Fernando Washington Belhot Fierro, abogado uruguayo, fue uno de los personajes clave en la presunta trama corrupta liderada por el exministro del PP Eduardo Zaplana. Su despacho en Montevideo se vio salpicado en el 'caso Odebrecht', la mayor trama de corrupción en América Latina. Su nombre salió a la superficie con el estallido del 'caso Lezo' y, especialmente, con su implicación en el 'caso Erial'. “Toda esta situación generada con este procedimiento me afectó reputacionalmente y profesionalmente, la actividad que realizaba estaba basada en la confidencialidad fundamentalmente y en la absoluta tranquilidad de los clientes y a raíz de lo que sucedió la mayoría prefirieron finalizar la relación profesional con nuestro despacho”, explicó durante su declaración por videoconferencia en el juicio mientras que Zaplana observaba con atención la pantalla en la sala y gesticulaba indignado por momentos. “La prensa muchas veces se manifiesta en una forma que no es la más objetiva”, apuntó.
El testigo se presentó como un experto en asesoría fiscal internacional de clientes 'offshore' y en inversiones. Sus actividades, según declaró, se dividían a medias entre el papel de fiduciario y la asesoría fiscal y en materia de inversiones. Belhot, según se desprende de la instrucción del 'caso Erial', mantenía una auténtica 'lavadora internacional', con una estructura societaria que incluía cuentas en Andorra, Panamá o Suiza y empresas pantallas. “Teníamos dos mil y pico sociedades”, dijo este jueves en el juicio.
Tenía una “nota privada” de su “puño y letra” guardada en un “cofre” y dirigida a su entonces esposa con las instrucciones en caso de fallecimiento sobre los tinglados que montó para sus clientes (el documento “decía tal cuenta pertenece a fulano de tal”, precisó). “Para el hipotético caso que a mí me pasara algo y falleciera”, apostilló. “Afortunadamente”, dijo, no fue el caso y Belhot llegó vivo a su declaración en el juicio, una de las más dañinas para la defensa de Eduardo Zaplana.
El despacho también contaba con una “figura muy común en Uruguay”, la de los “directores rentados”, que ejercía, entre otros, un primo suyo. Cada uno de los directores rentados tenían a su cargo unas “50 o 60 sociedades”, de las que ni siquiera sabían a quién pertenecían en realidad. Simplemente se les pagaba un salario mensual para que firmaran “semanalmente” cierta “cantidad de documentos”.
Eduardo Zaplana lo conoció en Madrid en 2009. El uruguayo reconoció que se lo presentó Íñigo Herrera Martínez de Campos, empresario y exdiputado del PP en el Congreso, con el que Belhot mantuvo una “relación más personal que profesional”. El exministro le encargó en un primer momento que se hiciera cargo de optimizar los fondos de su amigo de la infancia y testaferro confeso, Joaquín Barceló 'Pachano'. Sin embargo, Fernando Belhot se dio cuenta de que el dinero escondido en Luxemburgo y Andorra pertenecía en realidad a Zaplana, quien tenía un completo “poder de decisión”.
Eduardo Zaplana (a la derecha) y el blanqueador confeso Fernando Belhot en una imagen captada por la Guardia Civil. UCO
“Siempre pensé que eran fondos no declarados en España, según me manifestó el señor Zaplana”, declaró Belhot. El letrado ofreció al exministro y exdirectivo de Telefónica condiciones óptimas que Uruguay proporcionaba por ley: la “confidencialidad” y “uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo”. Por su parte, Zaplana le presentó a empresarios del Ibex 35 (citó a “Acciona, Gas Natural o Telefónica”) y a políticos españoles.
Tras la intervención de la Banca Privada d'Andorra (BPA), por blanqueo de capitales del crimen organizado, parte de la estructura opaca de Belhot salió a la luz. Zaplana le recomendó un despacho de abogados con el que, posteriormente, cortó “relación”. El exministro incluso se habría comprometido a abonar los gastos jurídicos para “poder limpiar” su “imagen”, según declaró Belhot.
El abogado uruguayo se prestó finalmente a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción después de que el exministro del PP y el resto de presuntos miembros de la trama fueran detenidos en 2018. “Me presenté voluntario en la UCO una sola vez”, dijo en el juicio. Fernando Belhot acabó entregando casi siete millones de euros de Zaplana a la justicia española y confesó los detalles de la trama en una declaración que supuso uno de los mayores quebraderos de cabeza a la defensa de Eduardo Zaplana. “Nunca denuncié a nadie”, añadió en el juicio.
Belhot y el despacho de Enrique Arnaldo, actual magistrado del TC
Fernando Belhot confirmó en el juicio que su bufete uruguayo llegó a un acuerdo con el despacho español Estudios Jurídicos y Procesales SL, del que fue socio Enrique Arnaldo, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. Arnaldo estuvo investigado en el 'caso Palma Arena' (su imputación se archivó por prescripción) y participó en la Fundación FAES.
La defensa de Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana, solicitó que el magistrado declarara como testigo. Sin embargo, Arnaldo adujo que el día de la citación no podía comparecer por motivos de trabajo, por lo que el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València prevé modificar el calendario inicial de declaraciones de testigos.
Belhot explicó que su despacho en Uruguay llegó a acuerdos con varios bufetes en España. “Contactábamos con distintos despachos, a los cuales les ofrecíamos nuestros servicios de constitución de sociedades, hacíamos una especie de asociación por la cual los clientes que aportaban esos despachos, les participábamos una comisión por el servicio que les vendíamos”.
El letrado de Grau le preguntó, específicamente, por la cantidad que facturó al despacho de Arnaldo. “No recuerdo cuánto facturamos, eran muchos los despachos con los que teníamos relación. Ante la prestación de un servicio a un cliente que nos presentaba ese despacho, al despacho le retrocedíamos una comisión”, relató el blanqueador confeso de Zaplana.
Belhot no entró a detallar los trabajos con el bufete y se limitó a enumerar sus servicios: “comisiones por venta de sociedades” o “por asesoramiento en Latinoamérica”. La defensa de Grau insistió aludiendo a la presencia de abogados “muy prestigiosos” en el bufete de Enrique Arnaldo. “¿Actuaba como inversionista o como agente fiduciario?”, le espetó al testigo. Belhot insistió de nuevo: “Como despacho constituíamos sociedades, asesorábamos para inversiones en Latinoamérica, ofrecíamos servicios de actividad profesional en general”.