El CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, apartado de la gestión del hospital de Torrejón tras los polémicos audios hechos públicos en los que pedía rechazar a pacientes para ganar más, ha remitido un burofax a Compromís por medio del que solicitan una rectificación tras unas acusaciones públicas de representantes del partido. De no producirse, amenazan con una denuncia judicial.
En concreto, el portavoz en las Corts de la coalición valencianista, Joan Baldoví, y el diputado, Carles Esteve, denunciaron el pasado 16 de diciembre en una rueda de prensa que el Gobierno valenciano del PP le había “regalado” a la empresa 107 millones de euros con la revisión al alza del precio que la administración debía pagar a la mercantil entre los años 2020 y 2022 por la gestión de los hospitales y centros de salud públicos de Dénia, Torrevieja y el Elche-Crevillente.
Además, ponían de manifiesto que tras esta operación Ribera Salud adquirió “el Hospital Clínica Benidorm por unos 120 millones de euros, una clínica privada que recibe numerosas derivaciones de hospitales públicos y que está dirigida por el hermano del consejero de Sanidad, Marciano Gómez”, dijeron.
Según la notificación de Gallart, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “en la referida rueda de prensa, y en las publicaciones de su página web de igual fecha, se afirma que Ribera Salud ha recibido como rescate de la Generalitat Valenciana un regalo de 107 millones de euros, al que suman un desfase de 31 millones de euros en el ejercicio 2023, de una información que dicen recibir de algún periódico; cifra esta última que también califican de regalo”.
En todo caso, añade la misiva, “reconocen no haber contrastado tal información, y afirman que esas sumas se han entregado a Ribera Salud para que pueda comprar la clínica del hermano del actual Conseller de Sanidad por 120 millones de euros”. Se afirma también que “la cápita que recibirá Ribera Salud por gestionar el Departamento de Salud de Elx-Crevillent llegará a los 1.066,44 euros por persona, lo que supone una cifra más del doble que la inicial del año 2006, que era de 494,72 euros”.
Para Gallart, “las expresadas manifestaciones dan a entender explícitamente que Ribera Salud ha recibido una prestación que no le era debida y que una Administración ha malversado caudales públicos en ese trato de favor, con la finalidad de que Ribera Salud adquiriese la empresa de un pariente del cargo público responsable del pago de esas sumas a Ribera Salud, atribuyendo a Ribera Salud la participación directa en tales hechos delictivos, para beneficiar los negocios familiares del Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana”.
Tras explicar con detalle cómo se calcula la cápita a fin de argumentar que se trata de un procedimiento basado en variables objetivos y que en ningún caso existe arbitrariedad, Gallart expone: “El aumento que ha experimentado la cápita que cobra nuestra concesionaria es fruto de este aumento del gasto sanitario, el cual se tiene en cuenta a la hora de aplicar la fórmula de actualización de la cápita a la que hemos hecho referencia anteriormente. En este sentido, antes de realizar las manifestaciones aludidas, Uds. deberían haber comprobado que el gasto sanitario valenciano viene evolucionando de una forma similar al gasto consolidado estatal del estado y que, entre otros motivos, esto procede de la tendencia al alza de los gastos de personal, farmacia, tecnología, etc. Así pues, a Ribera Salud no se le ha hecho ningún regalo”.
Así pues, “siendo tan graves como inciertas tales manifestaciones, que atentan al honor y buen nombre de Ribera Salud, les requerimos para que, en el plazo de diez días naturales desde la recepción de esta comunicación, rectifiquen públicamente y se retracten de las mismas, dándole al acto de rectificación la misma difusión que se ha dado a las manifestaciones inveraces, es decir, mediante una rueda de prensa, y la publicación de la rectificación en la página web de Compromís, remitiéndola a los demás medios de comunicación que han recibido su comunicado”. En el supuesto de que tal rectificación no se produzca, “Ribera Salud ejercitará las acciones judiciales, penales y civiles, pertinentes en defensa de su honor, menoscabado deliberadamente sin base en hechos veraces”.
A preguntas de elDiario.es, fuentes de Ribera Salud confirman que ya se están “estudiando las acciones legales, ya que no ha habido rectificación”.
Por su parte, el diputado de Compromís, Carles Esteve, ha comentado que “después de los informes de la Sindicatura de Comptes y el Consell Jurídic Consultiu, queda claro que algo huele mal en esas liquidaciones” y ha considerado que “es mucha casualidad que la Conselleria recalcule los contratos a favor de Ribera Salud por 107 millones y unos meses después, la misma empresa, invierta casi la misma cantidad en comprar la clínica donde trabaja el hermano del conseller”.
Para Esteve, “las amenazas del CEO de Ribera Salud Pablo Gallart son un modus operandi” y ha añadido: “Ya lo hizo el exdirectivo Alberto de Rosa, cuando destapé que había una denuncia del personal del Hospital del Vinalopó por cerrar media planta para ser atendido y acabó retirando la demanda. Ahora es exactamente lo mismo, amenazan para defender su negocio privado cuando señalamos que se regalan recursos públicos a empresas privadas. No voy a dejar de defender la sanidad pública”.