Famílies pel valencià denuncia que cientos de familias se quedan sin plaza en esta lengua pese a cumplir los requisitos
El arranque del proceso de escolarización en la Comunitat Valenciana ha reabierto el debate lingüístico en las aulas. La asociación Famílies pel Valencià denuncia que cientos de familias se están quedando sin posibilidad de escolarizar a sus hijos con el valenciano como lengua base de aprendizaje para el próximo curso, a pesar de haber sido la opción mayoritaria o cumplir con los requisitos que estipula la actual legislación.
La entidad califica de “surrealistas” los desajustes geográficos y de matriculación derivados de los criterios aplicados por la Conselleria de Educación. Según critican, el Gobierno valenciano está configurando las líneas basándose exclusivamente en las elecciones que hicieron las familias el curso anterior en las aulas de 2 años, ignorando la demanda real de los nuevos alumnos que se incorporan por primera vez a los 3 años.
La denuncia detalla varios casos concretos en diversas comarcas donde se han detectado distorsiones en la planificación de los grupos de Infantil, como el CEIP Jaume I de Paiporta, donde pese a que la totalidad de las familias que eligieron este centro como primera opción pidieron el valenciano como lengua base, la conselleria ha establecido un grupo en cada idioma. El resultado, sostienen, es una línea en valenciano al límite de la ratio legal (23 alumnos) y otra en castellano con solo 8 estudiantes, de los que “ninguno había solicitado dicha lengua”.
Otro caso es el CEIP Carraixet de Almàssera, donde de las 29 familias que optaron por este colegio, 27 solicitaron la enseñanza en valenciano. Sin embargo, la administración autonómica también ha decretado una división simétrica de un aula por idioma. O el CEIP Reina Sofia de Petrer, en el que un 23% de las familias (9 de 39) pidió el valenciano como primera lengua base. Sin embargo, el colectivo subraya que Educación no ha abierto ninguna línea en este idioma, a pesar de que el porcentaje supera el umbral del 16,7% que marca la Ley de 'Libertad' Educativa para activar un grupo en centros con tres líneas disponibles.
Por último, se refieren al CEIP Sant Luis de Buñol, situado en una comarca de predominio lingüístico castellanoparlante, 20 familias se decantaron por el valenciano frente a 8 que eligieron el castellano. No obstante, la organización denuncia que inicialmente no se previó la apertura de ninguna unidad en valenciano.
“El objetivo real de la ley es arrinconar el valenciano de las aulas, creando grupos masificados en una lengua y vacíos en otra sin ningún criterio pedagógico que lo sostenga”, lamentan desde Famílies pel Valencià, quienes aseguran haber solicitado una reunión con la conselleria de la que no ha obtenido respuesta.
“Derechos adquiridos” de los estudiantes
El departamento que dirige Carmen Ortí ha salido al paso de las quejas de Famílies pel valencià para aclarar la legalidad del procedimiento y defender los criterios técnicos empleados. La conselleria explica que la confección de los grupos en los centros con aulas de 2 y 3 años integradas se realiza de manera estricta en el primer nivel de escolarización (2 años), “respetando escrupulosamente” los porcentajes idiomáticos solicitados en la primera admisión.
El motivo, según argumenta la Generalitat, responde al principio de seguridad jurídica: “La ley garantiza y respeta la continuidad en el derecho de todos los alumnos a estudiar en la lengua base elegida por sus familias una vez ya están matriculados”, al tiempo que matizan que las preferencias del alumnado que se escolariza más tarde (a los 3 años) “no pueden perjudicar los derechos adquiridos” de los estudiantes que ya forman parte del centro.
No obstante, el Consell abre la puerta a estudiar excepciones y aseguran que, si se detecta que hay familias que se quedan sin plaza en su lengua de preferencia y la demanda es suficiente para constituir un grupo entero viable, se solicitará un informe a la Inspección Educativa para valorar la posibilidad de modificar la lengua base de un grupo, “siempre que no afecte al derecho del resto de alumnos”.
Respecto a las comarcas castellanoparlantes, la conselleria recuerda que la legislación establece de partida las unidades en castellano, pero contempla activar nuevas líneas en valenciano cuando exista una masa crítica de solicitudes. En este sentido, la administración asegura estar estudiando la situación “caso por caso” y confirma que en municipios con la demanda acreditada, como es el caso citado de Buñol, las unidades en valenciano finalmente “se crearán”.
Finalmente, Famílies pel Valencià ha hecho un llamamiento a los afectados para que no acepten las asignaciones por defecto. La entidad ha facilitado modelos de reclamación a las familias y ha animado a las direcciones de los colegios y escuelas a formalizar quejas ante la Inspección Educativa con el fin de exigir “una rectificación inmediata” que garantice el derecho a elegir la lengua base en condiciones de igualdad.