Cinco sentencias que desarmaron el bulo del 'Bar España' dan pie a una condena a prisión a sus difusores conspiranoicos

Cinco sentencias que han desarmado el bulo del 'caso Bar España' —la última de este mismo año— dan pie a que los conspiranoicos acusados de propagar sin freno el infundio en la red sean condenados a eventuales penas de prisión. El fiscal Javier Carceller, en la sesión del juicio dedicada a la exposición de su informe de conclusiones definitivas, celebrada este viernes, esgrimió detalladamente las resoluciones condenatorias, tanto en la jurisdicción penal (por denuncia falsa) como en la civil (por intromisión al derecho al honor), y elevó la petición de penas de cárcel, así como la responsabilidad civil para indemnizar a las víctimas.

El representante del Ministerio Público destacó que se trata del “primer juicio” por la “difusión masiva” durante casi tres décadas de un bulo en internet y en redes sociales que “ha alcanzado dimensiones colosales”, con una amplificación “imparable” e “infinita”. En parte, gracias a una “regulación penal obsoleta e insuficiente”. Las víctimas han sufrido un dramático “linchamiento público, despiadado, permanente e injusto, que ha destrozado por completo su reputación personal y profesional”.

“Los hechos que ahora se enjuician no pueden calificarse simplemente como una desinformación ni como una 'fake news', el daño a las víctimas ha sido irreparable, ha sido una tropelía, una salvajada, una acumulación continuada de delitos que merece una respuesta en forma de condena penal muy contundente y enérgica”, manifestó el fiscal.

El representante de la acusación pública situó el inicio del bulo en 1997: “Todo comenzó con Reinaldo Colás”. El peluquero de Benicarló, por una venganza contra su exmujer, denunció a la pareja de esta última por los supuestos abusos sexuales sufridos por las hijas de ambos. Sin embargo, tras una investigación de la Guardia Civil, “se comprobó que las hijas [menores de edad] estaban siendo manipuladas” por Colás, tal como han declarado en el juicio, ya adultas, las dos mujeres (en condición de testigos y con obligación de decir la verdad).

Reinaldo Colás incluyó en su fantasioso bulo a la jueza que archivó su denuncia inicial, la magistrada Sofía Díaz, que ha sufrido un auténtico calvario, y a enemistades personales de Benicarló con las que mantenía “alguna diferencia por razón de vecindad.

Y, “para darle mayor notoriedad”, incluyó a Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castelló, que en aquella época “salía todos los días en prensa como consecuencia del proceso conocidísimo que tuvo en aquel momento” por corrupción.

En una primera fase analógica del bulo, Colás repartió pasquines en Benicarló, señalando con nombres y apellidos a la jueza y a algunos de sus vecinos, y “para dotar de veracidad a su relato, contactó con varios menores a los que con promesas de regalos, incluso con suministros de drogas, les hizo contar haber sido víctimas y haber presenciado atrocidades que atribuía cometer a los antes mencionados en el Bar España”, un establecimiento de carretera conocido en la zona por abrir las 24 horas del día.

En aquella etapa inicial del bulo, que ya tuvo cierto arraigo local, se dictaron las primeras condenas a sus difusores primigenios. El Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs condenó a Reinaldo Colás como autor criminalmente responsable de un delito de acusación y denuncia falsa. “Pese a la condena y pese a la retractación de los testigos que sustentaban esas imputaciones, Reinaldo y su entorno siguieron difamando a sus víctimas”, relató el fiscal.

De hecho, Reinaldo Colás aún sería condenado en una “nueva” sentencia (dictada el 17 de abril de 2013) por el mismo delito de denuncia falsa. “Ello no fue obstáculo para que siguiera con su empeño difamatorio”, remachó el fiscal.  

Un bulo que “se sigue difundiendo” hoy en día

El peluquero, con problemas de alcoholismo, inauguró una segunda fase digital de propagación desenfrenada del bulo y contactó con uno de los principales acusados, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado. Así “reactivó su campaña de difamación utilizando redes sociales y publicaciones en internet”, dijo el fiscal Carceller.

Las siguientes denuncias de los vecinos y de la jueza difamados dieron origen al procedimiento que se juzga actualmente. Sin embargo, Reinaldo Colás falleció en 2017, extinguiéndose así su responsabilidad penal. Al año siguiente, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Castelló uno de los colaboradores del peluquero, Joaquín Crespo, también por denuncia falsa.

Las denuncias (falsas), todas archivadas, que a diestro y siniestro presentó Crespo, también fallecido, “fueron utilizadas” por los acusados, a modo de herencia, en la postrera etapa digital de la propagación del bulo, “que a fecha de hoy se sigue difundiendo”, según precisó el representante del Ministerio Fiscal.

Además, dos de los acusados en esta causa —los conspiranoicos Pilar Baselga Calvo y Juan Lankamp Riaza— fueron condenados por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima al derecho al honor tras una demanda de la magistrada Sofía Díaz. Baselga pagó una indemnización de unos 24.000 euros.

Los acusados, tanto en YouTube como en pódcast o en todo tipo de redes sociales, propagaron sus chaladuras tóxicas, inspiradas de Colás, obviando “cualquier tipo de referencia” al hecho de que las denuncias del peluquero habían sido investigadas “hace mucho tiempo” y “con detenimiento” y a que se habían archivado mediante resoluciones firmes. También soslayaban, según abundó el fiscal, el hecho de que Reinaldo Colás fue condenado por denuncia falsa. “Toda esta información no interesaba para los divulgadores”, ironizó.

La última condena por calumnias

Por si fuera poco, este mismo año, fue condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló un tal José María Álvarez Moreno por delito continuado de calumnias con publicidad contra funcionario público o autoridad, en referencia a la magistrada Sofía Díaz. Álvarez, según el apartado de hechos probados de la sentencia, remitió correos electrónicos a varias instancias judiciales con la misma cháchara de siempre sobre el 'caso Bar España', incluyendo “vídeos difamatorios” contra la jueza y el vilipendio de que los supuestos implicados en la (falsa) trama de pederastia de Castelló eran “los verdaderos asesinos de las niñas de Alcàsser”, entre otros dislates.

La sentencia de la Audiencia de Castelló enmarca la condena en una “campaña orquestada”. El fiscal Javier Carceller destacó la “trascendencia” de esta última resolución, a modo de antecedente jurisprudencial, de cara a los hechos enjuiciados actualmente ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló.

El fiscal lamentó que “aún subsisten vivas” en la red las manifestaciones falsas de los menores manipulados por Reinaldo Colás. También tachó de “increíble” que algunos de los acusados “siguen manteniendo la veracidad” del bulo. Sin embargo, “todo lo publicado es absolutamente falso”, remató Carceller.

El representante del Ministerio Público siempre suele aludir al carácter prácticamente distópico del bulo del 'caso Bar España', con una cantidad “inabarcable” de referencias en la red —“No las he contado porque es imposible”, afirmó— y con la “imposibilidad del borrado completo” de los contenidos publicados, que “permanecerán expuestos de manera indefinida”.

Las “graves repercusiones” del bulo para las víctimas

La huella digital de los difamados, especialmente de la magistrada Sofía Díaz, habrá quedado marcada hasta la eternidad, sin posibilidad de reparación. La declaración de la jueza, según el fiscal, fue “realmente impactante”, al igual que el relato de las “graves repercusiones en el ámbito familiar y profesional, lo que ella decía la afectación indefinida”.

A Javier Carceller también le “conmovió” la declaración de Francisco Camps, quien estaba “dispuesto a perdonar” a los acusados, debido a sus convicciones religiosas, aunque no a efectos de que fueran absueltos penalmente, según precisó el expresident de la Generalitat.

El fiscal considera plenamente acreditada la “relación” entre varios de los principales acusados, todos ellos conocidos exponentes del mundo conspiranoico hispanohablante: Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, Juan Lankamp, Pilar Baselga o Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del sistema.

Sobre este último, en la fase de prueba documental del juicio se emitió un fragmento del reportaje sobre el bulo elaborado por el programa Equipo de investigación de La Sexta en el que el joven, lejos de retractarse, pedía que los supuestos implicados en la (falsa) trama del 'caso Bar España' fueran “quemados en público”. Hernández, que no había sido procesado inicialmente en la causa, “se autoatribuyó” en el programa televisivo la autoría del canal Las cloacas del sistema, propiciando así acabar sentado en el banquillo de los acusados.

“Al menos” una de las defensas ha insinuado durante la vista oral, en la línea conspiranoica habitual, que las denuncias de Colás nunca fueron investigadas, una tesis “especialmente grave” a estas alturas de la película, a juicio del Ministerio Fiscal. La referencia iba dirigida a Javier Fernández Torres, un letrado que ejerce su propia defensa y que figura en el banquillo de los acusados por haber difundido el bulo mediante una “firma privada” denominada “Abogados contra la Corrupción”.

La “paciencia inmensa” del juez

“En general”, dijo Carceller, “no ha habido una prueba de descargo” hacia los acusados en la vista oral, en la que el juez ha hecho gala de una “paciencia inmensa”, según le reconoció el fiscal, quien también aludió a algunos movimientos de las defensas cuando menos desconcertantes. El abogado de Juan Lankamp (un 'youtuber' con casi 90.000 suscriptores en su canal condenado por difamaciones relacionadas con el 'caso Alcàsser') aportó un informe pericial sobre su cliente, elaborado por un médico forense, que “lo que dice es que está completamente normal, que no tiene afectadas sus facultades intelectuales”, según destacó el fiscal sin ocultar su sorpresa ante tan extraña y paradójica “prueba de descargo”.

Lankamp y Gabriel Hernández se acogieron a su derecho a no declarar (ambos comparten el mismo letrado). El primero expresó ante los medios de comunicación al inicio del juicio su retractación. Por otro lado, Un técnico preocupado se retractó “a medias, sin reconocer completamente los hechos”, según le reprochó el fiscal. Y Pilar Baselga, agregó Carceller, “justifica su actuación diciendo que quería sumarse a una causa justa”, en una suerte de “compromiso vital”.

El juicio termina con las próximas sesiones agendadas para el 5 y 6 de noviembre, con el final del informe de conclusiones del fiscal y con los de las defensas, una fase de la vista oral que precede al opcional turno de última palabra reservado para los acusados.