Una jueza de Barcelona amnistía a los cinco síndicos electorales del 1-O tras un largo periplo judicial

Una magistrada de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas, y la abogada Marta Alsina.

Los cinco habían sido absueltos, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Entre tanto, se aprobó la ley de amnistía, aunque no se les aplicó debido a diversos conflictos competenciales entre órganos judiciales. Ahora, según ha avanzado El Nacional y ha confirmado la agencia ACN, han sido amnistiados con el informe favorable de la Fiscalía.

Los abogados de los síndicos solicitaron que se les aplicara la amnistía desde el mismo día de su entrada en vigor, hace ahora dos años, pero el anterior juez nunca respondió a su petición. La resolución del caso también se retrasó cuando el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que Verge era diputada de ERC y, por tanto, aforada ante el alto tribunal catalán.

El TSJC rechazó asumir la competencia y pidió al juez que concretara mejor la imputación. Finalmente, Verge dejó su escaño y la actual magistrada desbloqueó el pasado mes de abril la petición de amnistía para los cinco, solicitando el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe favorable a concederles la amnistía.

Los síndicos electorales fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una magistrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La Audiencia ordenó repetir el juicio, como reclamaba la Fiscalía, que pedía para ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó estancada en ese punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles la amnistía.

El Tribunal Constitucional (TC) puso en práctica con los síndicos del 1-O su nueva competencia para imponer multas millonarias como medida cautelar, una sanción coercitiva que finalmente retiró en noviembre de 2017 al constatar que durante el 1-O no habían hecho nada más que celebrar reuniones preparatorias.