Este verano ha sido una pesadilla para quienes vivimos en Castilla y León. El mes de agosto hemos padecido la segunda ola de calor del año, batiéndose récords de temperatura: 39,5ºC en Zamora, 40ºC en Valladolid. Estos datos han aumentado el peligro de mortalidad por altas temperaturas cobrándose 307 vidas desde principios de julio en nuestra Comunidad según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del ministerio de sanidad, con unas condiciones extremas que además de perjudicar la salud, han favorecido la propagación y persistencia de numerosos incendios forestales. Estos factores se van a reproducir y agudizar en los próximos años: veranos más largos, olas de calor más intensas y duraderas y aumento de las temperaturas que provocan que la situación de los bosques sea cada vez más seca.
Es pertinente que pongamos sobre la mesa las características medioambientales de nuestra Comunidad Autónoma y cómo el cambio climático va a afectarla. Una realidad compleja por la gran cantidad de superficie forestal que posee, más del 50%, 5,13 millones de hectáreas de masa arbórea, que ya padeció los incendios de Navalacruz, en Ávila en 2021, con 21.000 hectáreas quemadas y de la Sierra de la culebra, en Zamora en 2022, con 60.000 hectáreas quemadas y cuatro personas fallecidas. El año 2025 va a ser mucho peor con casi 200.000 hectáreas quemadas afectando sobre todo a cinco provincias, entre las que están Ávila, Salamanca y Palencia, pero de manera muy significativa Zamora y León.
La Junta de Castilla y León no ha puesto su objetivo en la prevención de los incendios ni en una buena gestión forestal de los bosques, la mirada del PP de Quiñones ha estado en la privatización del bosque, no lo contemplan como un bien social y común que hay que gestionar adecuadamente, sino que buscan la manera de que las más de treinta empresas contratadas por la Junta saquen beneficio.
Lo hemos visto en otras actividades económicas relacionadas con nuestros pueblos, los han llenado de macro-granjas de cerdos, de macro-parques eólicos o de macro-parques de placas solares fotovoltaicas, sin una regulación que ordene el territorio y lo planifique para satisfacer nuestras necesidades. Las plantas de biogás son otro ejemplo claro de cómo se quieren aprovechar del mundo rural para sacar tajada para las grandes empresas que vienen de fuera y que no se tienen que preocupar de la contaminación ambiental, ni del agua, ni del aire, ni de la tierra porque no viven aquí. Soberanía energética sí, acumulación por desposesión no.
Debería ser obligatorio que se diseñe una estrategia de Comunidad para hacer frente al reto climático aprobando un pacto social y ecológico para la gestión forestal y la prevención de incendios acordado con los agentes políticos, sociales y económicos de Castilla y León, pero esto es imposible con Juan Carlos Suárez-Quiñones como Consejero de Medio ambiente, con opiniones como: “mantener el operativo todo el año es un absurdo y un despilfarro” o “tenemos la mala costumbre de comer” como respuesta a por qué no se quedó gestionando la extinción de los incendios activos y se fue a una comida a Gijón invitado por la cámara de Comercio de León. Determinadas personas deben desaparecer de la política de nuestra tierra para que sus políticas también desaparezcan.
Queremos plantear una serie de objetivos para que cuiden las masas forestales como bienes comunales y eso requiere un cambio radical en las políticas. Si la Junta sigue en las mismas manos nos tememos que los bosques que no se han quemado este verano se quemen en los próximos porque en términos de actividad económica, el incendio genera muchas más, sobre 15 ó 20.000 euros por hectárea, frente a lo poco que gasta la Junta en prevención.
Lo que hay que hacer con los incendios forestales es prevenirlos, como gritábamos el otro día en la manifestación de Valladolid más de 4.000 personas: “los incendios se apagan en invierno”. Esto tendría que ser una máxima de las políticas medio ambientales de toda administración autonómica. A partir de ahora habrá que hablar más de cómo restaurar la biodiversidad arrasada por las llamas y de cómo conservar la existente cambiando los criterios economicistas y ver cómo encajan las políticas agrícolas y ganaderas en la prevención de los incendios forestales.
La política de ordenación y gestión del territorio nunca han sido el fuerte del PP de Castilla y León, más pendiente del resultado de las elecciones autonómicas y de su supervivencia que del futuro vital y medio ambiental de las próximas generaciones. Así lo ha demostrado ante esta emergencia climática de incendios en la que se ha ocupado más en derivar las responsabilidades al Gobierno de España que en asumir las propias, con contradicciones constantes y continuas.
Mañueco dijo el día 14 de agosto que contaba con los medios suficientes: “el problema” no es “de los operativos ni de falta de medios”, sino de las “circunstancias meteorológicas excepcionales”, al día siguiente solicitaba al Ministerio del Interior, en una carta enviada a las 22:52 de la noche, 30 helicópteros, mil soldados y 25 bulldozers “con maquinistas lo más expertos posibles en monte”. Y una de las empresas con la que la Junta ha firmado 19 contratos por 24 millones de euros en seis años desde 2019, Orthem-grupo Hozono, solicitaba en portales de empleo una oferta para bomberos sin experiencia para trabajar en León en plena crisis de incendios.
Mientras esto ha sucedido en verano, la Comunidad que preside ha ido recortando el presupuesto en prevención de incendios un 86% desde los 10,27 millones de euros en 2009 hasta los 1,41 millones de euros en 2022. A esta falta de presupuesto y de previsión por parte de la Junta se suma el hecho que:
- Hubo incendios en los que no han aparecido bomberos autonómicos como el de Losacio en Zamora.
- En Léon se instalaron dos bases logísticas de alojamiento y avituallamiento en Cistierna y en Bembimbre con una capacidad para 200 personas y la Junta tuvo que pedir perdón porque casi no fueron utilizadas. El pasado lunes también en León hubo cinco autobombas y 10 bomberos forestales parados en sus bases, cuando varios incendios siguen en vigor.
- En un garaje de Ávila hay un camión nodriza capaz de almacenar 13.000 litros que puede abastecer a los camiones motobombas que no ha sido movilizado.
- De Palencia y de Soria acudieron bomberos profesionales de los Ayuntamientos a una llamada de la Junta a Ponferrada y les mandaron a casa porque decían que solo se podía extinguir el fuego mediante medios aéreos.
Podríamos hacer un listado más extenso y exhaustivo pero se observa un patrón común: junto a la carencia de medios y presupuestos, la falta de capacidad organizativa y de coordinación del operativo para la extinción de los incendios y el lanzar balones fuera para no asumir las consecuencias políticas de una gestión forestal nefasta por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Hace unos días me quedé con la intervención de una mujer en televisión que protestaba contra la gestión de la prevención y la extinción de incendios en Castilla y León y se preguntaba: “para qué sirven las Comunidades autónomas.” No deja de ser curioso que se intente desviar la crítica a quienes gobiernan Castilla y León desde hace treinta y ocho años para que sea la estructura la responsable de la catástrofe. Este pensamiento se alinea con el de hacer un censo de pirómanos para ponerles una pulsera, que Feijóo ya aprobó en 2012 en Galicia y nunca puso en marcha o con el de llamar pirómana a la directora general de protección civil y buscar quitar el foco de la falta de efectivos y medios. Forma parte de la estrategia que quiere desviar la atención de la Junta de Castilla y León que es la administración responsable de la prevención y extinción de incendios.
Por no hablar de las malas condiciones laborales que hacen que muchos de los puestos de trabajo estén sin cubrir, la gente busque otros trabajos o se vaya a otras Comunidades Autónomas. Falta personal en torretas de vigilancia, no se cubren las bajas, etc. Necesitamos un operativo cien por cien público dependiente de la Junta de Castilla y León, bien dimensionado, con puestos de trabajo estables, dignos y contratados como bomberos forestales.
Estos días hemos conocido la desigualdad salarial de los bomberos forestales. Resulta que en Castilla y León quienes trabajan a través de empresas contratadas tienen peores condiciones con salarios de 1.170 euros al mes, un poco más del salario mínimo interprofesional. Sería pertinente dignificar a quienes apagan los fuegos, no vaya a suceder que les aplaudamos pero dediquemos pocos esfuerzos para garantizar que el servicio sea digno y esté bien dotado de recursos materiales y personales. Si el servicio se hace 100% público, mejorarán sus condiciones laborales aunque desaparezca la rentabilidad de las más de treinta empresas que tienen contratos de millones de euros con la Consejería de Medio ambiente de la Junta de Castilla y León. Si en lugar de trabar 3, 6 ó 9 meses trabajan todo el año será más fácil tener una plantilla adecuada de bomberos forestales para Castilla y León.
Y si dimite el Consejero de Medio ambiente, el Señor Quiñones y el director general de Patrimonio natural y política forestal José Ángel Arranz, que es lo que exigiremos el próximo 29 de agosto a las 10 horas en una concentración en la Plaza de las Cortes de Castilla y León, será más fácil comenzar a trabajar para que en próximas emergencias nuestro operativo esté más coordinado, organizado, con medios adecuados y con personal bien remunerado y orgulloso de cuidar nuestra riqueza forestal durante todo el año.