El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado el recurso de apelación y confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila que condenó al alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, Iván Picós, y a su padre y exalcalde del mismo municipio, a un año y un año y medio de cárcel respectivamente, por edificar una vivienda sin licencia.
Además, el fallo confirma que se debe demoler lo construido ilegalmente y la obligación de “reponer a su estado originario de la realidad física alterada” en la parcela en la que se levantó el inmueble en este municipio situado a 55 kilómetros al sur de la capital abulense.
El regidor actual, del PP, construyó un inmueble en terreno rústico cuando su padre, que se presentó por el PSOE, era alcalde del municipio, tratando de hacer pasar la construcción como una casa de aperos, tal y como denunció en su momento el exconcejal y constructor, Félix Jiménez.
La Audiencia Provincial abulense falló con la citada pena después de que un primer juicio ambos resultaran absueltos por la misma instancia, con el voto de dos de los tres magistrados, mientras que el tercero emitió un voto particular en el que defendía la absolución de Alejandro Picós y la condena de su hijo a un año y medio de cárcel.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió anular la primera sentencia y ordenó repetir nuevamente el juicio con otros titulares, tras el recurso presentado por Félix Jiménez.
La Audiencia condenó entonces a Iván Picós a un año de prisión como “autor responsable de un delito contra la ordenación del territorio”, que incluye una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.
A ello se sumó la pena de “inhabilitación especial para profesión u oficio relacionados con la promoción y construcción de inmuebles durante el plazo de un año” para el actual alcalde de Hoyocasero.
Y se condenó al exalcalde de la localidad, Alejandro Picós, a un año y medio de cárcel como autor responsable de un delito de prevaricación urbanística, así como a las penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.