La sesión de este miércoles del juicio por la trama eólica ha tenido como protagonista a la lista de parques eólicos que entregó Rafael Delgado y que se iban a tramitar. Una página impresa sin firma, sello o rótulo de la Consejería de Industria, de la que Delgado era entonces viceconsejero y, después, secretario general. En ese listado figuraban 42 proyectos de parques eólicos que estaban en diferentes puntos de su tramitación que se iban a avocar “y que había que tramitar”. El exjefe del Servicio Territorial de Industria en Burgos, Mariano Muñoz, notificó entonces que faltaban algunos proyectos que estaban listos para avocarse y que habían superado la Evaluación de Impacto Ambiental con bastante tiempo. “Me quejé de que esos parques no estuvieran y pregunté a Rafael Delgado en esa reunión. Me dijo que no iba a autorizar los parques eólicos y punto, y que me callara la boca”, ha testificado Muñoz, que ha considerado que Delgado se puso “bastante tenso”.
Esa reunión se vivió algo que Mariano Muñoz no había visto “nunca”, según ha admitido, al entregárseles un folio impreso sin sello ni firma. La reunión fue con los jefes del servicio territorial de cada una de las provincias, a los que se había citado en diferentes horas de manera individual. “No era habitual. No voy a prejuzgar, pero me sonaba raro a mí y a la técnica y decidimos hacer un acta, y para darle oficialidad, se la notificamos al delegado territorial. La finalidad era dejar constancia de lo que nos habían dicho porque si en el futuro había algún problema, alguien podría cuestionar por qué hacíamos A o hacíamos B, si esa hoja no estaba firmada”, ha relatado.
Los parques que el exjefe del Servicio Territorial echaba en falta estaban promovidos por Ibervento, en el que participaba Javier Mozo Herrera, que en 2006 informó al presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, de una “injusta discriminación” entre empresas del sector. Según el testimonio de Muñoz, Rafael Delgado atribuyó esa negativa a que parte del accionariado de Ibervento eran empresarios alemanes y que no “estaba por la labor de autorizarlos”. En relación con esta empresa, el exdirector del Ente Regional de la Energía (EREN), Ricardo González Mantero, señaló que hubo también “lío” con la Embajada de Alemania, que envió algún escrito para mostrar su disconformidad, y que hubo “una persecución” de los socios alemanes en una feria energética.
Llamadas entre empresas porque “les tenían que dar un hueco”
Ibervento, según ha señalado Mariano Muñoz, interpuso una demanda penal contra él por no haber autorizado los parques en su momento, aunque posteriormente fue desestimada. Muñoz ha defendido que por este motivo recuerda especialmente esta cuestión, porque le afectó personalmente y era “prioritario”. El exjefe territorial ha considerado que el permiso se hubiera dado de no haber sido necesaria la avocación del viceconsejero Delgado y ha recordado que tuvo varias conversaciones con altos cargos de la Junta y el empresario de Ibervento sobre esta cuestión. Mariano Muñoz ha recordado una ocasión en la que habló por teléfono con el empresario Javier Mozo y este le dijo que le habían llamado desde Collosa para decir que “les tenía que dar un hueco en el parque”, a lo que él se negó. “Alguien estaba diciéndoles a otras empresas que tenían que entrar, que llamaran a Mozo para que les vendieran parte o todo de Ibervento. Sabíamos que no se quería dar porque eran alemanes. El consejero lo llegó a decir en Cortes, que no lo iba a hacer porque eran alemanes”, ha afirmado en la sesión.
Mariano Muñoz, que actualmente es director general de Industria, ha explicado que aquellos proyectos eólicos que no estaban incluidos en esa lista no tenían “ninguna posibilidad de prosperar”. “Se nos dijo que no tramitáramos lo que no estaba allí. No era una cuestión de capacidad [de los nudos energéticos], es que no iban a poder continuar”, ha zanjado. A la lista inicial se le sumaron otras, en las que había pocas variaciones, que le fueron entregadas por Ricardo González Mantero o por el jefe del Área Eólica del Ente Regional de Energía (EREN) entre los años 2003 y 2005, Tomás Ciria.
Muñoz se ha calificado a sí mismo como un jefe de servicio “díscolo” por sus reiteradas peticiones de que las órdenes fueran entregadas por escrito para que quedara constancia y por levantar actas de alguna reunión. De hecho, ha atribuido que la Instrucción 2/2004 que permitía al viceconsejero de Economía aprobar estos parques eólicos —que suponía un cambio competencial “en toda regla”— se firmó porque él pedía que las indicaciones de la Viceconsejería fueran por escrito y no por teléfono. “Antes de la insrucción el director general de Energía y Minas (Manuel Ordóñez, ya fallecido, pero imputado en la causa al final de la Instrucción) me llamaba por teléfono y me decía: 'para adelante, no, déjalo parado, continúa'. Me parecía fuera de lugar y dije que eso no podía seguir así”, ha manifestado Muñoz. La Instrucción 2/2004 facultaba al viceconsejero de Industria a autorizar estos parques, algo que dejaba de estar en manos de los jefes del servicio territorial en cada provincia. El viceconsejero podía firmar la avocación antes de que el proyecto pasara incluso por una Declaración de Impacto Ambiental.
La exviceconsejera de Economía testifica por videoconferencia
Este testimonnio se ha producido después de que la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández —que sucedió a Rafael Delgado y resultó condenada en Perla Negra por un delito continuado de prevaricación administrativa a dos años de cárcel— dijera no recordar gran cosa sobre los trámites de esos años. Hernández, a la que ha reprendido el juez por su actitud, ha asegurado que ella no rechazó ningún proyecto salvo que tuviera algún “defecto administrativo”, aunque no ha recordado casos concretos de proyectos o en qué consistía esa Instrucción 2/2004. “Hace 15 años y no recuerdo las casuísticas”; ha reiterado Hernández, que tampoco ha recordado si impulsó un instrumento financiero que facilitara la entrada de los socios locales entre 2007 y 2008, como tampoco recordaba reuniones por las que se le han preguntado.
El exjefe de departamento de Energías Renovables del EREN, Rafael Ayuste, ha explicado que Ricardo González Mantero les informó a finales de 2004 de que el criterio para autorizar los parques iba a cambiar: en lugar de ser prioritario que se contara con un plan industrial que incluyera a empresas de Castilla y León, lo sería tener una participación de las empresas locales en el accionariado “a través de Iberdrola”. “Se nos dijo algo parecido: decidle a los promotores que la idea genérica sería que Iberdrola participaría en un determinado porcentaje en los parques y serían ellos los que después repartirían con las empresas locales los diferentes porcentajes o lo que fuera”, ha señalado Ayuste.
“Con catalanes no te vamos a autorizar el parque, tiene que ser con Iberdrola”
Durante esta jornada también ha comparecido un empresario que ha explicado que le dirigieron respecto a quien tenía que vender su proyecto de parque eólico en Soria. Ha señalado que hablaba telefónicamente sobre este proyecto con el exdirector del Ente Regional de la Energía (Eren) Ricardo González Mantero y el exjefe del área eólicas Tomás Ciria, informa Efe.
El testigo, de la Sociedad Altos del Rasero, ha expuesto que Mantero le manifestó que recibía instrucciones del exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, principal encausado en la vista oral, que se celebra en la Audiencia de Valladolid, contra exaltos cargos del Ejecutivo autonómica y empresarios.
“Me dirigían a quien tenía que vender el parque, me han estado dirigiendo continuamente”, ha resumido. El testigo ha narrado que entró en competencia con otro parque que promovía Iberdrola, una competencia que ganó él a finales de 2001, tras lo que la tramitación administrativa se ralentizó.
Desde el área eólica le dijeron que tenía que contar con socios para promover el parque porque a él solo no se lo iban a dar, por lo que llegó a un acuerdo con dos sociedades inversoras para que fueran entrando en el parque y se lo comunicó al EREN. El testigo ha subrayado que había seguido el expediente vía telefónica y que le dijeron, a finales de 2002, que con las empresas con las que estaba negociando el acuerdo eran catalanas y no les iban a dar el parque.
El representante de Altos del Rasero ha especificado que de forma paralela estuvo negociando un posible acuerdo con una empresa de ACS, lo que comunicó a uno de sus interlocutores, Ciria o González Mantero, en diciembre de 2004. Entonces le llamó Ricardo González y le dijo que en el parque tenía que entrar Iberdrola y que con la empresa de ACS no firmara.
“Iberdrola contactó conmigo y me dijo: como ya sabrás, no te van a dar el parque y te habrán dicho que tiene que ser para nosotros”, ha concretado. El testigo expresó entonces que no tenía inconveniente en llegar a un acuerdo con Iberdrola, lo que finalmente no se produjo porque le ofrecieron veinte millones de pesetas por lo que estimaron como gastos, lo que le pareció una cantidad “absolutamente irrisoria” cuando con la otra empresa que había estado negociando se hablaba de varios millones de euros.
La vista oral por el supuesto caso de corrupción continuará con la prueba testifical el próximo 14 de octubre.