Convergència ha usado hasta tres veces su poder institucional para no ser acusada en el caso Palau
El PDECat resiste al vendaval que ha provocado esta semana su último movimiento en el caso Palau. El Govern, a instancias de los neoconvergentes y sin el consenso de ERC, evitó que el Consorcio del Palau de la Música acusara a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el juicio. No fue una novedad: a lo largo de los ocho años de instrucción, los nacionalistas, actuando bajo las siglas de CDC o el PDECat, han usado su poder institucional hasta tres veces para intentar dejar el partido al margen de la causa.
Tal y como reveló este diario, la Generalitat impuso hace una semana su peso en el Consorcio del Palau de la Música para impedir que el organismo acusara a CDC por haberse financiado ilegalmente a través del Palau. Los tres representantes del Govern en el ente que reúne a las administraciones públicas en el Palau son del PDECat. Se trata del president, Carles Puigdemont, y el conseller de Cultura, Santi Vila, que delegaron su voto contrario a acusar a CDC en el secretario del departamento, Pau Villòria.
La Diputación se echó atrás
Hace dos años Convergència ya había maniobrado desde las instituciones que gestionaba para que la exculparan. El 11 de junio del 2015, la Diputación de Barcelona presentó ante el juzgado que instruyó el caso Palau escrito de acusación. Por aquel entonces, CiU presidía el ente provincial en funciones tras las municipales de mayo y había contado con el apoyo del PSC en el final de la legislatura. La Diputación ejercía la acusación por su cuenta ya que en 2002 el Estado la sustituyó en el Consorcio del Palau.
En línea con la Fiscalía, la Diputación consideró que CDC se financió irregularmente con comisiones de Ferrovial a través del Palau mediante entregas de efectivo a sus tesoreros y facturas y convenios falsos del auditorio con la fundación de CDC. Reclamó por ello cinco años de cárcel y una multa de diez millones al extesorero nacionalista, Daniel Osàcar. Sin embargo, un mes después, la corporación provincial comunicó al juez que se apartaba de la causa en la que había estado desde sus inicios, en 2009, cuando en la Diputación mandaba el PSC.
La orden la dio el expresidente del ente provincial, el convergente Salvador Esteve, dos días antes de que su compañera de partido, Mercè Conesa, fuera investida nueva presidenta de la Diputación tras un pacto con ERC. La explicación oficial para retirarse de la causa cuando ya había registrado el escrito de acusación en el que acusaba a CDC fue que presentar dicho escrito había sido un error involuntario.
Bandazos para no investigar a CDC
No hay dos sin tres. El Consorcio del Palau, que ahora no acusa a CDC gracias a los votos del Govern, dio otro bandazo de difícil explicación jurídica a favor de los intereses del partido coincidiendo con el cambio de gobierno que retornó a CiU y a Artur Mas a la Generalitat.
El 27 de octubre de 2010, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pidió abrir una pieza separada para investigar el presunto pago de comisiones a cambio de obra pública de Ferrovial a CDC a través del Palau. El Consorcio del Palau se adhirió a la solicitud de la Fiscalía el 15 de noviembre de 2010, trece días antes de las elecciones que pusieron punto y final al tripartito de izquierdas en la Generalitat.
Sin embargo, el 17 de enero de 2011, cuando no había pasado un mes de la vuelta al Govern de CiU, el Consorcio presentó otro escrito en el que se retractaba y rechazaba que se abriera una pieza separada. Alegó que “se podían perjudicar los intereses” del Palau. Un día más tarde, el Consorcio solicitó que, si se abría la pieza, no se realizaran las imputaciones reclamadas por el fiscal. Entre ellas figuraba la de Osàcar, que ha terminado en el banquillo de los acusados y se enfrenta a ocho años de cárcel.
El cambio de criterio del Consorcio motivó un inusual reproche del que en aquel momento era el juez instructor de la causa, Juli Solaz, en el auto de 22 de enero de 2011 por el que acordó abrir la pieza separada para investigar las presuntas comisiones de Ferrovial, motivo por el que se está juzgando al partido a día de hoy. Solaz tildó de “cambiante y particularmente confusa” la actuación del Consorcio y consideró que obedecía “a motivos completamente ajenos al ámbito jurídico procesal”.
El martes, nueva reunión del Consorcio
Todos los movimientos han sido en balde: tanto la Fiscalía como la acusación ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) sí acusan a la formación de recibir a través del Palau 6,6 millones de comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. Reclaman el decomiso de esta cantidad a la formación.
Por su lado, el Consorcio volverá a reunirse este martes. El Ayuntamiento de Barcelona someterá de nuevo a votación la acusación contra los convergentes. Un cambio de criterio del Consorcio parecía poco probable este viernes, según las fuentes consultadas, pese a la presión que ERC y el Ayuntamiento de Ada Colau han ejercido esta semana para acusar a CDC.
¿El dinero terminaría en el Palau?
Aunque finalmente el Consorcio formalice su giro, existen discrepancias sobre si los 6,6 millones de las presuntas comisiones terminarían en el Palau. El Ayuntamiento de Barcelona dice que si el Palau acusa a CDC sí podría reclamar el dinero. Por contra, fuentes jurídicas sostienen que, en caso de condena, los 6,6 millones irían al fondo de decomisos del Estado en vez de al auditorio.
Según las citadas fuentes, el Palau no puede presentarse como perjudicado directo y reclamar el dinero. El motivo es que el decomiso se pide como pena (y no como responsabilidad civil) por el delito de tráfico de influencias en relación a las presuntas comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. No sería, por lo tanto, dinero del Palau, a diferencia de los fondos saqueados por Millet y Montull.
El único precedente similar de un decomiso que no terminó en el fondo estatal, según las fuentes jurídicas consultadas, se dio con el caso Malaya, aunque en última instancia el Tribunal Supremo no permitió al Ayuntamiento de Marbella disponer del dinero al no considerarlo fiable para gestionar fondos públicos.
