda Europa la imagen de político moderado con la que Casado pretende ensanchar por el centro la base electoral del partido hasta derrotar a Pedro Sánchez. Tan claro lo tiene la cúpula del PP que desde ella se ha deslizado que preferirían ir a una posible repetición electoral antes que aceptar a Vox como socio de gobierno incorporado a la Junta.

Si se confirma lo anterior, después del 13-F Mañueco no tendría otra opción que pactar su investidura con unas minorías como la Unión del Pueblo Leonés, el Partido por Ávila y Soria ¡Ya!, cuyas exigencias hipotecarían en gran medida su acción de gobierno. Para entonces, Casado habrá pasado la página de Castilla y León, internamente culpará del pinchazo a la falta de tirón electoral de Mañueco, y pondrá sus miras en busca de mejor suerte en Andalucía.