El 'caso multas' de Castelló no acaba con la dimisión del concejal de movilidad: el juez ordena investigar por tráfico de influencias
El proceso judicial en torno a las multas de la zona azul presuntamente impagadas por el ya exconcejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, del PP, ha tomado un nuevo impulso tras la notificación del Juzgado de Instrucción número 5. El magistrado ha comunicado formalmente a las partes la reapertura del caso atendiendo al mandato de la Audiencia Provincial, lo que supone un giro significativo en el calendario judicial de la ciudad. A través de un auto reciente, el juez subraya que es necesario continuar con la instrucción para esclarecer la participación de Ramírez en los hechos denunciados, dejando claro que su reciente salida del gobierno de Begoña Carrasco no exime de la necesidad de investigar si existió relevancia penal en su actuación.
La reapertura de estas diligencias se fundamenta en la extrañeza expresada por la Audiencia Provincial ante la caducidad sistemática de decenas de sanciones. Los magistrados superiores consideraron altamente sorprendente que un volumen tan elevado de multas pudiera prescribir sin llegar a notificarse nunca a una persona que resultaba perfectamente localizable para la administración por su relevancia pública. Por ello, la investigación se centrará ahora en determinar si detrás de esta prescripción masiva de sanciones, ocurridas principalmente entre enero de 2023 y enero de 2024, se esconde un presunto delito de tráfico de influencias o cualquier otra irregularidad administrativa que haya podido beneficiar al entonces responsable de Movilidad.
En esta nueva fase del procedimiento, el juzgado requerirá al Ayuntamiento de Castelló un informe detallado y exhaustivo sobre el historial de sanciones vinculadas al vehículo de Cristian Ramírez durante el periodo investigado. El juez quiere conocer con precisión el recorrido administrativo que siguió cada multa y esclarecer por qué muchas de ellas nunca llegaron a la fase de recaudación ejecutiva. Se analizarán minuciosamente los trámites realizados por los diferentes departamentos municipales para verificar si hubo algún tipo de instrucción interna o negligencia deliberada que permitiera que las sanciones caducaran antes de ser abonadas.
La presión sobre el exconcejal se ve reforzada por los datos aportados por el grupo municipal del PSPV, que constan en la documentación judicial. Según estas cifras, Ramírez pudo recibir hasta 167 sanciones en un solo año, de las cuales 88 habrían sido impuestas cuando ya ocupaba su cargo como concejal de Movilidad. El hecho de que al menos 70 de estas multas no figuren como pagadas y hayan terminado prescribiendo es el núcleo del conflicto que ahora la Justicia, con el apoyo de la Fiscalía, busca desentrañar para asegurar que no se ha producido un quebranto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.