El concejal de Informática del PP en Castelló gana una plaza de funcionario en el área que dirige tras evaluarlo subordinados

Una situación de ética como mínimo cuestionable, así se considera el nombramiento definitivo de Francisco Cabañero, actual concejal de Modernización e Informática con el PP en Castelló de la Plana, como funcionario de carrera en el mismo departamento que él dirige. El proceso, aunque legalmente válido, ha despertado duras críticas por la falta de estética ética al haber sido evaluado por personal que depende jerárquicamente de su gestión.

El origen de esta situación se remonta al anterior ejecutivo progresista, que redactó las bases de estabilización para reducir la temporalidad en la administración. Sin embargo, la convocatoria oficial se produjo en junio de 2023, momento en el que Cabañero ya conocía su condición de concejal electo y su inminente entrada en el Gobierno municipal. A pesar de su nueva responsabilidad política, el edil decidió continuar con el proceso para consolidar su plaza técnica en la casa.

El conflicto del tribunal evaluador

Uno de los puntos más críticos de la convocatoria ocurrió en octubre de 2024. Inicialmente, el tribunal encargado de calificar las pruebas estaba compuesto por subordinados directos de su propio departamento de Informática. Tras las protestas de la oposición y las dudas sobre la imparcialidad del proceso, se procedió a una modificación del órgano evaluador.

Finalmente, el tribunal fue sustituido por una funcionaria informática de la Diputación de Castelló y tres funcionarios municipales ajenos al área de Modernización. No obstante, las críticas persisten, ya que estos últimos no dejan de ser subordinados indirectos de Cabañero en su calidad de miembro del Gobierno local.

Críticas de la oposición: “Legal, pero no ético”

Desde Compromís, el concejal Ignasi Garcia ha denunciado la oportunidad del anuncio, señalando que el nombramiento debería haberse hecho público en enero, pero se ha demorado hasta mediados de marzo, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena.

“Es un nombramiento legal, pero carece totalmente de ética”, afirma Garcia. “El concejal debería haber dimitido en el momento en que decidió presentarse a una plaza de su propio departamento, pero si no lo hizo entonces, al menos debe hacerlo ahora que el proceso ha concluido”.

Para la formación valencianista, el hecho de que el Gobierno municipal cambiara el tribunal original es la prueba de que “sabían que era un proceso estéticamente inaceptable”. Por el momento, Cabañero mantiene su acta de concejal mientras consolida su futuro como funcionario en la misma administración que hoy lidera políticamente.