La huelga de 1976

Más allá del atractivo simbólico de los aniversarios redondos, y este ciertamente lo es, recordar ahora lo que para la historia de nuestro país supuso aquel 1976, situado en el gozne crítico entre la dictadura que se resistía a morir y la democracia que pugnaba por nacer, resulta tan justo como necesario no sólo como un deber de memoria sino para hacer frente al revival revisionista de blanqueamiento del franquismo y las renovadas campañas de odio contra la izquierda política y social de ayer y de hoy.

Es lo que, desde la modestia de nuestros medios, intentamos hacer en la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), promovida por Comisiones Obreras, documentando y difundiendo la intervención decisiva del movimiento sindical durante la Transición en defensa de los derechos sociales de los trabajadores y las libertades políticas de todos.

Revisar ahora, desde el rigor crítico, la situación del país al final de la dictadura y la tensión dialéctica entre continuismo, reforma y ruptura que se mantuvo desde la muerte del tirano hasta las primeras elecciones libres, constituye mucho más que un simple ejercicio de nostalgia generacional o de academicismo historiográfico. Se trata, pues, de poner de manifiesto el papel fundamental, del movimiento obrero y popular en la conquista de la democracia, impugnando, a un tiempo, los relatos que sobre aquel proceso se han construido desde perspectivas tanto elitistas como populistas que desprecian, cuando no ignoran, dicha contribución.

La agonía biológica y política del franquismo coincidió con el efecto aplazado de la crisis del petróleo que, en los primeros meses de 1974 multiplicó por cuatro los costes energéticos, golpeando duramente a la economía española, debido tanto a las debilidades estructurales que arrastraba como a la incompetente gestión realizada por el gobierno de Arias Navarro, provocando así una dificultad añadida al proceso de transición democrática.

Pese al desarrollo caótico y desigual de los años sesenta, la española seguía siendo una economía atrasada en relación al contexto europeo, con una renta per cápita de 2.325 dólares al iniciar el año 1976 (poco más de la mitad de la que registraban de media los nueve países que formaban entonces el Mercado Común).

Y es que, como ya denunciara entonces el tercer Informe FOESSA, el crecimiento de la década anterior no se tradujo en una redistribución de la riqueza que compensara el brutal retroceso padecido por las clases populares en los años cuarenta y cincuenta (hasta 1956 no recuperaron los trabajadores el nivel adquisitivo de 1935), pese al coste humano y social del desarraigo derivado de la emigración, tanto interior (3,5 millones de personas abandonaron la España rural hacia la periferia industrial) como exterior (2,1 millones), durante el período 1962-1975, muchos de los cuales se vieron entonces obligados a regresar por efecto de la crisis en los países de destino, lo que supuso aquí un rápido crecimiento del desempleo.

Una política fiscal regresiva (en 1975 el impuesto sobre la renta representaba sólo el 14,3% de los ingresos del estado, cuando la media de la OCDE era ya del 26,4%) y un insuficiente gasto público en protección social (12’3 y 24’7 por cien, respectivamente) reflejaban la naturaleza clasista de la dictadura franquista y explican la brecha de desigualdad que presentaba en el momento de su colapso. Especialmente significativos resultan a este respecto los graves déficits en materia de educación y sanidad públicas que en 1976 recibían sólo el 1,9 y 3,4 por cien, respectivamente, del PIB, valores inferiores en ambos casos a la mitad de la media comunitaria, lo que afectaba sobre todo a las clases populares (más de siete millones de personas no disponían de cobertura sanitaria a cargo de la Seguridad Social).

Por su parte, los empresarios que habían mantenido una relación complaciente con la dictadura restringían ahora la inversión productiva ante la incertidumbre de la situación, mientras repercutían los costes energéticos sobre los precios de mercado, con el consiguiente aumento del paro y la inflación (el IPC empezó el año en el 13,9 y lo terminó en el 19,8 por cien), que amenazaban la seguridad en el empleo y el poder adquisitivo de los ocho millones y medio de trabajadores que formaban la población asalariada del momento y que, pese a las restricciones de una dictadura terminal, venían demostrando una creciente capacidad de protesta y reivindicación.

Entre 1973 y 1975 se registraron, según datos oficiales, una media anual de 2.126 huelgas, con la participación de más de medio millón de trabajadores y millón y medio de jornadas no trabajadas al año.

Este ciclo de protestas, que se prolongará durante hasta finales de la década, se caracterizó por la aparición de nuevos actores (representantes electos, comisiones de trabajadores), sectores (junto a los tradicionales de la industria y la construcción se incorporaban cada vez más profesionales bancarios, docentes, de la sanidad pública…) y formas de acción (asambleas, coordinadoras) vinculadas a la defensa de sus reivindicaciones laborales y a las demandas emergentes de otros movimientos sociales y políticos para la conquista de la democracia.

Especialmente significativa resulta la creciente participación de mujeres trabajadoras en dichos procesos, lo que contribuyó progresivamente a superar su anterior invisibilidad y/o subsidiariedad en las luchas obreras, mediante un protagonismo activo en las huelgas de actividades feminizadas (textil, sanidad, cerámica, limpieza…) y la renovación de la cultura sindical tradicional a la que incorporaban, no sin dificultades y resistencias, valores y demandas feministas.

Aunque el gobierno tardofranquista de Arias Navarro (ratificado entonces por el mismo Rey que ahora se presenta torpemente como hacedor de la democracia) mantuvo su programa continuista y represor, la desaparición del dictador destrabó energías y demandas largamente aplazadas, abriendo una ventana de oportunidad que desencadenó el proceso de cambio en el que la lucha obrera alcanzará un importante protagonismo.

Tal era el contexto en que se planteaba la necesaria renovación de más de 2.000 convenios colectivos a principio de aquel año, condicionada además por la devaluación monetaria y congelación salarial impuestas por decreto del gobierno Arias unos meses antes y la pervivencia de una legislación antisindical y represiva contra el movimiento obrero, cuya capacidad de resistencia quedó, pese a todo, acreditada por el triunfo de las candidaturas unitarias y democráticas en las últimas elecciones a enlaces y jurados de empresa, celebradas entre junio y octubre de 1975, como titulara gráficamente una semanario de la época (“Hemos ganao el equipo colorao!”).

Aquella fue la demostración práctica de la estrategia entrista hábilmente desarrollada por Comisiones Obreras y dirigida a forzar los límites del Sindicato Vertical para impulsar, desde sus estructuras de representación formal, la coordinación organizativa y potencial movilizador de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva que se inició a principio de 1976 y durante el que se alcanzarían los mayores niveles de conflictividad laboral jamás registrados en nuestro país, con importantes efectos tanto sociales como políticos.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo, aquel año se registraron 3.662 conflictos colectivos de carácter laboral, con la participación directa de 3.689.900 trabajadores en huelgas de duración desigual que en cómputo global superaron los 13,7 millones de jornadas no trabajadas, con un notable impacto tanto laboral como sociopolítico que analizaremos con detalle en entregas posteriores de este blog.

Será, pues, la presión social “desde abajo”, ejercida por el movimiento obrero, en confluencia creciente con la oposición política unida (constitución de la Platajunta en marzo de 1976) y las reivindicaciones de carácter vecinal, estudiantil y profesional, la que resultará determinante para desbaratar primero las maniobras continuistas (Arias), acelerar más tarde las reformas (Suárez) y llegar, en apenas año y medio, a las primeras elecciones libres desde la época de la República.

Y es ahora, cuando se cumple medio siglo de aquel proceso fundacional de nuestra democracia cuando creemos justo y necesario reivindicar la memoria, individual y colectiva, de quienes con su participación en el movimiento obrero y sindical lo hicieron posible, impugnando con ello el relato elitista de la Transición.