Ecologistas recurrirá la ampliación de la planta de Santovenia si la Junta no retrocede
Ecologistas en Acción, a través de una nota difundida este viernes, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) la decisión de la administración autonómica de ampliar la capacidad del Centro de Tratamiento de Residuos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La organización naturalista considera que la modificación de la autorización ambiental del vertedero por parte de la Junta de Castilla y León, contraviene la normativa que considera preceptivo un informe urbanístico favorable por parte del municipio afectado, en este caso el Ayuntamiento de Santovenia, que ha sido negativo.
Ecologistas en Acción recuerda que el consistorio ya emitió en junio de 2024 un informe urbanístico desfavorable (“La ampliación proyectada y al modificación sustancial derivada no son autorizables”), con arreglo al artículo 145 del PGOU que prohíbe expresamente la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos.
Esta planta comenzó a funcionar en junio de 1993, y en la actualidad almacena más de un millón de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en una superficie de un millón de metros cúbicos que la empresa propietaria, Cetransa, quiere ampliar en 125.000 más.
Esta ampliación, según Ecologistas en Acción, no está amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014, tampoco por la autorización ambiental vigente de la planta y, por tanto, tampoco por la declaración de Proyecto Regional que la Junta de Castilla y León firmó en 2015.
Por todo ello, la organización naturalista ha pedido a los dos nuevos consejeros con competencias en la materia: Joaquín Antonio Pino (Política Ambiental) y María González (Medio Ambiente y Energía) que no firmen la orden que autoriza la ampliación solicitada.
En caso contrario, han anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para solicitar la suspensión cautelar, y en su caso, exigir responsabilidades penales “por obviar el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga”, lo que a su juicio constituiría en un presunto delito de prevaricación.