La Fiscalía de Burgos requiere al Ayuntamiento los contratos de Eventos El Espino, la empresa del presidente del PP
La Fiscalía de Burgos ha requerido al Ayuntamiento todos los contratos formalizados con Eventos El Espino SL, una mercantil dedicada a bodas y servicios de catering de la que el concejal, presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez tenía un 33% de participaciones cuando se firmaron. Según ha podido saber elDiario.es, las diligencias informativas parten de una denuncia anónima. La Fiscalía estudia si los hechos que se relatan tienen “significación penal”. Los contratos se remitieron hace unas semanas, sin que hasta el momento se sepa si se ha tomado ya una decisión.
Tal y como reveló elDiario.es el pasado mes de marzo, Suárez aceptó el acta de concejal en el Ayuntamiento que le ha permitido ser presidente de la Diputación a pesar de que desde 2009 y hasta 2025 tenía el 22% de Eventos El Espino, meses después adquirió más hasta llegar al 33% y la normativa prohíbe compatibilizar más del 10% de una empresa con el acta de concejal. A pesar de que en su declaración de bienes se reflejaba esa participación y el 20% de otra empresa, El Granero de San Francisco SL, ni él ni el Ayuntamiento actuaron en consecuencia. Desde que entró a formar parte del Grupo Municipal Popular, en 2023, 2024 y 2025 el Ayuntamiento formalizó varios contratos, violando la normativa.
En concreto contraviene el artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Pero, además, existiría una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.
Una vez que elDiario.es publicó la información, el Ayuntamiento pidió un informe al secretario municipal. Los contratos realizados en esa situación, son nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar. Del incumplimiento flagrante puede derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización. El secretario, efectivamente determinó que los contratos eran nulos de pleno derecho, pero lejos de derivar responsabilidades a Suárez, propuso la elaboración de un “protocolo” para la situación no se repitiese con otros concejales, a pesar de que el desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento y de que no se trata de leyes nuevas, algunas datan de mediados de los 80. En otra ocasión, la alcaldesa, Cristina Ayala, llegó a culpar a los técnicos municipales por no haber advertido de que se estaba produciendo una ilegalidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento tampoco ha aclarado como se va a recuperar el dinero público que pagó indebidamente. Por su parte, Suárez aseguró que se desharía de las participaciones con “harto dolor”, y dijo haberlo hecho el pasado 13 de abril. ElDiario.es solicitó a través de Transparencia la acreditación de la venta de las acciones, algo a lo que el Ayuntamiento se ha negado porque era una información “en proceso de elaboración”. Poco después, cuando la concejala socialista Blanca Carpintero, preguntó si se había acreditado la venta de las acciones, Suárez dijo que eso era “una barbaridad” y que “a santo de qué” tenía que dar explicaciones.
De hecho, llegó a recomendar a Carpintero que hiciese su trabajo y buscase su declaración de bienes en la web municipal. La declaración de bienes no se ha modificado por el momento. Sin embargo, sí aparece en la web de la Diputación de Burgos, institución que preside. El documento se presentó el registro el 14 de abril, un mes después de que Suárez asegurase haber vendido las participaciones. Se trata de una inscripción de circunstancias modificativas del registro de intereses. Suárez simplemente informa de la transmisión de las participaciones de las dos sociedades “mediante escritura de compraventa”. No hay más información.
Además declara la compra de una vivienda en Burgos en 2025, indica que hay que “sustituir” el vehículo Lexus UD por un Lexus NX 350H que adquirió en enero de 2026. Incluye dos préstamos: uno hipotecario concedido en abril de 2025 por importe de 135.000 euros y otro para pagar el Lexus, el 19 de enero de 2026 por importe de 31.436,99 euros. En su declaración anterior figuraban una vivienda en Miranda de Ebro con plaza de garaje adquirida en 2007, una vivienda en Burgos adquirida en 2023, una nuda propiedad en Villamanín (León) que procede de una donación en 2000, una parcela urbana en Miraveche adquirida en 2021, y un crédito hipotecario de 151.000 euros, entre otros bienes como inmuebles o un plan de pensiones.