De Aguirre a Ayuso: los 'mil' intentos del PP por salvar la estación de Navacerrada que la Justicia ha ordenado desmontar

El Supremo puso fin a la batalla legal por la estación de esquí de Navacerrada. Su providencia –fechada el 18 de marzo pero conocida este martes– certifica que hay que desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsáin a su estado anterior. El permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

Son cinco años, es decir, cinco temporadas extra de funcionamiento gracias al pleito que provocó la negativa de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular a, primero, cumplir con su obligación administrativa de tramitar el expediente de fin de autorización y, después, aceptar una sentencia judicial que recurrió. Por cierto, la Junta deberá abonar las costas del Supremo a la Abogacía del Estado.

El coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, Jesús Bartolomé, celebra la decisión pero añade: “Lamentamos la perdida de tiempo en la recuperación del monte público provocado por los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y por los intereses económicos de la empresa que gestiona la estación de esquí”. Cinco años dan para mucha restauración ambiental como demostró el proceso de recuperación de la vecina estación de Cotos.

Sin nieve y con impacto ambiental

La historia puede resumirse así: el propietario de un terreno decide que no desea dedicarlo más a una determinada actividad desarrollada por una empresa privada. La administración encargada de gestionar el procedimiento se lava las manos para que la empresa pueda seguir operando.

Pero en, este caso, el dueño del monte es el Organismo Parques Nacionales –perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica– y la administración que se desentendió es la Junta castellanoyleonesa presidida por el PP. El Gobierno decidió que el monte se recuperara ambientalmente ante el impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico (pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama).

A eso se le unió que la estación de Navacerrada tiene dos partes: una segoviana y otra madrileña. Eso le permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertir unas pistas de esquí con permiso caducado en oportunidad para chocar con el Ejecutivo, a pesar de que su Gobierno no tiene nada que decir sobre esa zona.

Oportunidad para la batalla política

Ayuso se vio el 29 noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar que las pistas iban a seguir funcionando tras la postura de su compañero de partido. “Es una buena noticia”, dijo. Mañueco aseguró que no había “razón jurídica” para que terminara el esquí y afirmó que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.

Ante esta situación, Transición Ecológica acudió a los tribunales en Castilla y León. Los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras decidían sobre el fondo del asunto.

Al tiempo que los jueces estudiaban el caso, Isabel Díaz Ayuso ha estado dando oxígeno a la estación. En diciembre de 2023 rebajó un 65% el alquiler que la concesionaria debería abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña. También le multiplicó por seis la superficie que podría aprovechar. Esas pistas también tenían la licencia caducada desde febrero de 2019.

Poco después de redactarse ese pliego de condiciones, en febrero de 2024, la Justicia determinó finalmente que la estación en su parte de Segovia debía desmantelarse. Eso no impidió que Díaz Ayuso se empeñase en mantener Navacerrada a pesar de que la propia empresa concesionaria había afirmado que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas. ¿Por qué? Simplemente porque solo ahí había permiso para usar cañones de nieve artificial sin los cuales no existe superficie blanca suficiente para esquiar. En Madrid, sin cañones, no hay esquí.

Con todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrutar de 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.

¿Ejecución de la sentencia?

Este miércoles, la estación da por terminada esta temporada 2026. Todos los hierros, cables y casetas siguen plantados en el monte. Como tantos casos han dejado claro, las sentencias judiciales a favor del medio ambiente –y contrarias a los intereses económicos o comerciales– cuesta verlas ejecutadas.

Ejemplos claros no faltan. El complejo de lujo levantado en la isla de Valdecañas (Cáceres) sigue en pie a pesar de que en 2022 el Supremo ordenó demoler todo lo construido o a medio construir y el Constitucional rechazó el recurso de los propietarios y la Junta de Extremadura. Ahora, el Gobierno autonómico está litigando en los juzgados para defender las modificaciones ad hoc que hizo sobre zonas protegidas que dejaban fuera a la isla.

Otra maraña judicial ha provocado que el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), ya más que declarado ilegal, permanezca en la ladera de la montaña, asomado a la playa, sin que se certifique su demolición y limpieza definitiva. Ni el anuncio del Gobierno de que expropiaría las partes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre para acelerar el proceso han servido hasta ahora. Y de ese último movimiento ha pasado más de un año. Las obras se paralizaron en 2005.

El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre

La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid llamada Deporte y Montaña. El canon anual era de unos 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público. Ese alquiler fue heredado por una nueva sociedad privada cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa Deporte y Montaña. Se la quedó –y con ella la licencia y el canon– la actual gestora Río Invest.

Eso respecto a la actuación de Aguirre en la parte de Segoviana de la polémica estación. En la parte madrileña bajo su gestión directa, la antigua presidenta –referente de Isabel Díaz Ayuso– criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su consejera de Medio Ambiente y con actuaciones por 10 millones de euros en el acto de presentación del programa en el propio puerto de montaña. Aguirre revirtió la idea y apostó por incentivar el esquí a pesar de que sus técnicos, allí mismo, le explicaron que no había agua para fabricar nieve.

La resolución de fin de concesión en Navacerrada de Parques Nacionales indicaba que la concesionaria que gestiona la estación de esquí debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021. Y el monte tenía que estar ya “apto para la restauración vegetal de la zona”. Basta darse un paseo por el Pinar de Valsaín para comprobar lo lejos que está ese momento todavía.