“Yo sólo hablaba con Don Tomás”. Así de claro ha sido el que fuera promotor de parques eólicos en los años en los que la Trama Eólica estaba en pleno funcionamiento. José María G.V, testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, ha señalado directamente al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva -fallecido en septiembre de 2017- como la persona de la Junta de Castilla y León que le hizo renunciar a los parques que proyectaba en Valladolid en favor de un empresario que se dedicaba a fabricar “pienso para truchas”. “Era eso o quedarme sin ninguno”.
Entre los años 2000 y 2004 estaba promoviendo tres parques para HN Generación Eólica, Peñaflor 2, Peñaflor 3 y Peñaflor 4, de 700 mw.
El promovía para hn generación eólica Peñaflor 2,3 y 4. 700 mw y los parques sufrían “cierta paralización”. Según ha relatado, el consejero le dijo que tenía “que ceder la mitad de los parques sin coste a un señor -al que seha referido por sus apellidos-, a su sociedad”. Cuando accedió a las pretensiones de Villanueva, consiguió se les adjudicasen 300 mw en León. Ha reconocido que la lentitud en la tramitación de parques no se producía sólo en Castilla y León, y que las concesiones no se sujetaban a criterios como “tiempo primero” en derecho. Además, ha asegyrado que las decisiones “dependían de la consejería de Tomás Villanueva” y que al principal acusado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, lo saludó alguna vez, aunque él trataba con “Don Tomás”, incluso “aunque firmase Delgado”, ha precisado, “la responsabilidad era de Tomás Villanueva”.
“No vendí los parques, los cedí a precio cero, porque Tomás Villanueva me dijo que si quería parques en Castilla y León tenía que hacer esa cesión o no tendría ninguno”, ha abundado. Pero no fue él el único que tuvo que soportar las maniobras. Como presidente de la patronal de parques conoció más casos: “había que ceder, constituir sociedades” con empresarios locales que no tenían relación “con el tema eólico”. Una vez autorizados los parques, los compró Iberdrola, una práctica habitual en la trama. “No había otros competidores, si alguien tenía músculo financiero, era Iberdrola”, ha explicado.
“Estábamos condenados a vender”
Algo parecido ha contado uno de los responsables de Ider, José María Grau, que llegó a registrar ante notario un acta de manifestaciones acompañada de un memorando con el estado de tramitación de proyectos. Grau ha comentado que supo de autorizaciones redactadas pero sin firmar y de “indicios” de que se quería que los parques estuviesen a nombre de empresarios locales. “Las autorizaciones de retrasaban aunque tuviésemos DIA, conexión... lo teníamos todo. Pero tenían que estar en manos de empresas locales”, ha recordado.
Ider tenía dos socios: Caja Duero y Caja Cataluña, y se financiaba con un 20% de fondos propios y un 80% de entidades financieras, con modo llamado Project Finance, que se hacía por hitos, conforme se avanzaba en la tramitación. La intención era construir y explotar los parques, nunca se pensó en vender, pero estuvieron “condenados a hacerlo” si querían la autorización. “Estábamos abocados a la venta y aunque el precio era muy bajo los vendimos a Sinae. ”No teníamos más remedio“, ha lamentado. No ha puesto nombre a la persona que exigía la venta, lo ha hecho en genérico: ”La Junta de Castilla y León“.
El jefe de la sección de Energía Eléctrica de la Dirección General de Energía y Minas entre 2000 y 2010 también ha testificado este lunes y ha relatado que asistió a una con su superior, el jefe de servicio de Industria de Burgos el 30 de marzo de 2005 en la Consejería de Economía en Valladolid. Allí, Rafael Delgado les entregó un listado de parques de tramitación preferente que provocó “extrañeza y preocupación” porque se daba salida a parques en detrimento de otros que llevaban más tiempo esperando autorización y porque sus promotores preguntaban frecuentemente. Respecto a la instrucción de avocación de la que se valió Delgado para autorizar directamente, ha comentado que le pareció raro que se modificase un procedimiento que establece competencias por decreto se pudiese modificar por una instrucción.
También ha declarado una jurídica que realizó un informe sobre la instrucción de avocación sin que se le informase sobre el propósito. El juicio continuará este martes.