El Gobierno valenciano consiguió 1.236 millones más de ingresos en 2017, pero aumentó la deuda en otros 2.530 millones
El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado su informe fiscalizador sobre las cuentas del año 2017 a la vicepresidenta de las Corts, la socialista Carmen Martínez. El síndic detecta un incremento de los ingresos por los tributos transferidos (parte de IVA e IRPF y sucesiones y donaciones, entre otros) de 1.236, 3 millones de euros, que sumados a los 1.375,1 millones de 2016, suman más de 2.600. Cucarella considera un éxito esta mejora de los derechos reconocidos pese al “sistema de financiación autonómica que perjudica a la Comunitat Valenciana.
Este incremento de ingresos en los dos primeros años de presupuestos “puros” del Botànic -pacto entre PSPV, Compromís y Podemos- han tenido que ver con la reforma tributaria impulsada por el conseller Vicent Soler y por la mejora económica y del consumo. Aún así, el síndic advierte que la deuda valenciana continuó creciendo en el año 2017, concretamente en más de 2.530 millones de euros. “La deuda financiera, a 31 de diciembre de 2017, asciende a 45.604,8 millones de euros (en 2016, 43.073,8 millones de euros). De este importe, 37.131,1 millones de euros corresponden a deuda proveniente de los mecanismos estatales de financiación autonómica”, explica el informe de la Sindicatura.
“En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, se muestra un desahorro de 1.368,2 millones de euros, al haberse registrado gastos por 14.535,9 millones de euros e ingresos por 13.167,7 millones de euros”, refleja el informe del síndic. Este dinero es similar al reclamado por la Generalitat, los sindicatos y la patronal como la infrafinanciación anual que sufre la Comunitat Valenciana desde la reforma del sistema de financiación de 2009.
A nivel general, la Sindicatura de Comptes ha detectado varias salvedades, entre ellas que “en los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral (departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, l'Horta Manises y Elx-Crevillent), aún quedan 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o recurridas”. Esto podría generar importantes ingresos o importantes pérdidas, según la contabilización final de estos desfases.
La Sindicatura de Comptes insiste en el informe de 2017 en que sigue habiendo dificultades para estimar de forma razonable las ayudas que la administración adeuda en materia del Plan de Vivienda, “del que aún no se habían aplicado 21 millones de euros a final del año pasado”. “A la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, se observa un defecto de provisión para su cobertura superior a los 87 millones de euros”, explica el síndic en su informe.
Soler valora la inclusión en el presupuesto de los 1.325 millones “reivindicativos”
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se ha congratulado de que el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat Valenciana, correspondiente al ejercicio de 2017, “da un contundente argumento al Consell en su firme reivindicación ante el Gobierno central de una reforma urgente y necesaria del sistema de financiación autonómico, que otorgue a la Comunitat Valenciana un trato de igualdad con el resto de las comunidades autónomas”.
“El Síndic avala la necesidad de los 1.325 millones reivindicativos que la Generalitat consigna en sus prespuestos con el fin de garantizar que los valencianos gocen de los mismos derechos que el resto de ciudadanos”, ha subrayado el responsable de Hacienda, que ha añadido: “Hemos incluido en las cuentas valencianas esa cantidad desde 2016 porque es de justicia que la Comunitat Valenciana pueda disponer de unos ingresos que permitan igualar la media por habitante a la del conjunto de las comunidades autónomas”.
“En el ejercicio 2017 la inclusión de esta partida vino motivada tanto por la situación de infrafinanciación crónica que padece esta Comunitat, y que ha sido reconocida tanto por la Comisión de Expertos de las Corts como por el Comité de Expertos para la reforma de la financiación autonómica creado a nivel estatal, como por la incertidumbre que generaba la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado para ese año no se aprobaran en el plazo habitual”, ha recordado Soler.