La Fiscalía del TSJ dice que aún no hay indicios suficientes para imputar a Mazón
El Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) la devolución del procedimiento a la jueza instructora de Catarroja para que siga investigando.
El informe de Ortiz, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que no hay suficientes indicios para imputar al expresident Carlos Mazón, tal como pedía la exposición razonada de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV.
En su informe, la Fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones” o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex President de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.
El Ministerio Público no descarta una eventual responsabilidad penal del expresident de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar” la imputación de Mazón.
El fiscal Ortiz estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, todo ello “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.
No descarta que aparezcan nuevos indicios
Aunque el escrito reconoce las funciones de coordinación del Consell asignadas por ley a Mazón el día de autos, también destaca que en el nivel de emergencia 2, activado la tarde del 29 de octubre de 2024, la “competencia exclusiva” de las emergencias y la protección civil recaía en la entonces consellera Salomé Pradas.
El fiscal superior vislumbra que Mazón pudiera haber dado “instrucciones concretas” a Pradas sobre “el modo de afrontar la emergencia desencadenada”, en cuyo caso “dichas indicaciones o instrucciones hubiesen sido cumplidas”. Por ejemplo, “no adoptar determinadas decisiones” que se barajaban en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) o “retardarlas”.
“Si tales instrucciones se hubiesen producido, ello determinaría, de forma evidente, que el expresident de la Generalitat asumió de forma voluntaria y efectiva el mando al ejercer su poder de decisión por encima de la consellera competente, lo cual estaría dentro de sus atribuciones como máxima autoridad de la Comunidad Autónoma”, afirma el escrito.
Sin embargo, el fiscal considera que en este momento procesal “no existe la certeza de que tales instrucciones o requerimientos hubiesen tenido lugar, si bien no es descartable que dicho panorama probatorio pudiera variar a lo largo de la instrucción”.
Sin mensajes de Mazón con “órdenes o instrucciones”
Ortiz alude a las llamadas telefónicas de Mazón y Pradas y también “conversaciones” de la exconsellera con el jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca, en las que “al parecer, éste le habría trasladado su opinión contraria a la adopción de determinadas medidas que estaban siendo debatidas en el Cecopi”.
“Por el momento”, asegura el informe, “no se han aportado mensajes escritos” en los que Mazón “impartiese órdenes o instrucciones”.
El Ministerio Fiscal no descarta que “se puedan producir declaraciones” (y detalla que “señaladamente por parte de Pradas o Cuenca) o puedan ”aparecer elementos documentales“ que avalen la ”tesis“ de que Mazón hubiera dado ”órdenes o instrucciones concretas“ sobre la gestión de la emergencia de la dana, ”cuya existencia podría implicar la asunción efectiva por su parte de una posición de garante“, apostilla.
La “necesidad de justicia y de reparación”
Por otro lado, el escrito elogia el “encomiable esfuerzo” de la jueza instructora y de su exposición razonada “a fin de esclarecer de forma completa lo acaecido y lograr así una visión global de tan terribles acontecimientos”.
“Para las víctimas de una catástrofe de las dimensiones que nos ocupa, el procedimiento judicial puede ser fundamental no solo para determinar las posibles responsabilidades penales y/o civiles en que hayan incurrido determinadas personas, sino también, y especialísimamente, para lograr el esclarecimiento de la verdad, y la satisfacción —en la medida de lo posible— de la necesidad de justicia y de reparación”, afirma el escrito.
La investigación judicial, agrega el escrito, “es crucial para facilitar el largo camino del cierre emocional y psicológico de los afectados, al convertir el caos, la tragedia y la desolación en unos hechos narrables y verificados”.