Una tasa de 5 céntimos a los carburantes para financiar la conservación de los bosques y prevenir incendios
LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha presentado una propuesta pionera para transformar la gestión de los terrenos forestales en España. El documento, titulado Pago por Servicios Ambientales Forestales. Una propuesta para España desde la Comunitat Valenciana, plantea la creación de un sistema público de Pago por Servicios Ambientales (PSA) orientado a compensar económicamente a los titulares de montes, tanto públicos como privados, por las funciones esenciales que sus terrenos prestan al conjunto de la sociedad.
Tradicionalmente, el valor económico de una finca rústica ha dependido de sus aprovechamientos comerciales directos, como la madera, el corcho, los pastos o la caza. Esta iniciativa valenciana rompe con ese esquema tradicional y asigna una valoración económica a beneficios intangibles pero vitales: la absorción de dióxido de carbono, la regulación del ciclo hídrico, la prevención de inundaciones y erosión, la fijación de biodiversidad y la protección frente a grandes incendios. La meta final reside en convertir estas funciones ecosistémicas en una fuente de ingresos estable y en un freno efectivo al abandono del medio rural.
El principal foco de ingresos del proyecto descansa sobre el principio de que quien contamina paga y quien conserva cobra. Para nutrir el sistema, el COBCV propone el establecimiento de un gravamen de 22 euros por cada tonelada de CO₂ emitida por la economía española. Esta tasa supondría un impacto reducido para el consumidor final, estimado en unos 5 céntimos adicionales por litro de gasolina y menos de 6 céntimos por litro de gasóleo.
Las cifras principales que maneja la propuesta sitúan la recaudación anual estimada en 4.800 millones de euros en España. De este montante global, 4.550 millones irían destinados a la transferencia efectiva a montes y ayuntamientos, lo que supone una retribución media anual de 160 euros por hectárea. El 5 % restante de la recaudación se reservaría para cubrir los costes operativos de gestión del sistema.
Dado que más de dos tercios de la superficie forestal en España están en manos privadas, el modelo articularía una inyección masiva de recursos hacia los dueños particulares y las entidades locales. El mecanismo de reparto asigna el 75 % del pago al propietario privado y la cuarta parte restante al ayuntamiento de la localidad donde radique la finca. En el caso de los montes públicos municipales, el municipio percibirá el 100 % de los fondos si asume de forma íntegra su gestión. Para superar la fragmentación del minifundio, el documento fomenta la creación de asociaciones locales agroforestales que agrupen a agricultores, ganaderos, apicultores y selvicultores.
El índice IAPSE y la protección ante incendios
La distribución de los fondos no responderá a un criterio lineal, sino a la aplicación de dos principios clave: la proporcionalidad en función de la calidad ambiental y la condicionalidad al mantenimiento de las estructuras ecológicas. La evaluación del terreno se realizará a través del Índice de Aptitud para la Prestación de Servicios Ecosistémicos (IAPSE), una escala del 0 al 10 que valora cuatro dimensiones concretas: suelo y estructura, en lo que respecta a la cobertura del terreno, altitud y estratificación de la vegetación; la productividad, o cantidad de biomasa y materia orgánica presente en el suelo; la madurez y diversidad, o grado de desarrollo de la vegetación y riqueza de flora y fauna; y la resiliencia o capacidad de respuesta y resistencia del espacio frente a incendios, plagas y contaminantes.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto regula la actuación en caso de siniestro forestal. Si un monte resulta calcinado por un fuego, el propietario mantendrá durante un periodo de tres a cuatro años la asignación económica que percibía antes de la quiebra del ecosistema. Sin embargo, el cobro quedará condicionado a la reinversión íntegra y justificada de las sumas recibidas en labores de restauración del suelo y recuperación de la cubierta vegetal.
Para la administración del fondo, la propuesta diseña la Entidad para la Remuneración de los Servicios Ecosistémicos (ERSE), un organismo público dotado de autonomía técnica frente al Ejecutivo de turno y con la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el poder legislativo. Esta estructura busca blindar el reparto de decisiones políticas discrecionales y otorgar estabilidad jurídica a largo plazo.
Desarrollo en tres etapas
El calendario trazado por el Colegio de Biólogos marca tres etapas diferenciadas: una primera fase autonómica (antes de finalizar 2026), que implica la presentación de la iniciativa en las Corts Valencianes para su debate y fijación de posición institucional; una segunda fase estatal (primer trimestre de 2027), mediante la inclusión de la medida en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática e iniciativa legislativa sobre el gravamen al CO₂; y una tercera y última fase ibérica y estructural (a partir de 2027), que consiste en la puesta en marcha de la entidad ERSE e integración con Portugal en un mercado ibérico de servicios ambientales cuya recaudación conjunta superaría los 5.500 millones de euros anuales.
De salir adelante en las cámaras legislativas, esta iniciativa alteraría la valoración patrimonial del suelo rústico en España. Una finca media de 100 hectáreas en buen estado de conservación podría alcanzar una retribución anual cercana a los 16.000 euros, un flujo recurrente capaz de revalorizar activos rurales que hoy carecen de rentabilidad comercial y de situar la conservación del territorio en el centro de la economía del siglo XXI.