La 'trama eólica' de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y antiguos cargos de la Junta

Laura Cornejo

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Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.

El PP intenta enterrar la investigación judicial por financiación ilegal de las primarias de Mañueco

Saber más

La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación se estancaba.

Según el juez, el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de parques eólicos”.

Participaciones del 40% de empresarios locales y excargos de la Junta

Así, se exigió a promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado, que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado “semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.

Las empresas por las que apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico, vendió su parte a la eléctrica. El 'pelotazo' fue de 47 millones de euros. Con ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia, donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al menos.

Esgueva tuvo un paso por la Junta más que discutible entre 2003 y 2006. Un ejemplo es que mientras trabajó para la administración facturó sus servicios a través de una SL, y que aunque se le contrató por un salario anual de 56.000 euros, en cuestión de siete meses se le aumentó un 114%, hasta los 120.000 euros más iva.

Otro de los elegidos fue el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En 2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

Aparecen también los hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de Economía, el caso Perla Negra.

Que la Junta miró hacia otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio de 2003.

Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y solo se obtuvo cuando el parque cambió de propietarios. “Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El parque quedó en manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que salió adelante.

Testaferros y sociedades en paraísos fiscales

Delgado, siempre según el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas... y también pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35 euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013, con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas sociedades.

Delgado, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros como principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran, según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos. Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a Delgado.

Además de Delgado, los otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.

Entre los encausados está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama. Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica suficiente para asumirlas.

Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.

El PP intenta enterrar la investigación judicial por financiación ilegal de las primarias de Mañueco

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La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación se estancaba.

Según el juez, el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de parques eólicos”.

Participaciones del 40% de empresarios locales y excargos de la Junta

Así, se exigió a promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado, que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado “semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.

Las empresas por las que apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico, vendió su parte a la eléctrica. El 'pelotazo' fue de 47 millones de euros. Con ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia, donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al menos.

Esgueva tuvo un paso por la Junta más que discutible entre 2003 y 2006. Un ejemplo es que mientras trabajó para la administración facturó sus servicios a través de una SL, y que aunque se le contrató por un salario anual de 56.000 euros, en cuestión de siete meses se le aumentó un 114%, hasta los 120.000 euros más iva.

Otro de los elegidos fue el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En 2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

Aparecen también los hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de Economía, el caso Perla Negra.

Que la Junta miró hacia otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio de 2003.

Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y solo se obtuvo cuando el parque cambió de propietarios. “Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El parque quedó en manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que salió adelante.

Testaferros y sociedades en paraísos fiscales

Delgado, siempre según el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas... y también pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35 euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013, con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas sociedades.

Delgado, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros como principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran, según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos. Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a Delgado.

Además de Delgado, los otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.

Entre los encausados está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama. Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica suficiente para asumirlas.

Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.

El PP intenta enterrar la investigación judicial por financiación ilegal de las primarias de Mañueco

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La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación se estancaba.