El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, el magistrado José Manuel Ortega, ha apostado en el acto de toma de posesión por “depurar las responsabilidades” de la dana del pasado 29 de octubre “en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas”. El discurso, expresado en su primera parte en valenciano, ha dado cuenta de un cierto compromiso con la realidad de la justicia y de la sociedad valenciana actual.
Ortega, presidente de la sección segunda y reconocido magistrado de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (a cuyos miembros ha reconocido el “impagable espacio para la amistad”), también ha anhelado que los “miles de afectados” por la catástrofe “sientan atendidas sus necesidades” y “garantizar que la tragedia no se traduzca en una justicia más lenta”.
Aunque no se ha nombrado explícitamente a la jueza instructora de la causa de la dana, su papel y los ataques que ha recibido han sobrevolado el discurso del presidente de la Audiencia de Valencia. “Cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede los anchos límites de lo admisible”, ha afirmado José Manuel Ortega.
También ha advertido: “Estaré atento para señalar aquellas ocasiones en las que la crítica legítima se vea suplantada por intereses burdos de incidir en la actividad judicial mediante estrategias distractoras, hiperbólicas o desleales”.
Ortega, con casi 37 años en la carrera judicial a sus espaldas, ha estado apadrinado por su compañero de la sección segunda Salvador Camarena Grau y por Luis Manglano, el primer juez que investigó la financiación ilegal del PP —hace más de tres décadas— y actualmente magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
“Medidas urgentes” ante el aumento del volumen de trabajo
El magistrado ha recordado que el volumen de trabajo de la Audiencia de Valencia ha crecido de manera constante en los últimos años y ha reivindicado “medidas urgentes”, tanto coyunturales como estructurales, “para mejorar los plazos de respuesta y su calidad”.
Por otro lado, ha dicho que es “preciso” mantener las medidas de refuerzo de las secciones civiles. También ha sugerido la necesidad de crear una nueva sección civil.
En el ámbito penal, según ha recordado, en apenas dos años se ha pasado de 850 a más de un millar de procedimientos para enjuiciar, “con tasas de congestión que provocan retrasos significativos en la celebración de los juicios orales”. También ha lamentado la tendencia al incremento progresivo de la carga de trabajo y la pendencia.