Las Cortes de Castilla y León han dado este miércoles luz verde a la tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley del Ruido autonómica, con el respaldo de los grupos proponentes, del PP y Vox, y además del resto de grupos excepto el PSOE y dos los integrantes del Grupo Mixto, que han optado por la abstención.
Esta iniciativa, registrada hace justo un año, cuando aún PP y Vox integraban el gobierno autonómico de coalición, tiene como principal cambio que tras su aprobación los municipios de menos de 20.000 habitantes no tendrían que renovar cada 5 años su mapa del ruido, algo que fue objeto de una enmienda a la Ley de Medidas que fue inadmitida por la Mesa del Parlamento autonómico.
Pese a que fue registrada inicialmente por PP y Vox, en el debate de este miércoles únicamente ha defendido el texto el representante del Grupo Popular Francisco Javier Carpio, quien ha considerado que esta modificación responde a una Comunidad “diversa” también en materia de gestión del ruido y sirve para adaptarla a la regulación estatal y europea.
Además de esa adaptación, el PP ha argumentado como otros factores que aconsejan esta modificación la reducción de la burocracia, la proporcionalidad técnica a la situación actual y la seguridad jurídica, especialmente para los pequeños municipios, con menor capacidad para acometer, por ejemplo los mapas del ruido.
En concreto, la normativa distingue entre los que tienen una población inferior a los 20.000 habitantes y los de mayor población, a la hora de tener la obligación de renovar cada cinco años el mapa del ruido en estos municipios.
Los cambios que pretenden introducir ahora dejan a criterio de los ayuntamientos de estos pequeños y medianos municipios elaborar estos mapas del ruido si se hubiera producido algún cambio significativo en la estructura urbana y las potenciales fuentes de ruido.
Además, la proposición de ley modifica el régimen previsto para las viviendas unifamiliares en los municipios con menos de 10.000 habitantes, para dejar al criterio técnico la valoración de la existencia de impactos acústicos en el emplazamiento de la vivienda sobre la base de un informe acústico elaborado por el proyectista, simplificando con ello la obtención de la licencia urbanística y reduciendo su coste.
Debate con algún reproche
Pese a que esta admisión a trámite ha salido adelante sin votos en contra, los grupos de la oposición han dejado reproches al PP, como el del socialista José Luis Vázquez, quien ha cuestionado la voluntad de diálogo y acuerdo de PP y Vox cuando intentaron colar estas medidas como una enmienda a la Ley de Medidas de 2024, sin contar con el trámite de enmiendas que sí tendrá ahora.
Vázquez ha rechazado también que esta modificación aporte algo beneficioso a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales, en una competencia que es exclusiva de la Junta de Castilla y León, mientras que como propuesta que defenderá en la fase de enmiendas ha enumerado la necesidad de dotar de presupuesto esta modificación y la garantía de una mayor participación por parte de ayuntamientos, partidos y agentes del diálogo social.
Por su parte, la representante de Vox Susana Suárez ha afeado al PP que lo ocurrido con esta proposición de ley derivada de sus acuerdos cuando formaban gobierno de coalición no haya tenido una tramitación igual en el caso de la 'ley de concordia', que el PP rechazó tramitar pese a haberla pactado con Vox. “Nosotros sí somos responsables, y sí apoyamos la tramitación”, ha resumido Suárez.
La procuradora de Soria ¡YA! Leila Vanessa García ha aplaudido la tramitación de esta modificación por intentar ayudar a los ayuntamientos con menos recursos, aunque ha alertado de que esta normativa no puede servir para “rebajar la exigencia” en materia de ruido en los pequeños municipios o medianos por parte de determinados emisores de ruido.
En el caso del representante del Grupo Mixto Francisco Igea ha lamentado que “el problema” de la Comunidad es “el silencio” generado por la despoblación y ha reprochado al PP que, en el caso de la proposición de ley sobre derechos al final de la vida, ni siquiera optaran por dejarla tramitar.