El Gobierno valenciano suspende de empleo y sueldo a un funcionario que adjudicó a su mujer una de las VPO de Alicante
La Conselleria de Vivienda ha expedientado y suspendido de empleo y sueldo a un técnico funcionario de la dirección territorial encargado de revisar, tramitar y acreditar que solicitantes de las polémicas viviendas protegidas de Alicante cumplían con todas las condiciones. Tras una investigación minuciosa, desde Vivienda detectaron irregularidades para validar la adjudicación de uno de estos inmuebles a una solicitante que ha resultado su mujer, y además arquitecta del Ayuntamiento de Alicante.
En la tramitación del expediente, el técnico omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia.
Como ha venido informando elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión. Así, a ellos se suma ahora una arquitecta, cuyo marido es funcionario precisamente en el departamento que controla que los adjudicatarios cumplen los requisitos.
El Gobierno valenciano, a la vista de las informaciones publicadas en relación con la adjudicación de las viviendas de protección pública de promoción privada por parte de la Cooperativa Les Naus, ha informado de que está actuando “con rigor y contundencia”.
En esta línea, en primera instancia, fuentes autonómicas han informado de que “la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó informe a la Dirección Territorial sobre la adjudicación de las viviendas, y el día 30 de enero, a primera hora de la mañana, el Secretario Territorial Adjunto de la Dirección Territorial de Vivienda de Alicante emitió un informe” en el que manifiesta: “Se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación, y en particular los previstos en el citado Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana”.
Con el objetivo de verificar que toda la información conocida y que el procedimiento hubiera sido el ajustado a la legislación vigente, así como confirmar que no hubiera existido en ningún caso manipulación por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento, la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó, el mismo día 30 de enero, a la Dirección Territorial un informe detallado sobre todos y cada uno de los expedientes de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa.
El objetivo del informe es comprobar toda la información acreditada por los técnicos, en un procedimiento que está pautado, revisado e instruido por los técnicos funcionarios de la Dirección Territorial, sin que ningún cargo político de la Generalitat intervenga en el mismo, dado que se trata de una cuestión administrativa que debe verificar el personal técnico de la Administración.
Como resultado inicial de la investigación abierta, la propia Dirección Territorial ha informado de una “supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de un técnico funcionario”. La Conselleria, al tener conocimiento de dicha situación, ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo a dicho funcionario público.
Una decisión basada en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo.
Sin embargo, y tras la segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se ha conocido que este funcionario es cónyuge de la solicitante, la mencionada arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia.
“Con toda la información que se vaya recabando, la Conselleria actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas”, han advertido las mismas fuentes.
En este sentido, han comentado que se trata de un caso en el que “un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros”. Es importante subrayar que “en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas”, han asegurado.
“Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control. En concreto, además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación. Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, han finalizado.