La Junta de Castilla y León pide al Gobierno reconsiderar el cierre de la estación de esquí de Navacerrada
La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a desmantelarla, y ha defendido que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la creación de riqueza y empleo. El permiso legal para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico que la sentencia deben cumplirla, lo que no impide que mantengan su posición en defensa de la actividad del estación de esquí de Segovia.
“No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de España que el Gobierno quiera cerrar”, ha apuntado, y ha lamentado que entre todos los proyectos del país se haya “fijado exclusivamente” en uno que beneficia a Castilla y León, y también a la Comunidad de Madrid.
Por ese motivo, la Junta le pide al Ejecutivo central que “reconsidere la decisión”, un posicionamiento político, dentro del “sentido común y la razón”, que evidentemente va al margen de la cuestión administrativa y legal, ya que “la justicia tiene otros cauces”, ha apuntado Fernández Carriedo.
En marzo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica decidió que, al haber expirado el periodo de 25 años por el que se autorizó el funcionamiento de la estación de esquí, el siguiente paso era recuperar ambientalmente la zona. El calentamiento global, la caída en las precipitaciones de nieve y la saturación en Navacerrada fueron los argumentos principales de Transición Ecológica.
“La sentencia es de obligado cumplimiento, pero tiene más que ver con la forma que con el fondo”, ha insistido el portavoz, y ha reclamado al Gobierno que al menos dé explicaciones sobre si considera “malas” todas las estaciones de esquí o solo las que benefician a Castilla y León y Madrid.
Ha explicado que ahora estudiarán la sentencia, después de que el Tribunal Supremo haya acordado no admitir a trámite los recursos de casación presentados por Castilla y León y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Junta a declarar la caducidad de la estación, confirmándola.
La Junta va a buscar las vías que permitan encontrar una solución “dentro de sus competencias” a lo que plantea la sentencia del TSJCyL, que en 2024 ordenó a la Junta resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.
Eso en cuanto a la forma, ha insistido Carriedo; en cuanto al fondo, la Junta defiende el mantenimiento de la estación de esquí porque “hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio” y asegura que la actividad es “plenamente compatible con la sostenibilidad ambiental”.
“La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, al contrario, es una palanca de oportunidades, es una fuente de creación de empleo y de riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado que queremos aprovecharlo”, ha afirmado el portavoz autonómico.