El Palacio de Justicia de Catarroja fue arrasado por la DANA del pasado 29 de octubre. Los jueces y funcionarios fueron trasladados provisionalmente a la Ciudad de la Justicia de València, su ubicación actual, ante la imposibilidad evidente de desarrollar su trabajo en la localidad de l'Horta Sud. El sótano del edificio se quedó completamente inundado durante una semana y la primera planta también se vio afectada por el fango a consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. Sin embargo, la próxima finalización de las obras de rehabilitación del sótano, la planta baja, los accesos y la fachada de la sede judicial empieza a planear sobre la causa más importante que se instruye por parte de un juzgado de Catarroja: la de la DANA, en la que figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La Conselleria de Justicia adjudicó un contrato de emergencia para las obras de reparación por un importe total de dos millones de euros. Las actuaciones se iniciaron el pasado 4 de noviembre y la propuesta de resolución del contrato establecía una duración estimada de cuatro meses. Aunque no hay una fecha clara para su reapertura, sería en todo caso pasado el verano, según algunas fuentes.
El procedimiento penal de la DANA cuenta con decenas y decenas de acusaciones, tanto particulares como populares, dos defensas y cientos de familiares de las víctimas mortales, que han declarado como testigos en la Ciudad de la Justicia de València. También cuenta con la consiguiente cobertura mediática, al tratarse de la mayor tragedia de las últimas décadas, que dejó 228 fallecidos.
Con ese panorama, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ha pedido a la instructora que solicite a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia su “permanencia” en su actual localización en València “una vez se encuentren operativos” los juzgados de Catarroja.
Ante la “inminencia” de la reapertura del Palacio de Justicia de Catarroja, la acusación popular alega que la jueza de la DANA se debe quedar en València “para el buen orden de la instrucción”, al menos mientras cuente con el refuerzo que acordó el Consejo General del Poder Judicial (prorrogado el pasado 26 de junio).
El escrito de ACPV, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que, en el marco de la sensible y compleja causa, se investiga el fallecimiento de 228 personas y de un “número indeterminado de lesionados” en casi una treintena de localidades. Centenares de familiares de víctimas y decenas de testigos han declarado ante el juzgado, que ha dictado más de un centenar de autos y providencias.
Las instalaciones de la Ciudad de la Justicia han permitido a los letrados de las acusaciones y de las defensas “desarrollar su trabajo en excelentes condiciones, con medios avanzados de grabación de las sesiones y de conexión telemática para las partes que no han podido participar presencialmente”.
Por el contrario, argumenta el abogado de ACPV, Manolo Mata, las instalaciones en Catarroja “ni de lejos están preparadas para asumir la avalancha de trámites judiciales que alterarían sobremanera el natural devenir” del resto de juzgados de la localidad, “menoscabando, de hecho, el derecho de defensa de acusaciones y defensas, con riesgo de dilaciones indebidas”.
El escrito de la acusación popular concluye que “se debe intentar agotar al máximo la posibilidad de desarrollar la instrucción en la Ciudad de València”.