Ecologistas alerta de una posible prevaricación si la Junta de Castilla y León autoriza la ampliación del vertedero de Santovenia, en Valladolid

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que podría incurrir en un delito de prevaricación si autoriza la ampliación del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) pese al informe urbanístico municipal desfavorable.

La Consejería llevará este martes al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la propuesta de modificar la autorización ambiental del vertedero para aumentar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, que se sumarían al millón ya autorizado, ante la próxima colmatación de la instalación, según ha señalado la organización ecologista en un comunicado.

Según Ecologistas, la ampliación ha sido solicitada por la empresa titular del vertedero, Centro de Transferencias S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Sin embargo, según ha recordado la organización, el proyecto no estaría amparado ni por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental actualmente vigente, ni tampoco por la declaración de Proyecto Regional aprobada por la Junta en 2015.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo en el que concluye que la ampliación “no es autorizable”, al prohibir expresamente el Plan General de Ordenación Urbana municipal la ampliación del centro de tratamiento de residuos de Cetransa. Ecologistas en Acción ha indicado que dicho informe es vinculante y que, de acuerdo con la legislación estatal sobre prevención de la contaminación, debería haber supuesto el archivo del expediente, algo que, como han defendido, la Consejería ha eludido.

La organización ambiental ha criticado lo que considera un trato de favor reiterado de la Junta hacia Cetransa y el grupo Urbaser, recordando que en 2001 la empresa ya se benefició de una ley “ad hoc” para mantener la actividad del vertedero tras la anulación de sus licencias municipales por el Tribunal Supremo, una norma que fue declarada inconstitucional años después. A ello añaden el riesgo ambiental que, a su juicio, supone la ampliación para el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

Ecologistas en Acción, según han adelantado, propondrá en la reunión del Consejo que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental y advertirá de las posibles responsabilidades penales tanto del consejero como de los vocales del órgano si se aprueba la ampliación en contra de lo establecido legalmente.

La organización también ha insistiado en la necesidad de sustituir el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vigente desde hace más de una década, después de que en marzo de 2024 una sentencia judicial anulara el intento de la Junta de revisarlo sin un nuevo procedimiento completo. A su juicio, esa revisión buscaba consolidar a la Comunidad como destino de residuos industriales peligrosos procedentes de toda España.

El vertedero de Santovenia de Pisuerga inició su actividad en 1993 y, según Ecologistas en Acción, ha acumulado desde entonces diversos incidentes, entre ellos vertidos de residuos no autorizados, fugas de sustancias contaminantes, problemas con aguas subterráneas e incluso un incendio. En la actualidad alberga más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los que más de un tercio proceden de fuera de Castilla y León.