“Me dijeron que Iberdrola podía ser el socio local, pero no me pareció bien la propuesta porque querían quedarse con todo a cambio de nada”. Así ha reconocido este lunes uno de los testigos —el vicepresidente segundo de la empresa Preneal, Héctor García— de la Trama Eólica cómo procedía el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) a la hora de tramitar los proyectos de construcción de parques eólicos en la comunidad.
El juicio de la Trama Eólica ha continuado este lunes con la declaración de varios testigos que han señalado la existencia de un sistema interno que premiaba a los promotores dispuestos a incluir socios locales en sus proyectos y bloqueaba a quienes se negaban. La propia EREN y la Consejería de Economía habría desarrollado un sistema de “semáforos” que marcaba qué parques eólicos avanzaban y cuáles quedaban paralizados, como ha indicado el jefe del Servicio Territorial de Industria en Soria entre 1995 y 2011, Gabriel Ángel Jiménez Martínez.
“Un socio local para facilitar la tramitación”, una instrucción dada desde “más arriba”
El vicepresidente segundo de la empresa Preneal ha relatado que desde el EREN le recomendaron “buscar un socio local para facilitar la tramitación” de un parque eólico y que incluso le propusieron a Iberdrola. Preguntado por la persona que se lo comunicó, el testigo negó recordar quién aunque sí ha apostillado que fue “un señor” que le cayó “muy mal porque me preguntó si ya habíamos recibido instrucciones de regalar más de la mitad de las acciones”, ha precisado.
“Me dijeron que Iberdrola podía ser el socio local, pero no me pareció bien la propuesta porque querían quedarse con todo a cambio de nada”, ha explicado ante el tribunal para señalar que la orden vendría desde “más arriba”.
Después de rechazar esa opción, según ha explicado el testigo, volvió al EREN con otro nombre sobre la mesa: el grupo Collosa, una constructora de Castilla y León. “Les dije que ya tenía un socio local y pregunté si servía; me respondieron que sí, que valía”, ha señalado.
El empresario ha apuntado que la exigencia del socio local, una de las claves de la trama, no existía con anterioridad y que, según le habían indicado en el organismo público, se trataba de una instrucción “desde más arriba”. Esta figura de socio local, ha matizado, que en otras comunidades también se pedían socios de la región, aunque en el caso de en Castilla y León la práctica no tenía base normativa, sino política.
Su declaración refuerza la tesis central de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que la Junta impuso a los promotores la cesión de hasta un 40% del negocio a empresas locales elegidas por la Consejería bajo la amenaza de no obtener la autorización. Esas participaciones, según la acusación, se adquirían a bajo coste y luego se revendían con grandes beneficios una vez aprobados los parques.
Un sistema de “semáforos” para decir quién avanzaba y quién no
El otro aspecto clave lo ha dado el jefe del Servicio Territorial de Industria en Soria entre 1995 y 2011. Jiménez ha reconocido que durante los años investigados “circularon unos listados o semáforos” que clasificaban los expedientes de los parques eólicos en tres colores: verde, amarillo y rojo.
Los proyectos “verdes” eran los más avanzados, los “amarillos” estaban en tramitación más lenta y los “rojos” se encontraban paralizados. Aunque el testigo ha insistido en que esos documentos “no tenían sello ni validez oficial”, su existencia avala la idea de la acusación de un sistema informal de priorización. Según las acusaciones, esos “semáforos” reflejaban quién cumplía las condiciones impuestas desde la cúpula económica y quién quedaba fuera.
El exjefe de Industria ha defendido la creación en 2004 de la figura de la avocación, que centralizó en la Viceconsejería de Economía —dirigida entonces por Rafael Delgado, principal acusado— la potestad de autorizar los parques. A su juicio, fue una medida “lógica” ante la avalancha de solicitudes, “más de cuatrocientas solo en Soria”. Sin embargo, ese cambio supuso que las decisiones dejaron de depender de los servicios provinciales y se concentraron en la dirección política de la Consejería de Delgado.
Jiménez ha asegurado que nunca recibió órdenes directas de Delgado, sino de sus superiores inmediatos, Ricardo González Mantero y Tomás Ciria, ambos también acusados. Y ha añadido que solo conoció la existencia de la exigencia de socios locales cuando se presentó la querella de la Fiscalía.
Empresas sin proyecto eran designadas “interlocutores únicos”
El exdirector de Operación del Sistema de Red Eléctrica Española (REE), Luis Imaz Monforte, ha explicado cómo la Junta decidía qué proyectos podían conectarse a la red y cuáles quedaban fuera, ya que la capacidad de los nudos eléctricos era limitada. El testigo ha afirmado que resultaba “anormal” que una empresa sin proyecto en un nudo fuera designada “interlocutor único”, figura encargada de coordinar las conexiones de los parques.
Esa práctica, ha comentado que “no era habitual” y dependía de decisiones discrecionales. El exdirectivo de REE ha confirmado además que en 2008 se celebró una reunión entre el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y el presidente de Red Eléctrica, para actualizar el listado de parques en funcionamiento y en construcción. Para la defensa del exviceconsejero esto es un motivo que refleja que Delgado seguía órdenes del entonces de Villanueva, fallecido en 2017.
El caso, considerado el mayor proceso por corrupción en la historia de Castilla y León, sienta en el banquillo a trece personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta y empresarios del sector energético y de la construcción. La Fiscalía Anticorrupción pide 123 años y medio de prisión y más de 850 millones de euros en multas, de los cuales 42 años de cárcel y 239 millones corresponden a Rafael Delgado, al que sitúa como cabecilla de la trama.