Ciudadanos quiere que la Oficina de Conflictos de Intereses de la Generalitat Valenciana sea más independiente del poder Ejecutivo y pase a depender del Parlamento autonómico. El grupo parlamentario presenta una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019 sacar este ente de la Conselleria de Transparencia.
La idea de la formación de Toni Cantó es que el organismo que vigila las incompatibilidades de los altos cargos pase a depender de la Agencia Antifraude, una entidad adscrita las Corts Valencianes..
La enmienda plantea que “la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, creada por Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, queda adscrita a esta Agencia, que asumirá, dentro de su ámbito de actuación previsto en el artículo 3, las funciones encomendadas a dicha Oficina”, modificando la ley de la Agencia Antifraude.
La oficina fue creada en 2018 como consecuencia de la ley de incompatibilidades que aprobó el Ejecutivo del Botànic en 2016. El departamento dispone de 210.000 euros y de cinco funcionarios de carrera -cuatro y el director- para analizar y solventar todas las dudas sobre posibles conflictos de intereses en los altos cargos del Gobierno valenciano. Este departamento no quiso facilitar información sobre si había una investigación de la operación del banco público con el grupo mediático en el que Ximo Puig tiene un pequeño paquete accionarial y si suponía un conflicto que el president no se ausentara en la votación del decreto que permitió la quita de la deuda de la empresa.