Zakaria, mutilado en Melilla en 2022, declara ante el juez tras denunciar a la Guardia Civil: “No quiero que esto pase más”

El 2 de marzo de 2022, Zakaria tenía 17 años. Venía de Mali y fue una de las 2.500 personas que ese día intentaron acceder a España saltando la Valla de Melilla. Medio centenar lo consiguieron; entre ellas este joven. Ese salto masivo provocó la respuesta de la Guardia Civil, que intentó detener y devolver a los migrantes. En medio de ese operativo, Zakaria fue atacado por un agente, que le golpeó en la cabeza con una porra.

La agresión le dejó ciego para siempre y, hace poco, a pesar de los tratamientos, le han tenido que extirpar su ojo derecho. Hace tres años y medio, este joven denunció a los superiores del Guardia Civil que le agredió, pero no ha sido llamado a declarar hasta este miércoles. Lo ha hecho en la Ciudad de la Justícia de Barcelona, ciudad en la que vive desde 2023.

“Estoy contento porque, por fin, me han escuchado. No quiero que esto le vuelva a pasar a nadie más”, ha declarado a la salida de su declaración, en remoto ante al juez de instrucción de Melilla, que es el encargado del caso. Desde Irídia, entidad que ha acompañado a Zakaria, consideran que la actitud del juez ha sido positiva y ha permitido que empiece el proceso de reparación. “Para las víctimas de agresión y tortura es esencial sentirse escuchados y explicar qué les ha pasado”, ha apuntado Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia.

Esperan que el proceso no se alargue demasiado, aunque todavía falta un punto importante: identificar al agente que golpeó repetidamente a Zakaria en la cabeza y la espalda. El guardia civil responsable del operativo ya fue citado a declarar, aunque como testigo, no como investigado, y no ayudó a identificar al policía.

De hecho, la falta de autor ha sido un escollo en el proceso judicial de este joven. Al inicio, el tribunal decidió archivar la causa sin practicar diligencias al no contar con el nombre del agente. Fue la Audiencia Provincial de Málaga la que, después de un recurso, ordenó su reapertura e insistió en que, en casos de tortura policial, se debe investigar aunque no se cuente con un autor. Una vez aquí, el joven fue llamado a declarar en octubre de 2024, pero la cita se aplazó por errores en el procedimiento del juzgado.

“Estos plazos alargados son ejemplo más de la violencia institucional desproporcionada e injustificada que tiene lugar en la frontera sur bajo el pretexto del control migratorio”, sostienen desde Iridia, entidad que apoya a Zakaria en su querella. También cuenta con el peritaje psicológico de SIRA (centro de atención a víctimas de tortura). La denuncia es por un posible delito de tortura, contra la integridad moral y lesiones graves, con agravante por el componente racista.

Otro factor que desde Irídia consideran que añade gravedad al caso es que la víctima cuente hoy con protección internacional reconocida y el consiguiente permiso de residencia. “Una persona que debía ser protegida por el Estado fue mutilada por uno de sus agentes”, afean desde la entidad. “Es inaceptable que, ante la falta de medios para pedir asilo en España de una manera segura, muchos no tengan otra manera que saltar la valla”, ha insistido Olivella.

Zakaria venía huyendo de Mali debido al conflicto en el que hace años que se ve inmerso el país. Tanto él como su familia ya habían abandonado su pueblo natal intentando esquivar la violencia, pero poco después de haberse asentado de nuevo, en 2019, un ataque terrorista mató a 160 personas. Entre ellas, estaba la madre de Zakaria. Poco después, con 15 años, decidió dejar Mali y trató de pedir el asilo en Argelia, sin éxito.

Pasó un tiempo en Marruecos pero, después de haber sufrido episodios de “violencia policial y persecución”, según consta en la denuncia, el joven decidió pasar a territorio español a pedir protección internacional. Lo hizo con un amigo, a quien la Guardia Civil atrapó antes que a él.

Después de la agresión, Zakaria pasó al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) y, de allí, fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado 15 días. Pero, tras el alta, el dolor en el ojo no desapareció. Nadie le explicaba qué le había pasado ni si volvería a ver. No pudo recibir un tratamiento especializado hasta que se trasladó a Barcelona, ciudad a la que llegó gracias al acompañamiento de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también le ha ayudado en el proceso de asilo.

Una vez en la capital catalana fue cuando recibió la noticia: su ojo estaba perdido y no iba a recuperar la vista. “No quería vivir. No entendía por qué me había pasado eso. En Mali, mi vida corría peligro, pero sabiendo que me iban a hacer esto, venir no merecía la pena”, aseguró el joven en una entrevista con elDiario.es cuando se anuló su primera declaración.

Hoy, Zakaria ha rehecho su vida, vive en su propio piso y está estudiando. Ahora se está reinventando porque, cuando llegó a la capital catalana empezó a trabajar como cocinero, pero tuvo que dejarlo porque los dolores en el ojo eran demasiado. “El vapor de la cocina era muy doloroso, me picaba y me dolía”, asegura el joven, a quien se le ha reconocido un 40% de discapacidad.

Otra de las secuelas que le quedan al joven son las psicológicas; ha sido diagnosticado con un Trastorno por Estrés Postraumático y un Trastorno Depresivo Mayor. “Que se tarde tanto tiempo y haya tantos obstáculos para reparar su caso genera revictimización. La justicia personal y colectiva, que es lo que busca Zakaria, es un derecho”, apunta Paula Rossi, psicóloga de Irídia.

Desde la entidad insisten en señalar que el caso de este joven no es aislado. “Forma parte de un contexto concreto y sostenido de violencia y racismo institucional”, sostiene la entidad, que recuerda que la agresión se dio tres meses antes del 24 de junio, día que se conoce como el de la “masacre” de Melilla. Aquella jornada 2.000 personas intentaron saltar la valla, 40 de ellas perdieron la vida y 77 siguen desaparecidas.

Y eso, dos años antes de los hechos de Ceuta de este verano, cuando la cifra de migrantes que intentaron cruzar la frontera ascendió a los 70.000. Más de 140 personas fallecieron y casi 300 resultaron heridas.

“Recordamos la urgencia de habilitar vías legales y seguras de acceso a España y a la UE, que garanticen el respeto a los derechos humanos y al derecho de asilo”, insisten desde Irídia. Y añaden la necesidad de crear mecanismos de control independientes que “investiguen y depuren responsabilidades” en casos como el de Zakaria, para que las víctimas puedan tener garantías de verdad, justicia y reparación.