El Govern abre la puerta ahora a modificar el contrato a Ferrovial de rastreo de casos de COVID-19 tras las críticas de los sanitarios
El Govern abre la puerta ahora a revocar el contrato de 17 millones a una filial de la empresa Ferrovial para que lleve a cabo las tareas de rastreo de casos de COVID-19 durante los próximos meses. La externalización de este servicio ha sublevado a gran parte de la comunidad médica y sanitaria, que exige a la Generalitat que ponga todos estos recursos a la Atención Primaria para que asuma esta tarea.
La portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha reconocido que “quizás no se ha escuchado suficientemente” a los sanitarios. “Vemos que la comunidad y el sistema de salud se han manifestado contrarios a esta decisión”, ha constatado en una entrevista en la Cadena SER, y ha añadido: “Tenemos que ser capaces de escucharles y tomar la decisión que corresponda, y si pasa por modificar la forma de hacer el seguimiento de casos, hablémoslo, valorémoslo”.
Budó ha recordado que Ferrovial ya está prestando el servicio de atención telefónica de emergencias médicas, el 061, con lo que ha considerado que “técnicamente” se trata de una “ampliación” del contrato de este 'call center'. Aun así, ha remarcado que, “si hace falta”, están dispuesto a “modificarlo”. Preguntada por las comisiones que pagó la empresa a Convergència –acreditadas por el juez en el caso Palau–, la portavoz simplemente ha pedido “no mezclar las cosas”.
La decisión de revocar o no el contrato no depende sin embargo de Budó, que pertenece a JxCat, sino del Departamento de Salud, en manos de ERC. La consellera del ramo, Alba Vergés, explicó este domingo en Rac1 que el cometido de los rastreadores del 'call center' será de “refuerzo” a la Atención Primaria.
Tras conocerse la adjudicación, las críticas le llovieron a la Generalitat por parte de entidades como el Col·legi de Metges de Barcelona, el Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP) o la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.