Los sanitarios catalanes exigen al Govern que revoque el contrato de 17 millones a Ferrovial para rastrear contactos de la COVID-19

Clamor de los profesionales de la sanidad pública catalana en contra de los 17 millones de euros que el Govern quiere pagar a una filial de Ferrovial para rastrear los contactos de los enfermos positivos de coronavirus. Los sanitarios han exigido a la Generalitat que revoque el contrato con Ferrovial y que sean los especialistas de la atención primaria los que se encarguen del seguimiento de los casos.

“Exigimos a Salut que revierta la decisión errónea de hacer que una empresa –Ferrovial– gestione a los rastreadores de la COVID–19. Tiene que ser la atención primaria por lógica, por coherencia y para mayor seguridad clínica”, ha expresado a través de Twitter el presidente del Colegio de Médicos de Catalunya, Jaume Padrós.

En la misma línea se ha situado la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. “Los profesionales de la atención primaria conocemos a las personas y su entorno. Nuestra intervención ha sido clave valorando la gravedad y haciendo seguimiento a domicilio. Es un error conceptual y de ineficiencia externalizar el seguimiento de contactos de la COVID-19. ¿Por qué no confiar el encargo y los recurss a la atención primaria?”, ha argumentado la entidad.

También desde el Fòrum Català d’Atenció Primària se han sumado a las críticas. “Una vez más los actos demuestran que no se confía en la atención primaria pese a los discursos. En vez de inyectarle dinero para asumir plenamente el seguimiento de casos y contactos y la atención a residencias, se da el dinero a una empresa privada por hacer una única labor que ya hacía salud pública”, han lamentado.

Ferroser Servicios Auxiliarias, una filial de la constructora Ferrovial, gestionará el dispositivo telefónico de la Generalitat para rastrear los contactos de las personas que hayan resultado positivas por COVID-19. El departamento de Salut ha decidido externalizar el servicio y adjudicar este contrato por un valor de 17,6 millones de euros en total, una contratación que se ha realizado sin concurso y amparándose en la normativa del estado de alarma, que permite otorgar contratos a dedo y por vía urgente.