La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha replicado este martes a lo que considera el “cuento” y la “película” de Vox sobre políticas de inmigración, ya que ha negado tener competencias para hacer pruebas de edad a los menores extranjeros acogidos y gastar tanto en ellos como dice Vox.
En su réplica a los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha comparecido para explicar las cuentas de su departamento para 2026, aún sin el visto bueno de la mayoría parlamentaria, Blanco ha considerado que Vox ha hecho un “batiburrillo” con su exposición sobre inmigración.
La procuradora de Vox María Luisa Calvo ha denunciado que la Junta de Castilla y León “no rectifica nada” en su política de atención a los inmigrantes, pese al intento del PP nacional por cambiar, y ha criticado el “efecto llamada” en el que en su opinión colabora la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con su solidaridad.
Tras escuchar la primera intervención de la consejera, la representante de Vox ha afeado que pese al documento suscrito por el PP de Feijóo y Mañueco estos presupuestos no promuevan una inmigración “legal, ordenada y controlada”.
“Pedimos orden, no más efecto llamada”, ha resumido Calvo, quien ha criticado que Blanco se niegue a realizar pruebas de control de edad a los menores acogidos en Castilla y León, que Vox sospecha pueden deparar irregularidades, y tampoco vigile los “empadronamientos oportunistas” en el medio rural.
Calvo ha considerado que la Consejería gasta demasiado, hasta 80.000 euros al año en atender a cada menor extranjero atendido por Familia, aunque ha reconocido que se trataba de una estimación con datos de otras autonomías.
La consejera únicamente se ha referido en su intervención inicial a la partida de 2,52 millones de euros que ha incluido en el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 para atender a las personas migrantes en situación de vulnerabiliadd y promover su integración en esta Comunidad con hasta 33 programas.
En el mismo turno de intervenciones, el exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha pedido a la consejera que desentrañe si desde su departamento va a contribuir a “planchar el gurruño” que hizo el presiente Mañueco con las propuestas presupuestarias de Vox, en referencia a un posible pacto que anticipe lo que pueda ocurrir tras las elecciones de marzo próximo.
En su réplica la consejera ha negado que tenga competencias para realizar pruebas de edad a los menores que llegarán como consecuencia de los acuerdos entre el Gobierno y las autonomías y que actualmente sitúan a 170 menores extranjeros no acompañados en esta Comunidad.
También ha negado que las cantidades dadas por Vox sobre le coste de la atención a los menores extranjeros se eleve a los 80.000 euros, ya que son inferiores, con unos 75 euros diarios para cada menor atendido en alguna de las residencias habilitadas para ello, lo que depararía una cantidad de 27.000 euros para el caso de un año.
“Batiburrillo lo que ustedes hacen”, ha respondido la procuradora de Vox, quien ha recordado que en otros gobiernos autonómicos del PP como los de Aragón, Baleares o Comunidad Valenciana sí han realizado controles biométricos para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.
Calvo ha vinculado este tipo de situaciones con lo que llevó a Vox a romper el gobierno de coalición con el PP en Castilla y León, por “principios” y no por “órdenes” del partido a nivel nacional, que es lo que ha reprochado al PP.