La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha escenificado este miércoles la oposición frontal entre la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, de Compromís, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, sobre el polémico proyecto de ampliación del puerto. Entre medias, un responsable de la Comisión Europea ha comparecido para aclarar que el organismo sigue manteniendo su posición inicial sobre el proyecto: “El proyecto constructivo todavía no ha sido presentado ni tampoco autorizado, no existen indicios de que haya habido una infracción a la directiva de impacto ambiental”. Así, ha emplazado a los opositores al proyecto de ampliación a dirigirse, de momento, a los órganos jurisdiccionales españoles.
Mollà ha iniciado su discurso denunciando “públicamente” que la APV “intenta evitar, con todos sus medios al alcance, realizar una evaluación ambiental ajustada al proyecto real” de ampliación, necesaria para estimar “sin ningún género de dudas, el impacto sobre la Albufera”. La consellera ha asegurado que “es un hecho” que el proyecto que obtuvo la declaración de impacto ambiental (DIA) “ha sido modificado sustancialmente”.
Aurelio Martínez, por su parte, ha asegurado que el proyecto de ampliación “se ha diseñado a la sombra de los temporales dominantes para minimizar el impacto en la costa sur” de Valencia. “Somos el puerto de Madrid”, ha dicho tras desglosar las tasas de crecimiento y los datos de tráfico de contenedores de exportación e importación. “Lo hemos hecho siendo absolutamente respetuosos con los temas medioambientales”, ha afirmado Martínez en su comparecencia telemática.
El presidente de la APV sostiene que “ahora hablamos exclusivamente de actuaciones en aguas abrigadas” y ha asegurado que el proyecto no comporta un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, vertidos o generación de residuos: “Lo que hay es menor utilización de recursos naturales”. Martínez también rechaza que afecte a espacios protegidos por la red Natura 2000 (en referencia a la Albufera). “Ahora, al desplazar la terminal a la zona norte, todavía nos alejamos medio kilómetro más de la Albufera”, ha defendido. Martínez también ha anunciado que las recomendaciones de Puertos del Estado “van a ser recogidas en el proyecto definitivo que no tenemos todavía”.
Mollà, en una intervención muy dura, ha tildado de “hecho insólito” que el Ministerio de Transición Ecológica resolviera otorgar a la APV “la condición a su vez de órgano sustantivo, responsable de velar por el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, pasando automáticamente a ser juez y parte sobre las repercusiones de su propio proyecto”. “Repercusiones que se niega a evaluar”, ha agregado.
“Han pasado 14 años, el proyecto inicial ha cambiado sustancialmente, el conocimiento técnico ha evolucionado, la legislación ambiental exige nuevas garantías incluso sobre proyectos evaluados, existe riesgo de mayor afección a la Albufera y el escenario de cambio climático en el Mediterráneo ha empeorado”, ha dicho la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha agradecido a Aurelio Martínez la “claridad de la explicación del proyecto” y “la templanza con la que está actuando en este proceso”. En comparación, la bienvenida de Rodríguez-Piñero, miembro del consejo de administración del Puerto, a la consellera Mollà ha sido cordialmente fría. “El proyecto de ampliación del puerto de Valencia está en marcha desde hace años y lo que pretende hacer con los nuevos cambios es adaptarse a ese reto de la emergencia climática”, ha asegurado.
Rodríguez-Piñero ha asegurado que las afecciones a las playas del sur de Valencia “se vienen produciendo desde hace casi 50 años” y ha asegurado que “la lucha contra el cambio climático es irrenunciable pero ello no significa dejar de crecer ni dejar de invertir”. La eurodiputada socialista ha recordado que el Puerto es un “instrumento estratégico” para el desarrollo de la economía valenciana (“40.000 familias viven de la actividad económica del Puerto de Valencia y 20.000 empresas españolas utilizan sus muelles para exportar sus productos y para abastecerse”, recuerda Rodríguez-Piñero). La eurodiputada socialista, en la línea de la Comisión Europea, también ha sugerido al peticionario (un particular preocupado por el impacto medioambiental del proyecto) que acuda a la “jurisdicción nacional”.
Margrete Auken, eurodiputada verde danesa, se ha mostrado escandalizada por el argumentario de Aurelio Martínez: “Este puerto es cuatro veces mayor que el que se habló en 2007 y el estudio de impacto hay que respetarlo, las autoridades del puerto no deben decidir nada”. “Francamente me choca la respuesta”, ha asegurado. Auken ha acusado al presidente de la APV y a la CE de hacer “juegos malabares” y de actuar como “trileros”. La veterana política de izquierdas ha ilustrado la particular forma de tratar las evaluaciones ambientales al sur de los Pirineos y ha recordado una visita junto a una compañera irlandesa a las obras de la M-30 de Madrid en la que les aseguraron que no era necesaria una DIA ya que no se trataba de una autovía sino de una calle.
Manu Pineda, del Grupo de la Izquierda, ha denunciado que la ampliación del Puerto de Valencia es una “obra muy peligrosa” que “responde a los intereses de las grandes navieras y no al interés general”. Por su parte, el eurodiputado verde Ernest Urtasun ha pedido a la CE que que “sea mucho mas estricta con este proyecto” y ha denunciado las “dudas razonables de que vaya a vulnerarse la legislación ambiental” europea. “Como muy bien ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, faltan muchos elementos por saber de esta infraestructura”, ha agregado Urtasun.
Pablo Arias Echeverría, del grupo popular europeo, ha aprovechado para hurgar en la herida aludiendo a las posturas diametralmente opuestas entre los socios del Gobierno valenciano en relación al proyecto de ampliación del Puerto. Así, el eurodiputado conservador ha mostrado su “perplejidad por la posición de la consejera Mollà, que forma parte del gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, donde también ha escuchado la posición del grupo socialista que está a favor de la ampliación”. “Me parece grave si lo que se intenta es utilizar la normativa actual vigente en materia medioambiental para paralizar proyectos como este por cuestiones ideológicas”, ha apostillado Arias Echeverría, quien ha recordado que puertos como el de Tánger están “mermando” la competitividad de la economía española.
El peticionario, un particular, ha exigido al Gobierno español que intervenga en el proyecto y que “cuente con las debidas garantías medioambientales”. “Hay que llegar al fondo del asunto y conocer cuál es el proyecto final”, ha pedido. Su letrado ha anunciado que presentará una nueva petición cuando se licite el proyecto de ampliación. La Comissió Ciutat-Port ha lamentado que se haya excluido su participación en la sesión.
Los votos mayoritarios de socialistas y conservadores han propiciado que se cierre la petición sobre el proyecto de ampliación, sin perjuicio de que se pueda volver a solicitar en el futuro, tal como ha dicho la presidenta de la Comisión de Peticiones, la popular Dolors Montserrat.