Barcelona amplía las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en sus fincas

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en sus fincas. La primera convocatoria se publicó en febrero y, desde entonces, se han presentado más de 80 solicitudes, una cifra “mayor” de la que esperaba el consistorio.

Por ello, se ha decidido aumentar el presupuesto de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros y se ha ampliado el plazo para presentar las solicitudes hasta el 31 de diciembre. La ayuda está pensada, principalmente, para sufragar hasta el 50% los gastos de gestión derivados del cambio de los estatutos (notaría, registro u honorarios profesionales). El monto es de un máximo de 1.500 euros si se modifican los estatutos vigentes, y de 2.500 en esos casos en que los estatutos sean de nueva creación.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona y va en la línea del objetivo del consistorio de eliminar los pisos turísticos en la ciudad.

Para ello, Collboni ya anunció que su intención es no renovar licencias y acabar prohibiéndolos de cara a 2028. Aun así, para asegurar que el alojamiento vacacional queda vetado en Barcelona, el consistorio recomienda vetarlos también de las fincas, para prevenir posibles recursos a la norma. Igualmente, recuerdan que la modificación de los estatutos sólo sirve para prohibir que se instalen nuevos apartamentos, no para eliminar los que ya existen.

Para acceder a la ayuda, las fincas deben cumplir una serie de requisitos. Además de modificar los estatutos para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o actividades económicas en sus pisos, deberán también tener una cláusula homologable a la establecida por la Cambra y el Col·legi. Igualmente, se el nuevo texto se deberá inscribir en el registro y elevarlo a documento público para garantizar su validez ante terceros. Por último, es imprescindible que la comunidad esté al corriente de sus obligaciones tributarias.