La sesión de este miércoles del juicio a Eduardo Zaplana se convirtió en una auténtica guerra abierta entre las defensas a cuenta de los pactos de conformidad suscritos entre cuatro de los acusados y la Fiscalía Anticorrupción. El letrado de Zaplana, el penalista Daniel Campos, arremetió durante la exposición de su informe de conclusiones contra los pactos con el fiscal de Juan Francisco García, exjefe de gabinete del principal acusado; Joaquín Miguel Barceló 'Pachano', testaferro confeso, y los empresarios Vicente y José Cotino. Se trata, a juicio del abogado, de conformidades con “falta de transparencia”, negociadas “casi en la clandestinidad”. “El único interés que había era buscar unas declaraciones que implicaran al señor Zaplana”, afirmó el letrado Daniel Campos, exfiscal anticorrupción.
El ataque a los pactos de conformidad no sentó nada bien entre las defensas del bando que confesó los hechos. Amadeo Pérez Pellicer, el abogado de Pachano, aprovechó para rebatir al letrado de Zaplana, a pesar de que no tenía previsto pronunciarse en la fase de informes de conclusiones: “Parece que estemos aquí ocultando algo. Yo no he ocultado nada”. “Aquí ha habido total transparencia”, afirmó. La defensa del testaferro confeso aseguró que su cliente se limitó a “exponer los hechos que han sucedido”. “¿Qué quería? ¿Que lo publicáramos en los medios?”, le espetó a Campos, que se giró en su silla para mirar directamente a su homónimo. El letrado avaló la declaración del testaferro: “El señor Barceló se ha autoinculpado, lo ha hecho contando la verdad de lo que ha sucedido”.
Sin embargo, la intervención más contundente corrió a cargo del letrado de Juan Francisco García, el penalista David González Wonham, que arremetió sin disimulo contra Eduardo Zaplana a pesar de que tampoco tenía previsto “en absoluto” intervenir en la exposición del informe de conclusiones —“pero hay cosas que no podemos aceptar”, dijo—. “Es mucho más honorable decir lo que realmente ha ocurrido”, afirmó. Su cliente, el exjefe de gabinete de Zaplana, confesó el amaño de la adjudicación de las ITV y el cobro de una mordida en Luxemburgo de la empresa de la familia Cotino. “Lo correcto y lo honorable es admitirlo”, dijo el letrado.
La referencia a la honorabilidad de los acusados que confesaron los hechos para rebajar la pena sentó muy mal a Zaplana, a tenor de sus gestos en el banquillo. No en balde, se trata de un 'Molt Honorable' expresidente de la Generalitat Valenciana. El penalista, que hace tres décadas se dedicó a la política (“en la misma formación” que Zaplana, en referencia al PP valenciano), repitió el concepto de “honorable” casi una decena de veces. González Wonham es el único abogado personado tanto en el 'caso Taula' como en el 'caso Erial' y dijo conocer a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y personaje clave de ambas causas, “desde hace 30 años”.
El expresidente autonómico observaba a su excompañero de partido desde el banquillo con gesto muy serio. “Se equivocó mi cliente aceptando unos dineros que no le correspondían y alterando un procedimiento que debió ser competitivo”, afirmó. El letrado destacó que el exjefe de gabinete de Zaplana confesó “exactamente lo que ha ocurrido”.
La guerra abierta entre las defensas (que el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, contemplaba entretenido tras su demoledor informe de conclusiones de la sesión anterior) reflejó las tremendas tensiones internas en el seno de la presunta trama corrupta liderada por Zaplana. Algunas de las confesiones fueron especialmente sangrantes. Y es que Joaquín Barceló, a quien Zaplana llamaba calurosamente “Pachanito” en las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, era amigo del exministro del PP desde la infancia.
La contienda entre juristas vino precedida por la exposición de las conclusiones de la defensa de Eduardo Zaplana, un alegato a favor de las máximas garantías constitucionales en el proceso penal. El letrado Daniel Campos citó profusamente a Luigi Ferrajoli, uno de los más relevantes teóricos de la filosofía del derecho, y a Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ambos referencias de cabecera del progresismo judicial y defensores a ultranza de las garantías del reo.
Si bien el fiscal anticorrupción elogió a la “moderna” profesionalidad policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —a cargo de las pesquisas del 'caso Erial'— el letrado del principal acusado comparó a los investigadores con sus antecesores del “régimen anterior al 78”. Daniel Campos conoce a los investigadores de la UCO de cuando era fiscal y llevaba causas de narcotráfico o terrorismo, en las que no se usaban “atajos” o “inventos”, dijo. “La policía moderna que promueve el Ministerio Fiscal no es moderna, es súper antigua”, apostilló Campos, quien tildó la declaración de los agentes de la UCO de “absolutamente parcial, tendenciosa y combativa”.
La actuación de la unidad de élite del instituto armado en el 'caso Erial' supuso, a juicio del letrado de Zaplana, “un ejemplo de lo que no se debe hacer”. La defensa del expolítico del PP cuestionó el hallazgo casual de la documentación —los conocidos como 'papeles del sirio'— que propició el inicio de la causa: “Los miembros de la UCO han actuado como han querido, cuando han querido y de la forma que han querido”, lamentó. Eso sí, también elogió —irónicamente— los “gráficos preciosos” de la UCO. “Es todo una invención, no hay ninguna prueba”, agregó antes de tildar la instrucción en su conjunto de “auténtico vacío probatorio”.
También se refirió a la teoría de la conspiración expuesta en el juicio, al unísono, por el excomisario José Manuel Villarejo y el 'yonqui del dinero', según la cual el fallecido Juan Cotino maniobró para quitarse de en medio a Eduardo Zaplana en el contexto de las guerras internas del PP. El letrado reconoció que al principio, cuando Zaplana estaba en prisión provisional en la penitenciaría de Picassent, era escéptico. “Les decía a mis compañeros que el señor Zaplana en la cárcel estaba obsesionado con este tema pero he llegado a la conclusión de que esto es un montaje desde el primer minuto, no se ha buscado la verdad”, relató Campos. Se trata de la segunda teoría de la conspiración impulsada por Eduardo Zaplana desde que era portavoz del PP en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el atentado del 11M.
La defensa del exministro del PP llegó a acusar a la Fiscalía Anticorrupción de llevar a cabo un “verdadero fraude procesal” a “niveles estructuralmente descarados”. También cuestionó ciertos aspectos de las pesquisas de la UCO en relación con los fondos de la presunta trama en la banca andorrana y, especialmente, la condición de testigo (y no de acusado) de Fernando Belhot, el fiduciario uruguayo que aseguró que el 'botín' de casi siete millones de euros que entregó a la justicia española era propiedad de Zaplana aunque estuviera oculto en sociedades 'offshore' a nombre de testaferros.
Objetivo: tumbar el presunto cohecho
El letrado insinuó abiertamente que Belhot, implicado en otras causas de corrupción de mayor enjundia (el 'caso Odebrecht' sin ir más lejos), había entregado ese dinero para que Anticorrupción lo dejara tranquilo: “En mis tiempos de [la Fiscalía] Antidroga recuerdo que era muy frecuente que cuando los narcos sentían el aliento detrás del helicóptero tiraran la droga, no porque fueran filántropos o estuvieran muy comprometidos con la salud pública, la tiraban para librarse de la que se les venía encima”.
Fernando Belhot, testigo clave de la acusación, “sentía el aliento de la justicia andorrana y brasileña que le investigaba”, sostuvo el abogado, quien afirmó que el fiduciario consiguió la “impunidad absoluta” y “salvar parte del dinero” —y “hablamos de millones euros”— entregando a Zaplana en bandeja. “Hace lo que hace porque llega a un acuerdo con el fiscal para conseguir impunidad y salvar el dinero, que era suyo”, afirmó Daniel Campos. “Es obvio que todos los indicios dicen que esto es dinero del señor Belhot”, añadió.
La defensa de Zaplana pidió la absolución del exministro popular y detalló el fondo de su estrategia: tratar de tumbar el presunto delito de cohecho, por el que se acusa al expresidente de la Generalitat Valenciana a modo de “piedra angular de este procedimiento”. “Si no hay cohecho no hay blanqueo, si no hay blanqueo no hay ningún grupo criminal”, afirmó. En definitiva, “si no hay cohecho, no hay nada”.