Polonia retiene a los hijos de una madre española por ser trans y considerarla “un peligro psíquico”

Andrea (nombre ficticio) tiene en su casa de Sentmenat (Barcelona) una habitación dedicada a sus hijos, de siete y cuatro años. Pero hace ya más de dos que no duermen en sus camas ni juegan con sus juguetes. Están en Polonia, país de nacimiento de su otra madre, y Andrea no puede traerlos de vuelta porque un tribunal polaco considera que les “expondría a un peligro psíquico indudable y en una situación intolerable” por ser una mujer trans.

Su “calvario” empezó hace cuatro años, cuando inició una transición de género que puso en jaque un matrimonio largo, del que habían surgido dos niños. “Mi ex me pidió que me reprimiera o lo dejaríamos”, recuerda. Pero no podía esconder más quién era.

Empezó a tomar hormonas a escondidas a finales de 2020 y, cuando su mujer lo descubrió, rompió la relación. “Sé que le hice daño y me dolió que se fuera, pero si no podía aceptarme, igual tanto no me quería”, reflexiona. A raíz de eso, su expareja le comunicó que quería irse un tiempo con los niños a Polonia para reflexionar.

El acuerdo era que sería por poco tiempo. Incluso llegó a solicitar la inscripción escolar en Sentmenat de cara al curso siguiente. Andrea aceptó sin saber que las semanas serían años y que lo que se había acordado como una escapada temporal acabaría convertido en una batalla legal que está lejos de resolverse.

En Polonia se tiene la idea de que toda persona LGTBI es pederasta. Es una combinación de ideas que no entiendo, pero es así

Todo empezó cuando Andrea entendió que su expareja no regresaría. En 2021, interpuso una solicitud judicial en España de restitución internacional de los pequeños y otra de divorcio. Al poco, su ex inició un proceso en Polonia para retirarle la potestad parental en el juzgado de Sandomierz, una localidad que, aunque pequeña en población, tiene bastante peso económico y político en el país. “Es la meca del catolicismo”, resume Andrea.

Los procedimientos civiles en ambos países avanzan a ritmos distintos. En España, la Justicia no se ha pronunciado sobre el fondo pero, como medidas cautelares, ha acordado la custodia compartida de los menores y que Andrea abone a su expareja una pensión. En Polonia, en cambio, el juez decidió retirar la custodia de los menores a Andrea sin siquiera hablar con ella.

El motivo es que, según la ley polaca, no hay que llamar a declarar a uno de los dos progenitores si se considera que los hijos están en riesgo. Y así lo determinó el juez, que apuntó que la transición de género de Andrea era peligrosa para los pequeños. “En Polonia se tiene la idea de que toda persona LGTBI es pederasta. Es una combinación de ideas que no entiendo, pero es así”, asegura esta mujer, que recalca que cuando va a visitar a los niños tiene que hacerlo “bajo vigilancia absoluta”.

Fue entonces cuando la mujer decide poner una querella penal en el juzgado de Sabadell (Barcelona) contra su ex por sustracción internacional de menores. En febrero de 2022 se abrió la causa, donde Andrea ya ha declarado, pero no su ex, que ha desoído los requerimientos judiciales para comparecer. Las letradas de la mujer esperan una decisión judicial sobre su expareja como agua de mayo, pero reconocen que la tardanza es esperable. “Es un caso muy complejo sin apenas precedentes”, asegura la letrada de Andrea, Natàlia Santandreu.

“Una vulneración contra las minorías sexuales”

Mientras tanto, la batalla legal en Polonia sí avanzaba y, contra todo pronóstico, el juez de Cracovia ordenó el retorno inmediato de los niños a España a mediados de 2022 ya que “no existe ni la menor preocupación de que la restitución de los menores [...] conlleve la más mínima posibilidad de daño que se les pueda ocasionar”, tal como reza la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El juez daba 15 días para que los pequeños volvieran. Pero nunca lo hicieron. La madre recurrió ante el tribunal de apelación de Varsovia, que pidió un peritaje psicológico y psiquiátrico. De nuevo, las pruebas apuntaban a que Andrea “no padece de enfermedad mental y, aunque comprueba su supuesta homosexualidad y supuesto travestismo, no hay peligro para la seguridad de los menores”.

Pero el tribunal desoyó a los peritos y consideró que “todas sus actuaciones relacionadas con el cambio de sexo no contemplan en absoluto el interés superior de los menores, criados en familia natural, con el padre y la madre”, además de concluir que Andrea suponía un “riesgo psíquico indudable y perceptible” para sus hijos.

Los togados polacos tomaron su decisión por la condición de persona trans de Neuman y dejaron por escrito que los menores debían criarse en el modelo familiar previo a la transición de género de su madre. Un modelo “constitucionalmente preferido y arraigado mediante la experiencia histórica de la civilización europea”, apostillaron.

Esta sentencia podría suponer “una vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE” y una “extralimitación de las funciones del tribunal polaco”, según apunta Carme Simón, vocal de la Sección de Derecho de Familia del Col·legi de l’Advocacia de Catalunya (ICAB). La letrada explica que no es Polonia quien debe decidir sobre el destino de los niños tras un divorcio, sino la Justicia del país en el que vivían antes de ser retenidos ilícitamente. Es decir, España.

Ante cualquier riesgo para los menores, apunta Simón, Polonia no debería retenerlos, sino exigir a España que garantice su seguridad. Con cualquier otra decisión, el juez polaco “está contraviniendo la ley y anteponiendo sus creencias a lo que dicta la legislación”, asegura Simón.

En línea con la opinión de Simón, el Defensor del Pueblo polaco ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo de su país para que los niños puedan regresar a España. El caso tiene números para terminar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Una carrera contrarreloj

La expareja de Andrea opina igual que el juez polaco y considera que sus hijos “se traumatizarán” si la ven con el pelo largo y pendientes. Pero en su última visita, lo primero que hizo la menor fue peinarla. “No les importa el cuerpo que tenga, me quieren y yo a ellos”, asegura la mujer. Si bien reencontrarse con sus pequeños es siempre “una alegría”, el contexto es “hostil y desesperante”, según la madre, que cuenta que tiene que verles siempre en casa de su ex y bajo supervisión de la familia de su ex o incluso de la policía.

A pesar de que el tribunal polaco determinó que tiene derecho a ver a sus hijos una vez al mes, no puede permitirse tantos viajes y, de hecho, tampoco tiene fuerzas para hacerlos. “No puedo volver a esa casa. No así”, asegura.

Según Andrea, todo son impedimentos en las comunicaciones con sus hijos. De hecho, a pesar de que su expareja hablaba castellano con ellos cuando estaban en España, no han vuelto a escuchar esa lengua. Mientras al mayor aún le quedan nociones, la pequeña no habla ni una sola palabra. “No me puedo comunicar con ella más que por gestos. Y es muy triste que se les niegue un idioma tan importante por inquina”, asegura Andrea.

Pero la pérdida del conocimiento del idioma y del vínculo con el país en el que han residido toda su vida no es sólo por rencor. Según alerta Simón, en este tipo de casos el tiempo corre contra Andrea. “Cuánto más pase, más difícil será justificar que regresar a España será más beneficioso que quedarse en Polonia”, expone la letrada, que explica que la estrategia en este tipo de casos suele ser la de alargar lo máximo posible los periplos judiciales.

No pretendo que mi ex acabe presa porque no quiero separarla de los niños

La intensa batalla legal incluye demandas por sustracción de menores, peleas por la custodia en tribunales de ambos países y denuncias por impago de pensión. Con todo, la cárcel podría ser el destino de alguna de las dos, pero Andrea lo quiere evitar: “No pretendo que mi ex acabe presa porque no quiero separarla de los niños. Pero siento que ejercer esta presión es la única manera de acabar con la pesadilla”.

La querella no avanzará hasta que la madre de los niños venga a España a declarar como investigada, si bien hay pocas posibilidades de que eso pase, porque ella ha demostrado no tener interés en hacerlo por su propio pie. 

Según las abogadas de Andrea, sus posibilidades están en España. Por un lado, cuando se resuelva el divorcio y se establezcan las condiciones de la custodia y la guarda, podrá reclamar a Polonia que restituya a los menores para dar cumplimiento a la sentencia. Todavía tardará más la causa penal abierta en Sabadell, aunque Santandreu explica que la futura sentencia de esta causa, según el Reglamento Europeo, es ejecutoria e irrecurrible y, por tanto, Polonia se vería obligada a cumplirla. 

“Pero no sabemos si saldrá bien, porque no hay antecedentes de ningún caso con estas características”, se lamenta la abogada. De no tener éxito con ninguna de las estrategias, la última opción sería acudir al Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH). Pero Carme Simón define esta opción como “una carrera de fondo con final incierto”. Esta institución recibe miles de demandas al año. 

Andrea se encuentra en un callejón sin salida. Pero no pierde la esperanza: “No dejaré de luchar. No quiero que mis hijos piensen que les he abandonado”, se reafirma. Los últimos dos años han sido un calvario para ella, pero también los define como una etapa liberadora. Sabía que es una mujer desde que era adolescente, “pero tuvieron que pasar 15 años para que pudiera reconocerme como tal, aceptarme y dar el paso para ser feliz”, dice. 

Asegura que no se arrepiente de lo que hizo. “No era un capricho, no podía esconderlo más”, cuenta. La “mejor decisión” de su vida ha sido también “su peor pesadilla”. Ahora dedica todas sus fuerzas y su tiempo a luchar para que un país que no contempla los derechos fundamentales del colectivo LGTBI le devuelva, al fin, a sus niños.