Empatizar vs malmeter
Que el odio conduce al enfrentamiento violento es una evidencia, las noticias lo muestran diariamente, por desgracia. Ese potente sentimiento que acumula encono y miedo crea el caldo de cultivo que facilita el enfrentamiento más mortífero, la guerra, que deshumaniza al adversario, refuerza la identidad colectiva hostil, “justifica” las represalias más sangrientas y todo gracias a los liderazgos y movimientos que amplifican el odio mediante discursos y propagandas polarizadas que pretenden legitimar el conflicto.
Y si se consigue que la población perciba al “enemigo” como una amenaza, de una manera u otra, o bien lo apoyará o callará. Además, es un recurso infalible para silenciar las divisiones internas y la pérdida de legitimidad o, por lo menos, pretender reducirlas, presentando el enfrentamiento como un “mal necesario”. Son patrones bien conocidos: se define al “enemigo” como responsable de amenazas, se transforma una situación compleja en una narrativa simple y se presenta al “enemigo” como peligroso, corrupto, y el relato se resume en: ellos son los peligrosos y debemos actuar para defendernos, es una defensa legítima, una misión moral, un deber patriótico.
Pero, no nos engañemos, el odio no es siempre la única causa de los conflictos: la ambición territorial y de recursos, los intereses geopolíticos, las crisis económicas y la ambición de poder de los líderes son factores estructurales que empujan al enfrentamiento.
El odio solo facilita las guerras, las intensifica y las hace más brutales.
En qué estamos aquí y ahora. Nos debemos regir por el derecho internacional de los derechos humanos y, en caso de conflicto, por el derecho internacional humanitario, las llamadas “leyes de la guerra”, nacidas a raíz de los Convenios de Ginebra.
Que nuestro país es extraordinariamente solidario lo sabemos de sobra. Hemos demostrado mil veces que nuestra prioridad es siempre la protección de la población civil.
El acogimiento de personas que huyen de las guerras, la Dana en la Comunidad Valenciana, la catástrofe de los trenes en Adamuz, las inundaciones en Andalucía lo han demostrado con creces en los últimos tiempos. Miles de personas tienen una extraordinaria capacidad de compartir el sufrimiento de sus semejantes en eventos extremos y actuar en consecuencia, volcándose en ayudar con los medios de los que dispongan.
¿Cómo no emocionarse todavía con las imágenes del Puente de la Solidaridad en Valencia o con la humanidad de los habitantes de Adamuz lanzándose a rescatar heridos entre el amasijo de hierros de lo que fueron unos vagones o con el ofrecimiento de los vecinos de Ronda de sus casas a las personas desalojadas de Grazalema? Sí, nos seguimos emocionando, experimentamos una alteración afectiva ante esas imágenes, una emoción intensa.
Y eso ocurre porque empatizamos conectando emocionalmente, éticamente y cognitivamente con las experiencias que esas personas han sufrido.
Pero, ¿cómo puede ser, sin embargo, que personas cobardemente anónimas se lancen a propagar informaciones falsas haciéndolas pasar por verdaderas en redes sociales, mensajería (WhatsApp, Telegram), medios digitales o incluso boca a boca? ¿Por manipulación política? ¿Por simple estupidez? Las deepfake cobran protagonismo, imágenes, videos y/o audios editados o generados mediante IA mostrando personas reales o inexistentes para promover desinformación y discursos de odio. Lo que cuenta es la guerra del relato, la lucha por controlar la narrativa interesada con el fin de influir cognitivamente en la percepción pública para justificar acciones, ganar alianzas y debilitar al adversario.
La verdad es la primera víctima en esta guerra del relato.
Las tecnologías facilitan el camino a la violencia de los discursos nocivos. Las empresas de las redes sociales no ponen empeño en salvaguardar a las personas más vulnerables ya que priorizan la viralización.
La violencia digital contra las mujeres está en auge, activistas, periodistas y actrices sufren acoso y amenazas por ejercer en sus intervenciones su derecho a la libertad de expresión, por denunciar la violencia machista, por luchar contra la desinformación y desenmascarar bulos ¿Por qué no se actúa contra esta lacra tan peligrosa? Amnistía Internacional lo ha visibilizado en el último 8M con el lema: “Juntas contra el odio. Ni un paso atrás”.
Es indigno el lanzamiento de mensajes alarmistas, videos, fotos y datos manipulados o antiguos, citas inventadas, falsas alertas, apelación a la urgencia… y culpabilidad infundada. Qué gran baza para conseguir propósitos oscuros.
Las consecuencias son graves, siembren el miedo y la animadversión. Y esto sí es peligroso. Porque cuando se hace por ignorancia, en fin… pero cuando el odio empuja a la acción con una intención malvada tiene un nombre, delito de odio.
Valga un ejemplo. En un artículo de J.Á. Sánchez en El Salto Diario de 28 de enero se nos expone cómo la fiscal Susana Gisbert Grifo, especializada en delitos de odio, fue víctima de amenazas en sus redes. La fiscal considera la urgencia de crear un estatuto específico para las víctimas de estos delitos y reclama que el nivel de protección sea equivalente a las de violencia de género.
La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado nació en julio de 2023 y, aunque su objetivo es garantizar una respuesta jurídica eficaz, homogénea y especializada para afrontar la investigación, persecución y sanción de los delitos de odio, conforme a los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuación y protección de los derechos fundamentales, en realidad, el discurso de odio en sí mismo no es considerado delito ya que tiene que acreditarse que incite al odio, que se difunda y unos motivos que sean la causa. Por eso hay tan pocas condenas por discursos de odio.
Y ahora que entramos en el segundo trimestre del año, y que todavía deberían durar los buenos propósitos – no solo a nivel particular sino a nivel de Estado – sería hora de que se tramitara el Pacto de Estado frente a los discursos de odio, la herramienta para protección sobre todo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo proclamaron las entidades impulsoras del Pacto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Este Pacto tuvo su origen en 2023, con la firma del Pacto Social contra los Discursos de Odio, discursos que son la antesala de los delitos de odio.
Mientras, en Madrid tuvo lugar el 11 de marzo el I Foro contra el Odio que reunió a especialistas y representantes de las principales plataformas de redes sociales con el fin de reflexionar sobre el aumento de la desinformación, el acoso digital y los riesgos de la IA. En el foro se ha presentado la herramienta Huella del Odio y la Polarización (HODIO) para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales generando un ranking público y transparente que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. La herramienta elaborará un informe semestral que incluirá un ranking para seguir la evolución de cada red social.
¿Servirá para poner freno a la violencia en los medios? ¿Mitigará sus efectos? ¿Evitará en alguna medida que esa violencia verbal degenere en violencia física?
Porque es evidente que los infames discursos de odio no solo se quedan en palabras, sino que están en el origen de violencia y discriminación que violan los derechos humanos de las personas o grupos hacia los que se dirigen declaraciones abyectas.
Dos años llevan ya trabajando con las Administraciones del Estado y todavía no se ha presentado el informe de conclusiones ante la subcomisión sin el cual no puede iniciarse la negociación parlamentaria para que el Pacto sea una realidad.
El Pleno del Congreso aprobó una prórroga de seis meses para los trabajos de la subcomisión. La fase de elaboración y consenso del texto del Pacto continuará hasta, al menos, mediados de 2026. Veremos qué pasa después de esos seis meses porque, una vez concluido el informe de la Subcomisión, los grupos parlamentarios negociarían un texto, proceso que puede llevar meses. Después vendrá el debate, enmiendas y votación. Y dependiendo de la naturaleza jurídica del pacto (acuerdo institucional vs. proposición de ley), puede requerirse el paso por el Senado.
Una de las principales razones por las que la tramitación formal del Pacto de Estado no se ha concluido es la ausencia de un consenso político amplio entre partidos que permitiría su elevación a proyecto de ley o acuerdo legislativo formal en el Congreso de los Diputados. Como siempre las discrepancias partidistas empantanan hasta las mejores iniciativas.
Dicho lo cual, no estaría de más recordar qué se entiende por discurso de odio, infracciones penales motivadas por prejuicios o discriminación hacia una persona o grupo por su origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, sexo, discapacidad, ideología o cualquier circunstancia personal o social.
Por lo tanto, el Pacto debe apoyarse en el Código Penal y la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
El discurso de odio nunca es gratuito, persigue un fin: deshumanizar, degradar, llamar a la violencia… a base de generalizaciones que atribuyen conductas negativas a un colectivo que “justificarían” la discriminación.
El Parlamento Europeo acogió el 2 y 3 de febrero una cumbre ultra, la VII Cumbre Transatlántica, auspiciada por el eurogrupo Patriots y organizada por Political Network for Values. El título de la cumbre fue “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”. Es evidente que el objetivo de dicha cumbre fue atacar los principios de la Unión Europea, al sistema democrático e incentivar el odio utilizando la libertad de expresión como tapadera.
Las personas o grupos que practican el discurso de odio suelen apoyarse en la libertad de expresión, derecho fundamental que protege la manifestación de ideas, opiniones e información, incluso cuando son controvertidas, impopulares u ofensivas.
Pero, cuidado, la libertad de expresión nunca es absoluta, permite el debate, protege ideas sin incitar ni legitimar la discriminación, no busca un perjuicio social, ni negar los derechos civiles a un colectivo, ni promover estereotipos degradantes.
La frontera entre libertad de expresión y delito de odio se encuentra en el contenido (si se incita a dañar o excluir), en la intención (expresar ideas vs. promover hostilidad) y en el impacto (capacidad para causar daño).
La línea roja – ahora que está tan de moda esta expresión - se cruza cuando el discurso deja de ser un debate de ideas y se convierte en ataque a personas por lo que son. Por la nacionalidad, por las creencias, por la orientación sexual, por el origen racial o étnico, por las simples circunstancias personales o sociales.
Todas las personas que utilizan en discurso de odio son responsables de culpabilizar a comunidades enteras con respuestas impulsivas.
Y esa línea roja nunca debería cruzarse.
Es indispensable informarse en fuentes confiables, pero no quedarse ahí, la empatía bien entendida apoya iniciativas y acciones que promueven la cooperación, porque ¿cómo me sentiría si me ocurriera a mí y a mis seres queridos?